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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - ante la culpa al modificar el servicio de público a particular de vehículo automotor, por la empresa de transporte público de pasajeros. Legitimación, consentimiento y trámite para mutar el servicio de público a particular. Interpretación de la demanda: pese a invocarse en la demanda la pretensión de responsabilidad extracontractual se decide como contractual. El juez del Estado Constitucional no es un observador impávido frente al litigio propuesto al Estado, sino el reflejo vivo del derecho. Irregularidad contenida en el formulario único nacional. Las nociones de daño y perjuicio no son sinónimas propiamente, sino complementarias. La prueba de los perjuicios por el juramento estimatorio del artículo 211 del CPC, con la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010. Aspectos a tener en cuenta en la estimación del lucro cesante.LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

 

Magistrado Ponente

SC5193-2020

Radicación: 11001-31-03-023-2012-00057-01

Aprobado en Sala virtual de veintinueve de octubre de dos mil veinte

 

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020)

 

Se decide el recurso de casación que interpuso Zoilo José Pulido Guamán contra la sentencia de 16 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso incoado por el recurrente contra la sociedad Autoboy S.A.

 

 

1. ANTECEDENTES

 

1.1. Petitum. El actor solicitó declarar responsable extracontractualmente a la interpelada, por desvincular de su capacidad transportadora un automotor. Como consecuencia, condenarla a pagar los perjuicios causados.

 

1.2. Causa petendi. El demandante era propietario del vehículo de placas SOJ 543. En mayo de 1990, lo afilió a la empresa convocada para prestar el servicio público colectivo de transporte en el corredor Bogotá-Soacha.

 

El 20 de junio de 1995, la accionada avaló ante la Dirección de Tránsito y Transporte de Soacha, la solicitud de Cristo Armando Castro Guiza del cambio de servicio público a particular. La gravedad del asunto radicó en que el pretensor, como propietario, nunca elevó tal petición.

 

La Fiscalía 37 Seccional de dicha localidad, mediante providencia de 17 de julio de 2001, ordenó cancelar esa mutación. Encontró que el trámite había tenido como fundamento documentos espurios.

 

Las peticiones subsiguientes, elevadas a fin de obtener la Tarjeta de Operaciones, fueron rehusadas. Solo mediante una acción de tutela fue posible obtener respuesta. Y en 2011, finalmente, se expidió dicho documento. En el interregno fue imposible explotar económicamente el rodante.

 

1.3. La réplica. La convocada se opuso a las pretensiones. Adujo que el 5 de mayo de 1990, el actor enajenó el colectivo a Cristo Armando Castro Guiza. El contacto de la empresa con el nuevo propietario persistió hasta 1995, época en la cual manifestó el deseo de transformar el servicio de público a particular.

 

Agregó que la compraventa entre Zoilo José Pulido Guamán y Cristo Armando Castro Guiza, al parecer, fue incumplida. El traspaso, por tanto, no se realizó. Y la tarjeta de operación se negó ante la inexistencia de alguna relación con el actor. No obstante, ante su insistencia, el 2 de mayo de 2011, se firmó una nueva vinculación.

 

El rodante, aclaró, no lo desvinculó Autoboy S.A. Se trataba de una potestad del Ministerio de Transporte, mediante resolución motivada y previo traslado al propietario. Tampoco participó en la supuesta maniobra fraudulenta y nunca se enteró de la investigación.

 

Por último, formuló las excepciones de inexistencia de responsabilidad, falta de causa y prescripción contractual.

 

1.4. El fallo de primer grado. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, el 28 de noviembre de 2014, desvirtuó el medio extintivo y declaró responsable contractualmente a la demandada. Como consecuencia, la condenó a pagar los perjuicios irrogados.

 

1.5. La segunda instancia. Revocó la anterior decisión y negó las pretensiones, al resolver el recurso de apelación elevado por ambas partes.

 

 

 

 

 

2. RAZONES DEL TRIBUNAL

 

2.1. El actor carecía de legitimación para demandar. La vinculación del automotor involucrado guardaba estrecha relación con la adquisición del cupo. Y la negociación al respecto ocurrió el 6 de abril de 1990, pero entre la demandada y Cristo Armando Castro Guiza.

 

La enajenación del vehículo por Zoilo José Pulido Guamán a Cristo Armando Castro Guiza y la cláusula de reserva de dominio, según contrato celebrado el 5 de mayo de 1990, carecían de total relevancia. Lo trascendente era la vinculación. De ahí que la compraventa y el supuesto incumplimiento ningún papel jugaban.

 

El pago del cupo por el accionante, derivado del acuerdo ajustado entre Cristo Armando Castro Guiza y Autoboy S.A., no le confería a aquél, per se, la calidad de parte en esa relación. Y el cambio de servicio público a particular y su cancelación ordenada por la Fiscalía, tampoco implicaba responsabilidad. La modificación y desvinculación, en efecto, provenía de Cristo Armando Castro Guiza y no de la convocada. Además, copia de la decisión penal solo fue remitida al Ministerio de Transporte.

 

2.2. Si lo anterior fuera poco, en la hipótesis de los perjuicios, éstos no podían extenderse en la forma solicitada. En el certificado de tradición del automotor aparecía que el 24 de enero de 2001, el demandante transfirió el dominio a Jonny Alexander Tovar Nivia. El nuevo dueño lo afilió a Socotrans Limitada y explotó económicamente. Por su parte, Zoilo José Pulido Guamán, el 14 de junio de 2009, readquiere la propiedad. Y el 15 de septiembre y 17 de noviembre de 2011, en su orden, cedió el cupo y enajenó el vehículo a José David Díaz Salamanca.

 

2.3. En suma, el Tribunal, ante la falta de legitimación activa, infirmó el fallo condenatorio.

 

 

3. LA DEMANDA DE CASACIÓN

 

Tres cargos fueron propuestos por el demandante recurrente, sin réplica de la otra parte. El último encauzado por violación directa de la ley sustancial y los dos primeros fundados en la comisión de errores de hecho probatorios. Sustanciados bajo la égida del Código General del Proceso, la Corte limitará el estudio al embate segundo por derribar en su totalidad el fallo impugnado.

 

3.1. CARGO SEGUNDO

 

3.1.1. Acusa la infracción indirecta de las normas 1568, 1613, 1614, 2341, 2344 del Código Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998.

 

3.1.2. La censura precisa que, en el poder, la demanda, el escrito de subsanación y la respuesta de las excepciones, se atribuyó responsabilidad extracontractual. El Tribunal, empero, «pasó por alto el examen de la misma».

 

3.1.3. El juzgador igualmente no analizó las pruebas, demostrativas de esa clase de responsabilidad.

 

3.1.3.1. La misiva de 20 de junio de 1995, donde Autoboy S.A. solicitó al Director de Tránsito y Transporte de Soacha el «cambio de servicio» del vehículo.

 

3.1.3.2. Las afirmaciones allí contenidas. El contrato de vinculación con Cristo Armando Castro Guiza. La compra del automotor por este último a Zoilo José Pulido Guamán, sin traspaso por «problemas de orden judicial». La «obligatoriedad» de realizar dicho traspaso. La tramitación por el adquirente, ante el Ministerio de Transporte, del cambio del servicio. Y la indicación de tener que conservar la «propiedad tal como aparece en ese despacho».

 

3.1.3.3. El certificado de 28 de enero de 2001, expedido por la demandada acerca de la afiliación del carro «hasta junio de 1995».

 

3.1.3.4. La constancia de 5 de junio de 1995, emanada de la misma convocada, contentiva del paz y salvo del automotor, así como su expedición a solicitud del interesado para «cambio de servicio público a particular».

 

3.1.3.5. El oficio del Ministerio de Transporte sobre varios aspectos. La afiliación del vehículo a Autoboy S.A., el 6 de abril de 1990. La expedición de la tarjeta de operaciones. La desvinculación el 26 de mayo de 1995, y la consecuente cancelación de esa tarjeta de operaciones.

 

3.1.3.6. La Resolución de 17 de junio de 2001, proferida por la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 37 Seccional de Soacha, ordenando cancelar el cambio de servicio a particular y retrotraer las cosas al estado anterior. La razón, el formulario único nacional «en modo alguno fue signado por el señor Pulido Guamán».

 

3.1.3.7. El oficio 539 de 25 de julio de 2001, librado para cumplir la decisión precedente y la advertencia de tener que figurar «como servicio público mas no particular».

 

3.1.3.8. La certificación expedida por Autoboy S.A., el 5 de junio de 1995, indicando que el propietario del colectivo era Cristo Armando Castro Guiza. Esto, para poder hacer el cambio de «servicio público a privado».

 

3.1.3.9. Las confesiones en la réplica de la demanda. La vinculación del rodante, desde mayo de 1990, y el rol de propietario de Castro Guiza, hasta 1995, cuando decidió «convertir su vehículo en servicio particular». La petición de ese cambio. La compraventa de marras y el incumplimiento del adquirente. Y el conocimiento de lo decidido por la Fiscalía de reversar la mutación realizada.

 

3.1.3.10. Por último, el certificado de tradición del automotor, demostrativo del dominio en cabeza de Zoilo José Pulido Guamán «desde el 16/07/1991 al 01/23/2001 y del 04/06/2009 al 11/16/2001 (sic.)».

 

3.1.4. Según el recurrente, los errores de hecho identificados llevaron al Tribunal a omitir el estudio de la «culpa configurada por fuera del contrato».

 

Por lo mismo, a no dejar probada la responsabilidad extracontractual aducida en la demanda. Nótese cómo, dice, la interpelada y Cristo Armando Castro Guiza, «a espaldas» de Zoilo José Pulido Guamán, «se aliaron, proyectaron y ejecutaron» hechos para despojarlo de su derecho.

 

3.1.5. Concluye, en consecuencia, que debe condenarse al pago de los perjuicios causados «por no haber podido seguir explotando económicamente el automotor».

 

 

3.2. CONSIDERACIONES

 

3.2.1. El escrito incoativo del proceso fue inadmitido para que se precisara el tipo de responsabilidad pretendida. En el nuevo poder allegado se indicó que se trataba de la «extracontractual». En la demanda integrada el mismo pronunciamiento se hizo. Y en el memorial de réplica de las excepciones, a propósito de la nominada como inexistencia de alguna relación «contractual», precisamente, se opuso la «responsabilidad civil extracontractual».

 

La sentencia ahora impugnada ninguna referencia explícita hizo a esa distinción. El estudio de la apelación se adentró en el ámbito de los contratos. Se encontró que el convenio de vinculación del automotor se había celebrado entre la sociedad transportadora y Cristo Armando Castro Guiza, y no con Zoilo José Pulido Guamán. Por esto, el fallo condenatorio de primera instancia, fundado también en la responsabilidad contractual, fue abatido en su totalidad.

 

Como se observa, el contorno del litigio el ad-quem lo subsumió en el terreno negocial. Del mismo modo, para nada le interesó la caracterización de la responsabilidad efectuada por el propio demandante. No obstante, identificar como causa de la desafiliación el cambio de servicio de público a particular y fijar que la modificación de esa situación fue reversada por la autoridad penal.

 

3.2.2. La apreciación del libelo incoativo del litigio es estricta y limitada. El artículo 42, numeral 5º del Código General del Proceso obliga a hacerlo, en dirección de resolver el fondo del asunto, en un marco donde se respete el «derecho de contradicción y el principio de congruencia».

 

El canon 281, ibídem, establece que la «sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».

 

Significa lo dicho que los confines del litigio lo demarcan las partes. El problema surge cuando el juez los desborda o malinterpreta. Si los extralimita, incurre en incongruencia objetiva (atinente al petitum) o fáctica (relacionada con la causa petendi). Y si los tergiversa, en error de hecho al apreciar la demanda o su contestación.

 

La subsunción normativa de esos parámetros, por su parte, es tarea exclusiva del juzgador. Esto explica las razones por las cuales los errores de adjetivación en que incurran las partes, inclusive su omisión, para nada inciden en la definición del litigio. En sentir de la Corte, el «(…) tipo de juez técnico que reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (…), le impone el deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunción»1.

 

Así lo guían los principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” e “iura novit curia”. Por su virtud, los vacíos de adecuación típica o la equivocación de las partes al respecto, deben ser colmados o corregidos por los jueces. Precisamente, por ser estos, no los litigantes, quienes están llamados a definir el derecho en el caso controvertido.

 

En cambio, los errores de los juzgadores acerca de la calificación de las cuestiones consonantes y de los hechos fijados en forma acertada, son bien distintos. La polémica no sería de incongruencia ni de apreciación de la demanda o de su contestación. Envolvería problemas de pertinencia normativa, aplicación o inaplicación, o interpretativa. Por ejemplo, declarar una responsabilidad contractual con fundamento en hechos afines a la extracontractual.

 

3.2.3. El trabajo de calificación normativa no tendría inconveniente frente a un cuadro litigioso suficientemente claro. La dificultad devendría cuando subsiste una oscuridad absoluta o es apenas confusa. Si es indescifrable por completo, con repercusión en las garantías de defensa y contradicción, cualquier esfuerzo por auscultarlo resultaría en vano. Si solo es ininteligible en un escenario donde esos derechos fundamentales se hayan respetado, procede desentrañar su verdadero sentido y alcance, mediante una interpretación seria, razonada, fundada e integral.

 

«Es conocido –tiene dicho la Sala-, conforme al llamado sistema de la sustanciación, que al ser el escrito de demanda el lugar donde se concretan las pretensiones y los hechos que le sirven de soporte, el demandante debe determinar unas y otros, en orden a fijar los contenidos de defensa y contradicción, al igual que el marco dentro del cual la jurisdicción debe discurrir su actividad.

 

«Se trata, entonces, de sintonizar a todos los sujetos procesales sobre lo mismo, en los aspectos relevantes materia de controversia, suficientes por sí, al decir de la Corte, para “poner al descubierto desde un principio la conexión que debe haber entre el estado de cosas antecedente que originó el litigio, el fin que se aspira alcanzar al entablar la demanda y el tipo de pronunciamiento que se solicita para que sobre ella recaiga”.

 

«Logrado ese consenso, se comprende, desde luego, que ninguna polémica se puede suscitar al respecto, porque el acuerdo alrededor de la materia discutida, supone que el libelo fue claro y preciso, o que a pesar de ser ambiguo u oscuro, su inteligencia no fue difícil superar. Ahora, si dentro de ese marco dialéctico fue definido el pleito, esto elimina por completo cualquier error de hecho en la apreciación de la demanda, en el entendido que la decisión no pudo ser inesperada o sorpresiva»2.

 

En lo relativo a la apreciación del libelo incoativo, esta Corporación tiene sentado que la «torpe expresión de las ideas, per se, no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición que de los presupuestos fácticos hace el demandante en su demanda»3. Con mayor razón, según en otra ocasión lo señaló, cuando la «intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho»4.

 

La tarea de interpretar la demanda, además, garantiza caros principios. Entre otros, el libre acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, bastiones todos del Estado Constitucional y Social de Derecho. El juzgador, por tanto, respetando la garantía fundamental a un debido proceso, se encuentra compelido a resolver de fondo el asunto disputado y a dar la razón a quien la tenga, sin que para el efecto pueda excusar silencios, oscuridades o insuficiencias del ordenamiento positivo (artículo 48 de la Ley 153 de 1887).

 

El juez del Estado Constitucional no es un observador impávido frente al litigio propuesto al Estado, sino el reflejo vivo del derecho. El iluminismo francés con Montesquieu, concibió al juez como la “boca que pronuncia las palabras de la ley5. Era apenas su instrumento, no su inteligencia. La visión resultaba acorde con el artículo 5 del Código Civil francés de 1804. Esta Sala, por el contrario, siempre ha visto en el juez un bastión e intérprete de la norma, cuya tarea axial es restablecer el derecho vulnerado. Desde la textura de la supremacía constitucional, hoy le corresponde observar los principios, valores y derechos en toda actividad de juzgamiento. En lugar de acentuar un conflicto, dilatarlo, posponerlo, o encerrarlo en fórmulas limitativas aniquiladoras, debe interpretarlo y encontrar no solo la intención de las partes, sino la justicia del caso.

 

La Corte, por esto, se ha opuesto y se opone a criterios restrictivos, de hecho, proscritos en el artículo 11 del Código General del Proceso. Según su tenor, para la «efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial», el juez debe abstenerse de «exigir y cumplir formalidades innecesarias». Por ejemplo, en nada interesa que el actor haya errado al aducir la responsabilidad contractual debiendo seguir la extracontractual o viceversa. Lo mismo ocurre en temas de prescripción ordinaria o extraordinaria. Inclusive, en el ámbito de la simulación absoluta o relativa.

 

En esos casos, entre otros, compete al juez superar los equívocos en la formulación de las pretensiones y buscar lo realmente querido por las partes. En cualquier evento, escrutándolo desde lo fáctico, al margen de nomenclaturas o de fallas estrictamente nominativas. En la hora de ahora, la tarea del juez constitucional no es la de atarse a formulismos, muchas veces vacuos, ni prescindir de auscultar cuanto realmente se halla ventilado y probado.

 

3.2.4. En el caso, el Tribunal, pese a invocarse en el libelo incoativo la responsabilidad extracontractual, la decidió como contractual. Debe entenderse que así la interpretó. Pasa la Corte, entonces, a establecer si esa apreciación es o no acertada.

 

Las pretensiones, es cierto, tenían como sustrato la «desvinculación» del vehículo involucrado de la empresa Autoboy S.A. Esto supone la existencia de un acuerdo de vinculación entre dicha sociedad y Zoilo José Pulido Guamán. El contrato, consistente en la entrega del rodante para su explotación, sin embargo, fue ajustado entre la transportadora y Cristo Armando Castro Guiza, quien dijo actuar en nombre propio y en condición de «el dueño».

 

Lo anterior llevaría a concluir la falta de legitimación en la causa del actor. Empero, el incumplimiento contractual no fue aducido como fuente de responsabilidad. El demandante, por supuesto, no podía blandirlo, dado que la entrega del automotor para la utilización se hizo por persona distinta. Su relación en el contexto únicamente abrevaba en figurar inscrito como propietario en los organismos de tránsito y en los derechos anejos al dominio.

 

En el capítulo de «hechos», ninguna relación negocial se esgrimió. Se relievó, sí, la «propiedad» del vehículo en cabeza del actor y su destinación a «servicio público». Si bien se habló de «desvinculación», cierto es, en el sustrato, el hecho se entroncó al cambio del servicio de «público a particular», inclusive con trámites administrativos a cargo de las autoridades de tránsito. Con el agravante de haberse utilizado para el efecto documentos espurios. La distinción era trascendente. Como se tiene sentado:

 

«(…) una cosa es la celebración del contrato de vinculación y otra muy diferente la obtención de la tarjeta de operación. En tanto que la primera se refiere al establecimiento de una relación negocial de carácter privado, la segunda corresponde a un acto unilateral mediante el cual las autoridades de tránsito y transporte, en ejercicio de las potestades que les son propias, autorizan a cada vehículo automotor para asumir la prestación del servicio público de transporte, tras constatar su idoneidad y verificar el cumplimiento de las exigencias mínimas establecidas por el ordenamiento jurídico.

 

«En ese orden de ideas, resulta claro que la celebración del contrato produce una serie de efectos y consecuencias jurídicas para las partes contratantes, pero ha de tenerse en cuenta que el solo perfeccionamiento de tales negocios jurídicos no es en sí mismo suficiente para poder asumir la prestación del servicio. Es precisamente por ello que la autoridad de tránsito y transporte se reserva la potestad de otorgar la tarjeta de operación, con la cual se "oficializa" la vinculación del automotor a la empresa (…).

 

«La obtención de dicha tarjeta de operación no constituye entonces una formalidad ad substantiam actus caprichosamente añadida por la administración como requisito de validez o existencia de los contratos, pues en realidad se trata de una actuación administrativa sucedánea a la celebración y perfeccionamiento de aquellos. Expresado de otra manera, una cosa es que el contrato de vinculación se perfeccione al concurrir la voluntad de los celebrantes y otra muy distinta que el Estado, con posterioridad a ello y en ejercicio de sus potestades de control y vigilancia, expida la tarjeta de operación de los vehículos. Ese documento, siendo ulterior a la celebración del contrato, no forma parte del mismo y es, en últimas, un acto de autorización que emiten las autoridades competentes para que los automotores puedan rodar por las calles y carreteras del país como vehículos de transporte público, tras comprobarse su aptitud e idoneidad para asegurar la adecuada prestación del servicio»6.

 

El problema planteado en la demanda, por tanto, no es el del acuerdo de vinculación entre Autoboy S.A. y Cristo Armando Castro Guiza. Tampoco de la compraventa con reserva de dominio entre este último y Zoilo José Pulido Guamán. Lo que se discurre es la legitimación y el trámite para mutar el servicio de público a particular.

 

Según el recurrente, en su calidad de propietario inscrito, la conversión requería de su consentimiento. En apariencia concurrió al suscribir el formulario único nacional exigido. No obstante, la realidad es que su firma fue suplantada. La base del pleito, como se observa, lo constituía esa irregularidad, hecho que, desde luego, no puede asociarse con ningún convenio.

 

3.2.5. El Tribunal, por tanto, incurrió en error de hecho al apreciar la demanda. En concreto, al concluir que el pleito giraba alrededor del contrato de vinculación. Lo mismo cuando señaló que ello no se alteraba «porque se hubiere desafiliado el vehículo en razón a que se cambió el tipo de servicio que prestaba, de público a particular, ni porque el registro de esa modificación hubiere sido posteriormente cancelado por la autoridad penal».

La tergiversación del escrito genitivo del proceso, condujo al Tribunal a incurrir en los demás errores probatorios denunciados. Todos vinculados al procedimiento irregular en que fue cimentado el litigio.

 

Las faltas enrostradas, por supuesto, incidieron en la decisión final. Llevaron al juzgador colegiado a negar las pretensiones sobre la base de controversias contractuales. Por lo mismo, al dejar de analizar, cual se expresa en la acusación, la fuente de responsabilidad aducida. En otras palabras, la «culpa configurada por fuera del contrato».

 

3.2.6. El cargo, en consecuencia, se abre paso, sin lugar a condenar en costas. Esto impone resolver el recurso de apelación elevado contra el fallo de primer grado.

 

 

4. SENTENCIA SUSTITUTIVA

 

4.1. El juzgado halló la responsabilidad de la demandada, pero en el campo contractual. Por una parte, al concluir que había auspiciado el cambio del servicio de público a particular con documentos falsos. Por otra, al no verificar que la petición proviniera del precursor.

 

4.1.1. Condenó, por esto, a la pasiva a pagar al actor por concepto de lucro cesante los ingresos dejados de percibir en la actividad transportadora. Todo, entre el 26 de mayo de 1996, fecha en la cual, según certificación del Ministerio de Transporte, se produjo el cambio del servicio de público a particular, y hasta cuando figuró como propietario del vehículo, el 23 de enero de 2001.

 

Para tal efecto tuvo en cuenta la liquidación aportada con el libelo genitor, a su vez, soporte del juramento estimatorio. Esto, por no haber sido tachada de falsa. Sin embargo, descontó los gastos de operación (conductor, gasolina, rodamiento, mantenimiento, administración, en fin), los cuales calculó en el equivalente a un 25%.

 

Así, fijó los ingresos brutos, en $97’421.475. Los egresos, en $24’355.368. Y la suma líquida, en $73’066.106. Indexado este último rubro a octubre de 2014, espetó la condena en la cantidad de $164’485.180.

 

4.1.2. La excepción extintiva la declaró infundada. Señaló que los términos prescriptivos extraordinarios, desde junio de 1995, a la fecha de la demanda, el 30 de enero de 2012, no habían transcurrido. En concreto, veinte y diez años, según la voluntad de la convocada de acogerse o no a los plazos establecidos en la Ley 791 de 2002.

 

4.2. Ambas partes interpusieron apelación contra lo así decidido.

 

4.2.1. En sentir del actor, la condena no correspondía a la liquidación de perjuicios presentada. Tampoco satisfacía sus expectativas. Además, las deducciones no procedían, pues el rodante no las produjo, dado que ha estado inactivo desde 1991, y esa situación aún subsistía.

4.2.3. La demandada, por su parte, recabó la inexistencia de la relación contractual y del nexo causal con al actor. El convenio que la vinculaba, dice, fue el ajustado con Cristo Armando Castro Guiza, quien, como propietario del automotor, lo entregó para su explotación.

 

Agrega que los hechos son imputables a la propia víctima. En efecto, vendió el vehículo a Castro Guiza, «mediando todas las autorizaciones». Y si entre ellos hubo diferencias, desacuerdos o incumplimientos, la empresa de transporte no es la responsable.

 

Por último, consideró que la acción se encuentra prescrita. Los términos contractuales y extracontractuales extintivos, en su orden, son de dos y cinco años.

 

4.3. Lo primero a dejar bien claro, como quedó elucidado al resolverse el recurso de casación, es que la responsabilidad aducida es de tipo extracontractual. En ese marco corresponde definirse la segunda instancia.

 

La relación de la sociedad Autoboy S.A. con el vehículo involucrado era de doble vía. Por una parte, contractual, derivada del convenio de explotación celebrado con el tenedor, señor Castro Guiza. Por otra, de hecho, con Pulido Guamán, persona que figuraba como dueño. Aquél, desde luego, no era propietario, puesto que la transmisión de la propiedad, que no se hizo, conforme a la compraventa que blandió, estaba condicionada al pago del precio.

 

4.3.1. Esa cuestión bifronte no es extraña. La Ley autoriza a las empresas de transporte público de pasajeros prestar el servicio, bien con equipos propios, ya tomándolos en arrendamiento, ora recibiéndolos en administración.

 

El artículo 983 del Código de Comercio establece que las «empresas de transporte son de servicio público o de servicio particular. El Gobierno fijará las características de las empresas de servicio público y reglamentará las condiciones de su creación y funcionamiento. Las empresas de servicio público someterán sus reglamentos a la aprobación oficial y, si no prestan el servicio en vehículos de su propiedad, celebrarán con los dueños de éstos el respectivo contrato de vinculación, conforme a las normas reglamentarias del transporte».

 

Por su parte, el Decreto 1066 de 1988, vigente para la época de los hechos, reglamentó los sistemas de vinculación del parque automotor para la prestación del transporte público municipal colectivo de pasajeros. El artículo 12, diseñó tres modalidades. La primera, literal a), con equipos que «pertenecen en su totalidad a las empresas y hacen parte de su capital social». La segunda, literal b), incluyendo los anteriores, con «vehículos vinculados a la empresa mediante contratos de arrendamiento». Y la tercera, literal c), sin excluir ninguna de esas otras dos posibilidades, con los demás automotores que «conforman la capacidad transportadora, son administrados por la empresa».

 

Los contratos de arrendamiento o administración no necesariamente debían ser ajustados con los dueños de los vehículos. La normatividad no hizo ninguna distinción ni restricción, por el contrario, también alude al tenedor (artículo 73, parágrafo único, ibídem7). Esto quiere decir que los detentadores precarios también podían celebrar tales convenios. En esos casos, son diferentes los derechos del simple tenedor y los del dueño. La consecuencia obligada es que los de este último, sin su consentimiento, no pueden ser susceptibles de disposición ni por el tenedor ni por la empresa de transporte, ni por ambos.

 

4.3.2. El artículo 2341 del Código Civil establece la obligación civil de indemnizar los perjuicios provenientes de los delitos y las culpas. Se trata de una norma disuasoria, cuya función principal es asegurar el principio general neminem laedere, contentivo del patrón genérico de no causar daño y del derecho correlativo a no recibirlo.

 

Esa especie de responsabilidad se origina en hechos unilaterales o voluntarios. Aquellos se clasifican en lícitos o ilícitos, dependiendo de si están o no prohibidos en la legislación; a su vez, pueden ser cometidos con o sin intención de dañar, dolo o culpa, y se les conoce como delitos o cuasidelitos. Los otros, en cambio, se predican de hechos lícitos y dan lugar a un cuasicontrato, en términos de la teoría clásica de las obligaciones. La cuestión, entonces interpretada y subsumida en el marco de las reglas 1494, 2302 y 2303, entre otros preceptos del Código Civil colombiano, que recogen armónica e idénticamente las reglas insertas en las Institutas de Justiniano en el Libro III, Título XIII, núm. 2, preceptiva que consigna las cuatro especies de fuentes obligacionales: “(…) aut enim ex contractus sunt, aut quasi ex contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio8, clasificación reiterada en el Libro IV, de la misma obra, Título I.

 

4.3.3. Entre los quasi ex contractu, se encuentra la agencia oficiosa, fuente que reviste connotación procesal y sustancial. La primera se refiere a la posibilidad de defender, sin poder, a una persona ausente o impedida (artículo 57 del Código General del Proceso). La segunda, llamada también gestión de negocios ajenos, corresponde a una forma de administrar bienes de terceros, sin mediar mandato para hacerlo (artículo 2304 del Código Civil).

 

La agencia oficiosa igualmente puede tener origen en un hecho involuntario o en un error. Ocurre aquello cuando el que cree hacer un negocio propio, sin embargo, consuma el de un tercero (artículo 2310 del Código Civil). Y lo otro, cuando el que «creyendo hacer el negocio de una persona hace el de otra» (artículo 2311, ibídem).

 

En todo caso, para esta Corte, «(…) es principio general de derecho que quien administra negocios ajenos, por ministerio de la ley como en las guardas de los incapaces, por convención como en el mandato o la sociedad, o por simple acto unilateral lícito como en la agencia oficiosa, debe rendirle cuentas de su gestión al dueño de tales negocios, a la vez que tiene el derecho de que éste se las reciba y las apruebe de ser correctas. Entonces, dentro de la normalidad social antes aludida, lo corriente es que los interesados se allanen a cumplir espontáneamente estas prestaciones a su cargo, caso en el cual el acuerdo entre los mismos constituye una convención, con efectos tales como la extinción de responsabilidades, la exigibilidad de los saldos resultantes de las cuentas, etc.

 

«Pero, como también puede ocurrir que estos derechos recíprocos últimamente mencionados no sean satisfechos por renuencia de una de las partes, la ley consagra dos acciones tutelares: una en favor del dueño del negocio, para que las cuentas le sean rendirlas por el gestor (Código Judicial, artículo 1120), y otra en favor de éste para que aquél se las reciba y para que sean aprobadas por el mismo o, en subsidio, por el juez (ibídem artículo 1127)»9 (subrayado fuera de texto).

 

Las obligaciones surgidas del cuasicontrato, cual se observa, tienen la dimensión de negocio jurídico propiamente dicho, y a la vez, de un hecho extracontractual. De ahí, a la agencia oficiosa ha de aplicarse, mutatis mutandis, los aspectos de la responsabilidad contractual. Empero, esto no significa que se convierta en su especie.

 

La responsabilidad extracontractual, tiene asentado la doctrina10, «es aplicable en el incumplimiento de obligaciones cuasicontractuales o legales. Lo que acontece es que, en algunos cuasicontratos como el de la agencia oficiosa, se aplican por analogía los principios de la responsabilidad contractual, aunque al no tratarse de un contrato, forzoso es concluir que dicha responsabilidad no es contractual».

 

Los cuasicontratos, como se aprecia, en particular la agencia oficiosa, constituye fuente de obligaciones11. De ahí que, en el campo extracontractual, con los matices acotados, surge, respecto de quien se ha presentado y relacionado con los bienes o derechos de un tercero, pero sin existir ninguna convención para hacerlo, el deber de reparar los daños ocasionados con su intervención. Y para el damnificado, el derecho a ser indemnizado.

 

4.3.4. El elemento subjetivo, dolo o culpa, es trascendental en el análisis, salvo en los casos de responsabilidad objetiva o presunción de responsabilidad, que es lo mismo. Esto, desde luego, aunado al daño y a la relación de causalidad.

 

4.3.4.1. La diferenciación de la intención o no de dañar, resulta vana en materia de responsabilidad extracontractual. En palabras de la Corte:

 

«Los efectos de la responsabilidad civil por culpa extracontractual no se modifican ni se agravan por el hecho de que se originen en delitos penales o civiles, y no en simples cuasidelitos o culpas. En uno u otro caso, el agente responde civilmente por la plenitud del daño causado que esa consecuencia del hecho culposo o delictuoso. En la culpa aquiliana, no existen, como en la contractual, las graduaciones de grave, leve y levísima, ni opera tampoco la distinción de perjuicios previstos o previsibles y perjuicios consecuenciales inmediatos o directos (artículos 1604 y 1616 del C.C.) (…)»12.

 

En el mismo sentido, al sostener: «No es acertado afirmar que para que el hecho culposo se tipifique como elemento de la acción de indemnización de perjuicios por culpa extracontractual se requiere que aparezca el animus o intención de dañar, pues basta que el hecho nocivo sea imputable como culposo a su autor, sin necesidad de que haya obrado con animus nocendi»13.

 

Lo hasta aquí razonado, no significa para la Sala, que siguiendo la interpretación más correcta de la demanda, tal como ésta viene edificada, que deba desestimarse la adjudicación de la quaestio facti planteada, cual ya se avizoró, en el marco de la responsabilidad extracontractual al margen de la consideración cuasicontractual. En efecto, es desde una perspectiva más contemporánea de las fuentes obligacionales, como pueden adecuarse los hechos en el fontanar de la responsabilidad extracontractual, puesto que surgen irregularidades palmarias en la conducta de la demandada con alcances antijurídicos que conducen causalmente, en una relación de causa a efecto, a la cimentación del daño, cuya reparación se pretende.

 

4.3.4.2. En el caso, es indiferente que no se haya demostrado la responsabilidad penal por la utilización de documentos espurios para obtener el cambio del servicio de público a privado del automotor. En particular, el formulario único nacional 093-4721697. Lo que sí interesa es la participación en dicha mutación de la sociedad demandada. Y a no dudarlo, ello aparece demostrado.

Para empezar, el hecho de necesitarse para el efecto la autorización del demandante, Zoilo José Pulido Guamán, denota que era titular del derecho mutado. Y la razón estribaba en que la titularidad del dominio y su accesorio de público o privado, nunca estuvo en cabeza del aspirante a propietario, señor Cristo Armando Castro Guiza.

 

La relación de la interpelada con el actor, simplemente, brotaba de haber aceptado la vinculación del vehículo por una persona distinta al propietario. De ahí, lo normal era que actuara sin abandonar la situación del dueño. Al fin de cuentas, en la ejecución de su objeto social, la «industria del transporte automotor terrestre de pasajeros en todas sus modalidades», entre otras, el propietario era protagonista. Esto se demuestra con el mismo hecho de tener que firmar el formulario único nacional para consumar el cambio del servicio de público a particular y liberar así la capacidad transportadora, solo que, en realidad, no medió su consentimiento, ciertamente, porque su firma fue suplantada.

 

De hecho, en el escrito de 20 de junio de 1995, la demandada no lo ignoró. Por una parte, conocía e hizo saber a la autoridad de tránsito de Soacha los «problemas de orden judicial» derivados de la compraventa entre Pulido Guamán y Castro Guiza. Por otra, al solicitar el «cambio del servicio», desde luego, como lo advirtió, «conservando la propiedad tal como aparece en ese despacho».

 

La falta estuvo en obrar a espaldas del derecho de dominio que reconocía. En esa misiva, por ejemplo, reclamó del Director de Tránsito y Transporte hacer cuanto estuviere «a su alcance» para el «cambio del servicio», inclusive, sabiendo que el trámite no lo realizó Pulido Guamán. «Para aprovechar la vinculación de otro vehículo», dijo, el «señor Castro ha tramitado ante el Ministerio el cambio del servicio».

 

En definitiva, frente a las autoridades de tránsito, la convocada ha debido proceder con cautela. La mínima diligencia con el propietario habría dado lugar a descubrir la irregularidad contenida en el formulario único nacional y a lograr la intervención del interesado. Como no lo hizo, la ausencia de gestión en su relación de hecho, traduce descuido o negligencia, por ende, culpa.

 

4.3.5. Los demás elementos de la responsabilidad extracontractual, el daño y el nexo causal, no admiten discusión. Aquello, por cuanto el cambio del servicio del rodante de público al privado, finalmente se materializó. Lo segundo, porque ello devino como consecuencia de las mencionadas faltas de diligencia y cuidado.

 

4.3.6. Frente a lo discurrido, las excepciones de mérito reiteradas en la apelación, no son de recibo. La de inexistencia de responsabilidad y falta de causa, porque fundadas en la ausencia de contrato, en ese ámbito no ha quedado circunscrito ni definido el pleito.

 

La de prescripción, por lo mismo, pues también fue montada en una «presunta responsabilidad contractual». En todo caso, en los términos del artículo 8º de la Ley 792 de 2002, vigente a partir del 27 de diciembre del mismo año, la «acción (…) ordinaria», acorde con el juzgado, prescribe en diez años y no en cinco años al decir de la alzada.

 

4.3.7. Determinado el daño, resta estudiar el tema de los menoscabos causados.

 

4.3.7.1. La distinción entre daño y perjuicio es relevante, por cuanto no siempre, en presencia de un daño, existen perjuicios. Las dos nociones no son sinónimas propiamente, sino complementarias.

 

Para la Corte, el daño es la «vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio»14.

 

El perjuicio, en cambio, es la consecuencia derivada del daño. Corresponde, en sentir de la Sala, al pago a la víctima del «perjuicio que el daño ocasionó»15. Requiere para su reparación que sea inequívoco, real y directo, no eventual o hipotético, «porque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo»16. En otras palabras, debe ser «cierto y no puramente conjetural (…), no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario»17.

 

El artículo 16 de la Ley 446 de 1998, establece que la «valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales».

 

La anterior implica, de un lado, el deber jurídico de resarcir todos los daños ocasionados. Supone regresar a la víctima a una situación igual o semejante a la que tenía antes de ocurrir el hecho lesivo. De otro, la limitación de no exceder el reconocimiento pecuniario, por cuanto la indemnización no constituye fuente de enriquecimiento.

 

4.3.8. En el caso, la prueba de los perjuicios la constituye el juramento estimatorio del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, vigente para la época. Según la disposición:

 

«Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.

 

«Si la cantidad estimada excediere el treinta por ciento (30%) de la que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia».

 

Conforme a lo anterior, los perjuicios fueron estimados en la cantidad de $441’991.500, «reflejados en los dineros dejados de recibir por el demandante», «desde 2005 a 2011». Se adicionó el valor de $629’071.458, «representado en los intereses corrientes calculados sobre la anterior suma».

 

En el respectivo traslado, la parte interpelada no objetó dicha estimación.

 

El juzgado, por lo anterior, valoró dicha prueba. En efecto, dijo que los «ingresos que se tomarán en cuenta para la tasación [de los perjuicios] serán los incluidos dentro de la liquidación aportada por la parte demandante documento que no fue tachado de falso».

 

4.3.9. Confrontado lo precedente y las razones de la apelación del extremo demandante, pronto se advierte que la sentencia confutada, en punto de la extensión de la condena, debe ser confirmada.

 

4.3.9.1. Lo primero a tener en cuenta es que el contenido de la parte de la liquidación adoptada no se encuentra en tela de juicio. El periodo incluido, entre el 26 de mayo de 1996 y el 24 de enero de 2001, coincide con el monto calculado por la parte actora. Por esto, no hay lugar a efectuar condenas en su contra. La diferencia estriba en que no se habló de intereses, pero sí de indexación.

 

En últimas, se trata de una decisión favorable al extremo demandante. Lo adverso estaría en el resto de lo pretendido. Si aquello no podía ser apelado, como no lo fue, en ese específico aspecto no hay impugnación bilateral. El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, ahora el canon 328 del Código General del Proceso, exige para obrar sin límites en el ámbito de la competencia funcional que el asunto en cuestión haya sido confutado por ambas partes, bien en forma principal, ya adhesivamente.

 

Ninguna modificación, por tanto, cabe hacerse sobre el particular. Además, por concernir a cuestiones que no es posible proveer de oficio, al menos en punto de intereses, cuyo gobierno es el principio dispositivo. Así que en la hipótesis de haberse negado implícitamente tales réditos, la apelación de la demandada no los podía comprender, ciertamente, por tratarse de una decisión que la favorece.

 

4.3.9.2. Las deducciones efectuadas (rodamiento, gasolina, conductor, mantenimiento, en fin), en el equivalente al 25% de la producción, en la apelación no se reclama contra el porcentaje aplicado, sino su inclusión. Para el recurrente, tales egresos no se han causado, pues el vehículo ha estado parqueado desde 1991.

 

La razón está del lado del juzgado. De una parte, en la demanda los perjuicios se solicitan desde 1995, no antes. De otra, el lucro cesante corresponde a la «ganancia o provecho que deja de reportarse» (artículo 1614 del Código Civil). El problema, en consecuencia, es de lo que ha podido producir el vehículo, que no de su trabajo, por lo mismo, lo que se ha debido invertir para aquello. El lucro cesante, desde luego, es lo que efectivamente ingresa y no lo que egresa, así sea en el campo de las hipótesis.

 

En lo demás, la extensión temporal de la condena no fue inopinada. El juzgado la justificó en las pruebas allegadas. Primero, en la certificación del Ministerio de Transporte sobre que el automotor estuvo vinculado hasta el 26 de mayo de 1996, luego, antes no pudo ocurrir el cambio de servicio de público a particular. Segundo, porque la expectativa de ganancia solo podía predicarse del tiempo en que el demandante era propietario del rodante, hecho que, conforme al certificado de tradición, se extendió hasta el 23 de enero de 2001. Y en la apelación ningún contraargumento o contraprueba se esgrimió al respecto.

 

La cuestión se reduce al otro tramo en que el actor fungió como propietario. Entre el 4 de junio de 2009 y 16 de noviembre de 2011. Aunque el juzgado guardó silencio, se entiende que los perjuicios fueron negados. En esto, la sentencia apelada no es equivocada. Los efectos de la providencia penal, calendada el 17 de julio de 2001, ordenando cancelar el cambio del servicio realizado, simplemente, dejó sin solución de continuidad el hecho, pero hasta el citado 23 de enero de 2001. La readquisición posterior del vehículo por el actor es algo nuevo y prueba de ello es que la vinculación venidera, en el 2011, fue convencional y no a raíz de la decisión de la Fiscalía.

 

4.3.9.3. El apelante también se duele de no haberse tenido en cuenta la desafiliación como consecuencia del cambio inconsulto del servicio de público a particular. Sin embargo, ello hace parte del daño, según supra quedó explicado y no precisamente del monto de los perjuicios.

 

4.3.10. Por último, espetada la condena en concreto, esto excluye que haya necesidad de determinarla. La actualización, siguiendo los derroteros señalados en el fallo apelado, es cosa distinta. Corresponde hacerse al momento de la ejecución o el pago, como así se prescribe en los artículos 308, in fine, del Código de Procedimiento Civil, y 284, inciso final, del Código General del Proceso.

 

4.4. El fallo apelado, por las razones anotadas, debe ser confirmado, sin lugar a imponer costas en segunda instancia por cuanto ambos recursos se resuelven desfavorablemente, así que quedan compensadas.

 

 

5. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, casa la sentencia de 16 de diciembre de 2015, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso incoado por Zoilo José Pulido Guamán contra la Autoboy S.A., y en sede de instancia confirma el fallo de 28 de noviembre de 2014, proferido por el Juzgado Tercero Civil de Descongestión de Bogotá.

 

Sin costas para ninguna de las partes, ni en casación ni en segunda instancia, por las razones explicadas.

 

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen.

 

 

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

(Presidente de la Sala)

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

 

 

 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA

 

 

 

 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE


 


 


 

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

1 CSJ. Civil. Cfr. Sentencias de 31 de octubre de 2001 (expediente 5906), 6 de julio de 2009 (radicado 00341) y 5 de mayo de 2014 (expediente 00181), entre otras.

2 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2010, radicación 00502.

3 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de febrero de 1995 (expediente 4460). Doctrina reiterada en fallos de 18 de diciembre de 2012 (radicación 001769) y de 21 de junio de 2016 (expediente 00043), entre otras muchas.

4 CSJ. Civil. Sentencias de 23 de octubre de 2004 (radicado 7279), de 19 de septiembre de 2009 (expediente 00318), y de 17 de octubre de 2014 (radicado 5923), entre otras muchas.

5 DE SECONDANT MONSTESQUIEU, Charles-Lois. “De l’esprit des lois”. Libro IX. 1748. Ver también la traducción de M. Blázquez, Madrid: Tecnos, 1985, p. 113. RAYNAUD, Philippe: "La loi et la jurisprudence, des lumieres a la révolution francaise", en Archives de Fhilosophie du Droit, 36, 1985, pp. 61-72.

 

 

6 Consejo de Estado. Sentencia de 22 de abril de 2011, radicación 2008-00199-00.

7 Según el precepto, «cuando por cualquier razón las empresas no entreguen oportunamente la tarjeta de operación al propietario o tenedor del vehículo, éstos podrán solicitar un permiso provisional que la reemplace, sin perjuicio de la imposición de las sanciones pertinentes». 

  

 

8 JUSTINIANO. Institutionum D. Iustinianiani. Traduc. D. Ildefonso L. García del Corral. Barcelona: Jaime Molinar, editor, 1889, p. 101.

9 CSJ. Civil. Sentencia de 7 de noviembre de 1968 (CXXIV-364/368).

10 PHILIPPE MALAURIE, Laurent Ayne. Cours de Droit Vivil. Les obligations. 4ª Ed. Paris. Ed, cujas 1993. Citado por TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Editorial Legis. Página 38.

11 El artículo 1494 del Código Civil establece que las «obligaciones nacen (…) ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos (…)».

12 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de mayo de 1952.

13 CSJ. Civil. Sentencia de 6 de marzo de 1961.

14 CSJ. Civil. Sentencia de 6 de abril de 2001, radicado 05502.

15 Ibídem.

16 CSJ SC G.J. T. LX, pág. 61.

17 CSJ. Civil SC 10297 de 2014.

 

 
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