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LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > CONTRATO DE TRABAJO > TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR RENUNCIA > NULIDAD > ANÁLISIS DE PRUEBAS - Declaratoria de nulidad absoluta del acto jurídico de la renuncia de la recurrente dados los trastornos que padecía para el momento de su presentación -trastorno metal y del comportamiento debido al consumo de alcohol y drogas, asociado a episodio depresivo grave- donde, pese a no existir una declaratoria legal de interdicción fue desvirtuada la presunción de capacidad lo que conlleva a aseverar que la demandante carecía de plenas facultades para comprender la incidencia sobre su conducta y medir las consecuencias de sus actos -afectación de capacidad negocial-
 
 LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > ACTO JURÍDICO > SANCIONES - El derecho del trabajo y de la seguridad social sanciona con la ineficacia o la privación de efectos jurídicos todo acuerdo que menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores
 
 LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > CONTRATO DE TRABAJO > TERMINACIÓN DEL CONTRATO > REINTEGRO > PROCEDENCIA > ANÁLISIS DE PRUEBAS - Procede el reintegro de la actora al banco accionado, toda vez que de acuerdo a la valoración sobre su estado de salud mental y la pérdida de capacidad laboral dictaminada no se puede sostener de manera categórica que esa condición constituya un impedimento o haga incompatible ordenar el mismo, pues no se advierte que tenga una discapacidad que la limite o le dificulte continuar ejerciendo su cargo o desenvolverse en forma plena en el campo laboral
 
 LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > CONTRATO DE TRABAJO > TERMINACIÓN DEL CONTRATO > ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD - Admitir que las personas a quienes que se les diagnostica una pérdida de capacidad laboral, tengan una invalidez o una discapacidad, no pueden ser reintegradas nuevamente al mercado laboral, conduce a transgredir su derecho al trabajo, garantizado no solo por mandato constitucional sino por diferentes instrumentos internacionales
 
 LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > CONTRATO DE TRABAJO > TERMINACIÓN DEL CONTRATO > ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD - Concepto de discapacidad según la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas en Situación de Discapacidad, aprobada por la Ley 762 de 2002

 

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

 

 

SL4823-2020

Radicación n.° 59563

Acta 42

 

Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020).

 

Procede la Corte a proferir el fallo de instancia, conforme a lo ordenado en la sentencia CSJ SL3181-2019, del 17 de julio, emitida por esta Corporación, en el proceso ordinario laboral que instauró SANDRA ISABEL FRANCO REQUENA contra el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA”.

 

Teniendo en cuenta que se allegó al informativo el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, practicado a la demandante, y la declaración juramentada rendida por esta ante Notaría, los que militan a folios 109 y 126 a 129, se ordena incorporar los mismos al expediente para efectos de tenerlos como prueba.

 

  1. ANTECEDENTES

 

Se comienza por recordar, que lo pretendido por la accionante es que se declare la nulidad absoluta de su renuncia presentada el 15 de agosto de 2008, en razón de su estado de alteración mental que le afectaba al momento de dar por terminado el vínculo contractual; subsidiariamente, busca se declare la nulidad relativa, por haberse suscrito en presencia de un vicio de su voluntad; como consecuencia de lo anterior, se ordene el restablecimiento del contrato de trabajo y su reinstalación al cargo, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.

 

Para ello, dijo que laboró en el banco demandado desde el 30 de marzo de 1995, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desempeñando los cargos de Auxiliar de Ahorros, Auxiliar de Cuenta Corriente, Jefe de Cartera y Gestora Comercial; que en diciembre de 2002, su cónyuge murió de forma violenta lo que le causó una aguda depresión; que las afecciones psíquicas que padeció, determinaron sucesivos periodos de incapacidad laboral en los años 2006, 2007 y 2008; que el 15 de agosto de 2008, se presentó a su puesto de trabajo en medio de una crisis por profunda depresión y le manifestó al gerente que no tenía ánimos de trabajar; que después de dialogar con él, aceptó renunciar a su cargo; que esa dimisión no obedeció a un acto libre, consciente y voluntario, por lo que este se encuentra viciado por el estado de afectación psíquica que padecía para ese momento, y que le impedía comprender el alcance y las consecuencias de su proceder.

 

Por su parte, el banco llamado a juicio se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentado para ello que la renuncia de la trabajadora fue una decisión libre y voluntaria de ella.

 

En la sentencia de primer grado, se declaró la nulidad relativa de la renuncia presentada por la señora SANDRA ISABEL FRANCO REQUENA el 15 de agosto de 2008, ante su empleador Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. COLOMBIA, y como consecuencia de ello, ordenó el reintegro de la trabajadora al cargo que venía desempeñando, sin solución de continuidad, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 16 de agosto de 2008 y hasta la fecha en que se efectúe la reinstalación.

 

Por su parte la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al resolver la apelación interpuesta por ambas partes, revocó el fallo de primer grado, y en su lugar, absolvió al banco.

 

En virtud de lo anterior, la parte actora interpuesto recurso extraordinario de casación.

 

La Sala, para casar la decisión de alzada, tuvo como fundamento, que el Tribunal incurrió en yerros fácticos evidentes, manifiestos y protuberantes, derivados de la apreciación errónea de los elementos de prueba denunciados, pues les negó la evidencia que estos tienen, como es, la afectación o trastorno mental y depresivo que la actora padecía y diagnosticada cuarenta (40) días antes, aproximadamente, a cuando tuvo lugar su renuncia, y que no varió por lo menos hasta enero o febrero de 2009, meses después del finiquito laboral, como se desprende de la historia laboral.

 

De igual forma, se sostuvo:

 

De análisis objetivo y en conjunto de dicho material probatorio, se puede concluir sin hesitación alguna, que lo que estas realmente evidencian, es que la patología que presentaba la accionante en razón a estado depresivo grave o mayor y adicionalmente la adicción o dependencia del alcohol, referida desde diciembre de 2006, y a sustancias psicoactivas o alucinógenas desde diciembre de 2007, que como lo manifestó el médico especialista y lo refieren la historia clínica, se trata de dos trastornos que están asociados entre sí, lo que conllevó a la alteración de su estado mental, pues así se indicó de manera expresa en los documentos que militan a folios 167 a 170, del 4 de julio/08, 21 de enero y 25 de febrero de 2009, al diagnosticársele «trastornos mentales y de comportamientos», asociado con «EPISODIO DEPRESIVO GRAVE».

 

Tal condición de salud, no era desconocida por la empleadora, como se colige de las incapacidades médicas que se le extendieron a la trabajadora en los años 2006, 2007 y 2008, por parte de su EPS SaludCoop (fs. 32 a 34), como también, por cuanto la misma entidad bancaria el 5 de junio de 2008, le remitió una comunicación a la actora, recomendándole que acudiera a una especialista del área respectiva con el fin de que se tuviera una diagnóstico de su enfermedad (f. 18), lo cual lo corroboran las declaraciones de sus compañeros de trabajo, quienes afirman que la situación de alcoholismo de la accionante era conocida en el Banco, e incluso de los procesos de rehabilitación que había recibido y por los cuales había sido recluida en clínicas (fs. 425, 426, 429).

 

[…]

 

Lo anterior sirve de contexto para puntualizar, que nos encontramos frente a un caso de una persona que por su padecimiento mental es vulnerable ante la sociedad, siendo necesario la protección de sus derechos por mandato constitucional y legal, lo cual también encuentra soporte en varios instrumentos internacionales como por ejemplo en La Recomendación 818 de 1977, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y en la Resolución 61/106 del Sistema de Naciones Unidas.

 

 

Con fundamento en lo anterior, se concluyó que el estado mental de la demandante, produjo una repercusión de sus procedimientos cognitivos, psicológicos y de conducta, lo que sin lugar a duda conlleva o se traduce en dificultades de raciocinio, alteraciones del comportamiento, e incluso en impedimentos para comprender la realidad, señalándose que se equivocó el juzgador de segundo nivel, en la apreciación de este material probatorio, y las inferencias a las que arribó con base en ellas, lo que dio lugar al quiebre de la sentencia fustigada.

 

En ese orden, casada la decisión de segundo grado, para mejor proveer, se dispuso remitir a la accionante a la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia a fin de que se estableciera su pérdida de capacidad laboral y de igual forma que la demandante manifestara si se encontraba pensionada por invalidez, documentación que fue allegada al informativo.

 

II. CONSIDERACIONES

 

Debe precisarse, que la inconformidad de la parte actora con la decisión de primer grado, radica en que se declaró la nulidad relativa del acto jurídico de la renuncia, buscando con la alzada que se acoja la pretensión principal y se disponga la declaratoria de la nulidad absoluta de aquella dimisión del contrato de trabajo que hiciera la accionante, por cuanto estaba afectada su capacidad decisional, en razón de su grave afectación mental.

 

Por su parte, el banco accionado solicita la revocatoria de la sentencia, y en su lugar, se absuelva de las reclamaciones, argumentando para ello, que en la decisión de presentar renuncia por parte de la trabajadora, no se evidencian los elementos que configuran el vicio del consentimiento: error, fuerza o dolo, como lo concluyó el juez de primer nivel, por lo que no hay lugar a la declaratoria de una nulidad relativa.

 

Acorde con dichos planteamientos, los problemas jurídicos que ocupan la atención de la Sala son los siguientes: i) Si el acto jurídico de la renuncia presentada al banco BBVA por la Sandra Isabel Franco Requena el 15 de agosto de 2008, da lugar o no la declaratoria de nulidad relativa o absoluta del mismo en razón de haberse realizado bajo padecimientos de trastornos mentales, los que afectaron su capacidad decisional y su juicio; y ii) En el evento de considerarse que el aquel acto jurídico está viciado de nulidad, establecer la consecuencia jurídica, esto es, si hay lugar o no al reintegro al cargo, pretendido por la trabajadora.

 

i) De la nulidad o no del actor jurídico de la renuncia presentada por la accionante

 

Retomando lo dicho en sede casacional, debe precisarse que conforme a los elementos de juicio obrantes en el informativo, se encuentra plenamente demostrado que la promotora del litigio al momento de presentar la renuncia a su cargo el 15 de agosto de 2008, padecía de dos trastornos que están asociados entre sí, como son un estado depresivo grave o mayor y adicionalmente la adicción o dependencia del alcohol, referida desde diciembre de 2006, lo que afectó su capacidad volitiva, lo cual conduce a que presente dificultades de discernimiento, raciocinio, alteraciones en su comportamiento al punto de que no comprenda la realidad, tal y como lo declaró el psiquiatra Carlos Alberto Cossio, médico que venía tratando y diagnosticando a la actora, quien al responder la pregunta de si la dimisión de la trabajadora, obedeció a un acto libre, consiente y voluntario, manifestó: «como tiene compromiso de juicio y el raciocinio, la decisión no es libre, ni consiente ni voluntaria, desde el punto de vista de la psiquiatría» (f. 406 vto.).

 

Lo anterior, se ratifica con el dictamen emitido por el perito psiquiatra Camilo Alberto Pérez Mejía, al manifestar que el estado «depresivo de la paciente, sumado a los efectos del uso recurrente alcohol (así no lo haya hecho el día en que renunció a su empleo) y las alteraciones generadas por el uso de los antidepresivos que tomaba (sedación, lentitud psicomotora) permiten concluir que su estado mental estaba parcialmente afectado para adoptar la decisión de renunciar a su trabajo para la fecha en que lo hizo», lo cual confirmó en la aclaración o adición a la experticia, al sostener: «para esta fecha, estaba por parte de la evaluada, parcialmente alterada la capacidad de discernir sobre las consecuencias de una renuncia en su trabajo» (f. 478).

 

Bajo el anterior contexto, dada la particular situación de salud que aquejaba a la actora para el momento de su renuncia, y que está plena acreditada con los elementos de juicio a los que se ha hecho mención y análisis con anterioridad y en el recurso extraordinario, pese a que no existe una declaratoria legal de interdicción, permite desvirtuar la presunción de capacidad al que alude el artículo 1503 del Código Civil, por cuanto el «trastorno metal y del comportamiento debido al consumo de alcohol y cocaína, asociado al Episodio depresivo grave», diagnosticado el 4 de julio de 2008, conlleva a aseverar que la demandante carecía de plenas facultades para comprender la incidencia sobre su conducta y medir las consecuencias de sus actos.

 

Sobre el particular, es relevante traer a colación lo sostenido por la homologa Civil en la sentencia CSJ SC19730-2017, en donde puntualizó:

 

La capacidad y la voluntad en los actos o negocios jurídicos están íntima y recíprocamente relacionadas porque una y otra, constituyen requisitos de validez necesarios de todo tipo de manifestación de la voluntad jurídica, con perjuicio de generar nulidad; sin embargo, tienen una fisonomía propia, sin confundirse, entre sí; así por ejemplo, la voluntad es requisito esencial o de existencia de los actos o negocios jurídicos, sustancialidad que no ostenta la capacidad, porque ésta, apenas es un presupuesto de la validez negocial. (Subrayado fuera del texto original).

 

La capacidad del sujeto de derecho, siendo una, tiene una expresión dual o fraccionada, con independencia de todo tipo de anfibología que despierta el solo uso de su terminología jurídica: 1. Como capacidad jurídica, natural o de goce es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas o para que determinado derecho u obligación se radique en un sujeto o éste sea titular del mismo. Se obtiene, por el solo hecho de nacer o de existir, en consecuencia, la posee toda persona sin necesidad de estar dotada de voluntad reflexiva, razón por la cual, constituye un verdadero atributo de la personalidad, como propiedad esencial de toda persona sin distingo, con las restricciones legales del caso. En esta órbita de la capacidad hállase el sujeto de derecho en estado pasivo, simplemente como receptor de derechos; y, 2. La capacidad de obrar, de ejercicio, negocial es posibilidad, cualidad o aptitud de ser titular de derechos, de disponer y de contraer obligaciones en forma personal, voluntaria, autónoma y libremente, sin imposiciones; es la facultad para ejecutar o realizar determinado acto ideado por el intelecto; “(…) es poderse obligar por si mism[o], sin el ministerio o la autorización de otra persona” (art. 1502 del C.C.), y que por tanto, demanda una voluntad desarrollada o deliberativa. Es la habilidad legal para ejecutar o producir un acto jurídico, como tal, presumida legalmente en las personas mayores de dieciocho años, salvo distingos legales, en nuestro derecho, siendo esta la regla general, puesto que la inhabilidad o discapacidad constituyen la excepción. (Subrayado fuera del texto original).

 

En consecuencia, la capacidad de obrar, se supedita a la existencia de una voluntad reflexiva o de discernimiento; de tal forma que representa el carácter dinámico por cuanto permite que el sujeto en ejercicio de su libertad negocial actúe produciendo efectos jurídicos con su conducta volitiva externa. Apareja, en sí, una presunción iuris tantum, por cuanto se permite probar lo contrario, esto es, la existencia de una discapacidad mental absoluta o relativa (artículo 15 de la Ley 1306 de 2009). La diferencia de la capacidad de goce, la de obrar se torna en condición o requisito de validez de los negocios jurídicos; y del mismo modo, si la capacidad jurídica se analiza vista en su aspecto pasivo, la negocial se presenta en su forma activa como ejecución de conductas en el ámbito de la autonomía del sujeto de derecho. (Subrayado fuera del texto original).

 

La capacidad negocial permite ejercer o exigir derechos o contraer obligaciones en forma personal en pos de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas en forma voluntaria y autónoma; por esta razón el Diccionario de la Real Academia Española caracteriza la capacidad de obrar, negocial o de ejercicio como la “(…) aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación”1, y la capacidad jurídica, natural, de goce, de adquisición o de derecho como “(…) aptitud legal para ser sujeto de derecho y obligaciones”2Por esa razón, dada la presunción legal, en principio todos tenemos la suficiencia, la idoneidad, la competencia o facultad para comprometer los derechos de los cuales somos titulares, en forma directa y sin el ministerio legal o representación de otra personal, a menos de probarse lo contrario(Subrayado fuera del texto original).

 

 

Por tanto, en punto del ejercicio de los derechos, las discapacidades absolutas, relativas o especiales (Ley 1306 de 2009 y artículo 1501 del Código Civil), deben probarse en procura de aniquilar un acto o negocio jurídico, las cuales no constituyen propiamente impedimentos, sino medidas de protección y de ética negocial de sus derechos; todo esto simplemente, porque la capacidad se presume, mientras la incapacidad debe demostrarse, según los términos del artículo 1503 del Código Civil: “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la Ley declara incapaces”.

 

 

En similar sentido, en la sentencia CSJ SC, 11 abril 2000, rememorada en la CSJ SC SC19730-2017, se expresó

 

[…] Por este motivo, para todo acto jurídico no solamente se requiere que los agentes otorguen voluntariamente su consentimiento, sino que también se exige que lo hagan con cierto grado de conciencia y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, pero queda viciado de nulidad; es decir, que no adolezca de ciertos vicios, cuya presencia destruye esa libertad y conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. (Subrayado fuera del texto original).

 

 

Dicho criterio doctrinal, cambiando lo que haya que cambiar (mutatis mutandi), es perfectamente aplicable al sub examine, por cuanto sin equívoco alguno, conforme a las probanzas antes analizadas, está plenamente probada la falta de capacidad de discernimiento o entendimiento negocial de la señora Franco Requena, por cuanto su juicio o razón estaba alterado o perturbado, se itera, en virtud de sus trastornos mentales y depresivos que clínicamente estaban historiados para la calenda de la dimisión.

 

En esa medida, suficiente es con demostrar la incapacidad mental en forma temporal de la actora para considerarla como persona incapaz, puesto que como lo conceptualizó su médico psiquiatra tratante al rendir declaración, en cuanto a que su trastorno psicológico y depresivo, le da la condición de «interdicto temporal», precisando que hace tal aseveración, «basado en el conocimiento de la enfermedad y el daño que esta enfermedad produce en los procesos cognitivos de las persona[s] que la padecen» (f. 407 vto). Piénsese, por ejemplo, en los impúberes quienes por el solo hecho de no poder medir o tener plena conciencia de sus actos, y sin ser dementes, son también considerados incapaces (art. 1504 CC); en paralelo, la afectación de facultades psíquicas de la demandante, comprometieron su juicio y raciocinio, circunstancias que no le permitían evaluar el impacto de sus decisiones como de igual forma lo concluyó el auxiliar de la justicia en su dictamen.

 

Así, los tantas veces mencionados trastornos que padecía la demandante para la data de su renuncia, suficientemente demostrados, afectaron su capacidad volitiva y de raciocinio, lo que permite colegir, que conforme a los elementos de juicio a los que se ha hecho mención, se encuentra plenamente desvirtuada la presunción de capacidad establecida en el artículo 1503 del Código Civil, lo que conduce a la declaratoria de la nulidad absoluta del acto jurídico de la renuncia, pues se insiste, la actora carecía de voluntad y aptitud mental para expresar su consentimiento con efectos jurídicos vinculantes, restándole validez a aquella decisión, en los términos previstos en el inciso 2º del artículo 553 ibidem, vigente en aquella época.

 

En este orden, si en la renuncia presentada por la accionante se evidencia la ausencia de capacidad racional o de discernir, la consecuencia que de allí se deriva es la consagrada en los artículos 1740, 1741, 1742 y 1746 del Código Civil, aplicables en materia laboral por remisión del 19 del CST, lo que lleva que se produzca una nulidad absoluta, dando lugar a la abolición o rescisión del acto jurídico, tal y como de manera reciente lo sostuvo la Sala en la sentencia CSJ SL3827-2020, en la que se dijo «En este evento, el acto existe, pero está viciado por falta de alguno o algunos de los elementos de validez y «da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo», criterio que resulta aplicable al asunto bajo examen, cambiando lo que haya que cambiar.

 

Tales argumentos, sirven para precisar que se equivocó el juez de primer nivel al declarar la nulidad relativa del acto jurídico, en tanto que esta se presenta en los casos de vicios del consentimiento, error, fuerza o dolo, que no es el caso que aquí se evidencia, pues la afectación que se advierte es sobre la capacidad negocial de la demandante (CSJ SL572-2018, CSJ SL3827-2020).

 

ii) De la procedencia o no del reintegro al cargo de la actora.

 

Llegados a este punto, resulta pertinente entrar a analizar el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia practicado a la señora Franco Requena el 13 de diciembre de 2019, en el que le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 18,1% de origen común, estructurada el 9 del mismo mes y año, diagnosticándosele «trastorno mixto de ansiedad y depresión» (fs. 127 a 129 del cuaderno de la Corte).

 

En el acápite denominado valoraciones del calificador o equipo interdisciplinario (f. 128), se indicó:

 

Fecha: 09/12/2019 Especialidad: Medicina Laboral

 

Usuaria que relaciona patología mental de más de 16 años, hospitalizada en dos ocasiones( 2006, 2009) control periódico con psiquiatría cada dos meses; esta medicada con prisitq (sic) y valcotec (sic), ultima (sic) valoración por especialista en psiquiatría en octubre, antecedente quirúrgico cistopatía, no tiene pruebas neuropsicológicas al ef alerta (sic) orientada, pero 69 fondo de ojo normal cp normal ext fuerza normal, neurlo no focalización marcha normal No (sic) se aportan historias clínicas recientes, tiene historia aportada del año 2009.

 

Fecha: 09/12/2019 Especialidad: Terapia Ocupacional

 

Usuaria de 49 años, casada, 3 hijos, Contadora Pública, reside en Caucasia Antioquia, labora como contadora independiente desde hace 10 años. Actualmente ejerciendo su profesión. Laboro (sic) como gestora comercial en el BBVA, por espacio de 13 años. Usuario con antecedentes de enfermedad mental con diagnóstico de Trastorno de ansiedad y depresión, requirió hospitalización en el 2006 y 2008 en institución de salud mental, posterior a muerte violenta del esposo. Refiere que se volvió a casar en el 2010, y tuvo una hija. A la valoración paciente funcional, orientada en las 3 esferas, lenguaje coherente, pensamiento lógico, actualmente con síntomas controlados, estable con seguimiento por psiquiatría y uso de psicofármacos. Independiente en las ABC y AVD.

 

Análisis y conclusiones.

 

Usuaria con patología mental para la fecha de 2009, actualmente no es posible verificar el tratamiento ni secuelas neurocognitivas ya que no se aportan. acorde a la normatividad vigente se califica la enfermedad presente en el año 2009, para la fecha actual no es posible evidenciar la condición actual ni las secuelas mentales

 

Con base en lo anterior, se emitieron los siguientes valores porcentuales de deficiencias:

 

Total Deficiencia

10,00%

Sumatoria rol laboral, autosuficiencia económica y edad

7,50%

Sumatoria total de otras áreas ocupacionales

0.6%

Pérdida de capacidad laboral y ocupacional

18,10%

 

 

Conforme a esta probanza, se destaca entonces que la promotora del litigio, desde hace 10 años y hasta la actualidad ejerce su profesión de Contadora Pública; en 2010 contrajo matrimonio y tuvo otra hija, sus síntomas están controlados, se encuentra estable y continua con «seguimiento por psiquiatría y uso de psicofármacos».

 

Lo anterior permite inferir, que aun cuando continua en tratamiento médico, se evidencia que retomó su rol de vida familiar, social y laboral en forma normal, como esposa, madre y ejerciendo su profesión de Contadora Pública, y pese a la pérdida de capacidad laboral dictaminada, la referida Junta de Calificación indicó que no era posible evidenciar secuelas mentales.

 

En este orden, de acuerdo a la valoración sobre su estado de salud mental y la pérdida de capacidad laboral dictaminada, ello no conduce a sostener de manera categórica que esa condición constituya un impedimento o haga incompatible ordenar el reintegro al banco accionado, puesto que no se advierte que tenga una discapacidad que la límite o sea una cortapisa para continuar ejerciendo su cargo, o le impidan desarrollarse en forma plena en el campo laboral; concluir lo contrario, y señalar que las personas que se les haya diagnosticado una pérdida de capacidad laboral, tengan una invalidez o una discapacidad, no pueden reintegrarse nuevamente al mercado laboral, conduciría a transgredir su derecho al trabajo, garantizado no solo por mandato constitucional sino por diferentes instrumentos internacionales.

 

Es que no puede perderse de vista, que la discapacidad es un concepto universal definido hoy desde el ámbito de los derechos humanos, y consagrado igualmente en nuestra legislación interna, con la que se busca brindar una mayor protección a las personas que se encuentran con algún grado de limitación para acceder al campo laboral, con el fin de no transgredir sus derechos fundamentales (arts. 47, 54 CN, 1º de la Ley 1145/07, entre otras disposiciones).

 

Es así, como la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 en 1975 de la ONU, en su artículo 7, dispone: «El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales».

 

Por su parte, La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 762/02, define la discapacidad así: «El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social».

 

Lo anterior también tiene soporte en la Recomendación 168 de la OIT; el Convenio 159 de la OIT; la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO de 1981; la Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, aprobada por la Ley 1346/09

 

Sobre el particular, cabe rememorar la sentencia CSJ SL3610-2020, en la que se sostuvo:

 

[…] la discapacidad resulta de la interrelación que existe entre una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial de un sujeto, y los obstáculos del entorno, incluyendo los prejuicios sociales, que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Por tanto, indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud») y sus factores contextuales.

 

Entonces, como bien lo afirma el recurrente, invalidez y discapacidad son conceptos diferentes. Sin embargo, no son excluyentes y pueden superponerse, lo que significa que una persona puede tener un estado de invalidez y al mismo tiempo una discapacidad. De hecho, es usual que las personas declaradas inválidas tengan a su vez discapacidades derivadas precisamente de esas deficiencias que les impiden integrarse en los entornos laborales. Es decir, puede suceder y es bastante común, que las deficiencias que provocan un estado de invalidez, también contribuyan a estructurar una discapacidad en un contexto laboral específico.

 

[…]

 

Igualmente, admitir que las personas en quienes concurre una invalidez y una discapacidad no pueden reincorporarse a la fuerza laboral no solo vulnera su derecho al trabajo; también niega su autonomía individual garantizada en la Convención y pone el énfasis en lo que no pueden hacer en vez de acentuar aquello que sí son capaces de ejecutar(Subrayado fuera del texto original).

 

Otra cosa, y esto es bien distinto, es que por razón de la discapacidad sea evidente que la persona no puede desempeñar ninguna actividad remunerada en la empresa, aún si se hicieran los ajustes razonables, readaptaciones y reubicaciones del caso. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es contundente en que los ajustes deben ser razonables, es decir, no pueden implicar una carga desproporcionada o imposible para el empleador (arts. 2 y 27). (Subrayado fuera del texto original).

 

 

Bajo este horizonte, acorde con lo acreditado en juicio, y particularmente respecto de las condiciones de salud mental de la accionante que se describieron en el dictamen a ella practicado, encuentra la Sala que no existe fundamento legal alguno que impida ordenar la reinstalación al cargo de la señora Franco, siendo pertinente traer a colación lo dicho en la sentencia CSJ SL, 23 oct. 1995, rad. 7782, rememorada en la CSJ SL3827-2020, donde se puntualizó: «[…] el desconocimiento del valor legal del acto de la renuncia trae consigo la restitución completa de las cosas al estado en que se hallarían ni no hubiese existido el acto anulado, o sea la existencia del contrato de trabajo y el reconocimiento de todos los salarios dejados de percibir, tal y como lo ordena el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que el trabajador no ha prestado servicio por culpa del empleador».

 

En virtud de lo anterior, se revocará el numeral primero de la sentencia del 23 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Laboral Adjunto al Civil de Caucasia, para su lugar, declarar la nulidad absoluta de la renuncia presentada por la señora Sandra Isabel Franco Requena el 15 de agosto de 2008, al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. Se adiciona dicha providencia, en el sentido de ordenar el pago de los aportes a la seguridad social correspondientes a la demandante desde la data antes referida. En lo demás, se confirmará la decisión.

 

Las consideraciones anteriores, sirven también de fundamento para despachar negativamente las excepciones propuestas por la enjuiciada, y de igual forma para negar la solicitud de revocatoria de la sentencia condenatoria de primer grado.

 

Las costas en las instancias quedarán a cargo de la parte vencida en juicio que lo fue el banco accionado.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 23 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Laboral Adjunto al Civil de Caucasia, y en su lugar, declarar la nulidad absoluta de la renuncia presentada por la señora Sandra Isabel Franco Requena el 15 de agosto de 2008, al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA”.

 

SEGUNDO: ADICIONAR la mencionada sentencia de primer grado, en el sentido de ordenar al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA”, el pago de los aportes a la seguridad social de Sandra Isabel Franco Requena desde el 15 de agosto de 2008, y hasta la fecha del reintegro.

 

Se confirma en lo demás.

 

Costas en las instancias, como se indicó en la parte motiva.

 

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

 

 

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala


 


 

GERARDO BOTERO ZULUAGA


 


 

FERNANDO CASTILLO CADENA


 


 

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO


 


 

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

 

 



 


 

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR


 


 

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

1 RAE, Diccionario esencial de la lengua Española, 22 edición; Madrid: Espasa Calpe, 2006, p. 270.

 

2 RAE, Diccionario esencial de la lengua Española, 22 edición; Madrid: Espasa Calpe, 2006, p. 270.

 

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