La Corte encontró que la Unidad para las Víctimas vulneró el derecho a la reparación integral puesto que desconoció su deber de debida diligencia y no le brindó información clara, precisa, confiable y actualizada a la accionante sobre el procedimiento y los medios de acceso a la indemnización ordenada judicialmente a su favor en el marco de la Ley de Justicia y Paz, por su condición de víctima del conflicto armado.

La Sala concluyó que la Unidad para las Víctimas debe brindarle a la accionante una nueva respuesta que precise los elementos mínimos necesarios para ofrecer información clara, transparente, completa, confiable y actualizada sobre el procedimiento y los medios de acceso a la indemnización judicial que fue ordenada a su favor, incluyendo el lugar que ocupa en la lista de priorización para el desembolso y la fecha aproximada de pago. Además, debe adelantar la gestión necesaria para garantizar la reparación de la accionante conforme al criterio de priorización aplicado, es decir, teniendo en cuenta sus circunstancias de vulnerabilidad, toda vez que cuenta con más de 68 años.

Si bien la Corte encontró que la UARIV no cuenta con un plan específico para culminar el pago de las indemnizaciones judiciales que se encuentran pendientes distinto del procedimiento que actualmente aplica y tampoco le es posible contemplar un término preciso para determinar la fecha de los pagos pendientes a las víctimas, considera que la falta de recursos no justifica la ausencia de claridad y transparencia en la información que brinda a las víctimas, por muy desalentadora que pueda resultar la realidad.

Para la Sala está claro que, aunque existen limitaciones de recursos y el nivel de dificultad que supone indemnizar un volumen de víctimas como las que existen en el país, resulta inadmisible que las personas que tienen derecho a una indemnización permanezcan en el nivel de incertidumbre al que las somete la UARIV.
Por lo anterior, la Corte considera necesario que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, fije reglas de juego claras y transparentes acerca de las condiciones de modo y tiempo bajo las cuales las víctimas recibirán la indemnización que legalmente les corresponde, con independencia del origen de su derecho.

En ese sentido, la Sala le ordenó a la Unidad para las Víctimas que en seis meses diseñe y ponga en marcha un plan de transparencia sobre las indemnizaciones a las víctimas del conflicto, incluidas las ordenadas por vía judicial. Este plan deberá publicarse al menos anualmente, estar disponible en la página web de la entidad y actualizarse semestralmente. 

En el caso concreto, le ordenó a la UARIV ofrecer a la accionante información clara, precisa y actualizada sobre el estado de su trámite. De otro lado, le ordenó que en seis meses identifique casos similares a los de la accionante es decir que: (i) han presentado una solicitud de indemnización ante la Unidad para las Víctimas; (ii) tienen derecho a la indemnización en virtud de una orden judicial emitida en el marco de la Ley de Justicia y Paz dentro de una sentencia debidamente ejecutoriada; y (iii) la UARIV ha verificado la insuficiencia de recursos propios –es decir, aportados por los exparamilitares postulados de Justicia y Paz– para cubrir el monto del pago ordenado judicialmente, de manera que deben ser indemnizados subsidiariamente por el Estado.

Con respecto a estos casos la UARIV deberá precisar (iv) cuáles deben ser priorizados por cumplir con criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, respecto de estos últimos, la UARIV deberá (v) proporcionarles información precisa, clara, completa y actualizada sobre el estado de su indemnización.

El plan deberá publicarse al menos anualmente, estar disponible en la página web de la entidad y actualizarse semestralmente.

La Corte hizo un llamado a la directora de la Unidad para las Víctimas para que genere lineamientos internos dirigidos a aclarar que las indemnizaciones judiciales que deban pagarse en ejercicio del principio desubsidiariedad no cambian por ese motivo su naturaleza. Es decir, que no por esa razón, se convierten en indemnizaciones administrativas.

La Corte estudió la tutela que presentó una víctima de Ramón María Isaza Arango, comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.