Uno de los aspectos clave de esta ley es el artículo 40, que trata el tema del "traslado por protección". Este artículo establece las circunstancias en las que la Policía Nacional puede trasladar a una persona por razones de seguridad. Sin embargo, los demandantes argumentaron que algunas partes de esta disposición eran vagas e imprecisas, lo que podría llevar a un uso excesivo de la discreción por parte de la Policía y, en última instancia, a una restricción desproporcionada de la libertad personal.

La Corte Constitucional decidió declarar la exequibilidad condicionada de la expresión "sin que en ningún caso sea mayor a 12 horas" en el artículo 40. Esto significa que el período máximo de duración de la medida de traslado por protección comenzará a contabilizarse a partir del momento en que la Policía Nacional asume la custodia de la persona.

Además, la Corte ha decidido declarar inexequible la expresión "aparente estar" en la disposición que hace referencia al estado de alteración mental que podría justificar el traslado por protección. Esto se debe a que esta expresión permitía un alto grado de discrecionalidad y vaguedad en la interpretación de las circunstancias que justifican la medida.

En otras decisiones relacionadas con esta ley, la Corte también ha reafirmado su posición en sentencias anteriores, incluida la Sentencia C-406 de 2022, que establece las condiciones bajo las cuales la Policía Nacional puede acceder a los circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada.