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PROCEDIMIENTO PENAL

Sistema penal acusatorio – Recurso de casación: redundancia y contradicción del principio de economía procesal, al interponer el recurso de casación contra las sentencias proferidas en segunda instancia por la Sala de Casación Penal (STL635-2021)

 

PROCEDIMIENTO PENAL - Derecho a impugnar las sentencias condenatorias - Sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia: competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de la solicitud de doble conformidad respecto de las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales superiores

PROCEDIMIENTO PENAL - Sistema penal acusatorio - Recurso de casación: improcedencia del recurso contra las sentencias proferidas en segunda instancia por la Sala de Casación Penal en virtud del derecho a la doble conformidad

PROCEDIMIENTO PENAL - Sistema penal acusatorio - Recurso de casación: innecesariedad de control judicial penal para las decisiones proferidas por el órgano de cierre de la justicia ordinaria

PRINCIPIO DE LA DOBLE CONFORMIDAD - Derecho a impugnar las sentencias condenatorias: aspectos que comprende el conocimiento de la impugnación especial

PROCEDIMIENTO PENAL - Sistema penal acusatorio - Recurso de casación: redundancia y contradicción del principio de economía procesal, al interponer el recurso de casación contra las sentencias proferidas en segunda instancia por la Sala de Casación Penal

 

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

STL635-2021

Radicado n.° 91515

Acta 03

 

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021).

 

La Corte decide la impugnación que PEDRO NICOLÁS ARBOLEDA ARROYABE, TIBERIO FERNÁNDEZ LUNA, RICARDO CALDERÓN ASCANIO PABLO EMILIO DAZA RIVERA interpusieron contra el fallo que la homóloga Sala de Casación Civil profirió el 25 de noviembre de 2020, en el trámite de la acción de tutela que los recurrentes formularon contra la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

 

  1. ANTECEDENTES

 

Los convocantes promovieron la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso e igualdad.

Para respaldar su solicitud, afirmaron que en su contra y otras personas naturales se inició investigación por el delito de lavado de activos, en calidad de asociados de la Cooperativa de Trabajadores de Drogas La Rebaja – Coopservir.

 

Expusieron que dicho asunto se tramitó ante el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, quien dictó sentencia absolutoria el 29 de junio de 2012.

 

Adujeron que contra esa decisión «se interpuso» recurso de apelación y que a través de sentencia de 18 de marzo de 2019 la Sala de Extinción de Domino del Tribunal Superior de Bogotá la revocó y, en su lugar, los condenó a 300 meses de prisión, en calidad de coautores del delito de «lavado de activos agravado».

 

Señalaron que presentaron «impugnación especial» con el propósito que la Sala de Casación Penal de esta Corte analizara a su favor el principio de doble conformidad y que aquella Sala profirió sentencia CSJ SP2190-2020 de 8 de julio de 2020, por medio de la cual: (i) modificó el fallo del ad quem y los condenó a 159 meses y 23 días de prisión; (ii) revocó la sentencia condenatoria respecto a otros procesados distintos a ellos cuatro, y (iii) advirtió que «contra esta determinación no proceden recursos».

 

Explicaron que la Sala de Casación Penal transgredió su derecho fundamental al debido proceso al considerar que contra la decisión que decide la doble conformidad no proceden recursos, pues les impidió interponer el recurso extraordinario de casación al cual tienen derecho para que se analice nuevamente su caso y se dicte una sentencia absolutoria.

 

Agregaron que la homóloga de Casación Penal debió aplicar el principio de doble conformidad a través de una «Sala especializada de tres magistrados» y permitirles interponer contra esa determinación el recurso extraordinario de casación, el cual es fundamental para:

 

(…) controlar la legalidad del fallo que confirma la condena emitida por el pleno de la Sala de Casación Penal, en el que se hacen una serie de manifestaciones que no corresponden con la realidad probatoria y se dejan de responder argumentos de las impugnaciones que de haberse enfrentado, hubiesen llevado al juzgador a [su] absolución.

 

 

Aseveraron que los precedentes constitucionales de la Sala de Casación Civil han concluido que la impugnación especial y el recurso de casación son diferentes, que tienen ámbitos de aplicación distintos y que no son excluyentes. Asimismo, señalaron que «la Ley 600 de 2000 que [les] otorga (…) el derecho de interponer el recurso extraordinario (…) no ha sido modificada, y por vía de un procedimiento incluido en una decisión de la Sala de Casación Penal (…) no puede derogarse o modificarse la ley».

 

Conforme lo anterior, requirieron que se deje sin efecto jurídico la sentencia CSJ SP2190-2020 en cuanto indicó que «contra esa decisión no proceden recursos» y, en su lugar, se les permita interponer el recurso extraordinario de casación contra es decisión, por medio de la cual se decidió el principio de doble conformidad.

 

 

I.TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

 

La Sala de Casación Civil de esta Corporación admitió la acción constitucional mediante auto de 28 de agosto de 2020, por medio del cual corrió traslado a la Corporación encausada para que ejerciera su defensa y vinculó para los mismos fines a las partes y demás intervinientes en el proceso penal que motivó la interposición de la presente queja constitucional.

 

Durante tal lapso, un magistrado de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá solicitó que se desvincule a dicho Colegiado de instancia del trámite preferente, pues considera que el reproche de los proponentes se dirige de manera exclusiva contra la Sala de Casación Penal.

 

El Procurador 20 Judicial Penal II manifestó que el resguardo constitucional es procedente de conformidad con «el precedente STC16778-2019en aras de que finalmente se viabilice el trámite del recurso de casación interpuesto al tiempo con la impugnación especial».

 

El magistrado de la Sala de Casación Penal que obró como ponente de la decisión en controversia manifestó que los accionantes no plantearon sus actuales reparos ante esa Corporación, que era el juez natural. Asimismo, señaló que los supuestos fácticos que se estudiaron en la sentencia CSJ STC16778-2019, a la que los actores aluden como «precedente», son distintos de los que aquí se discuten, dado que dicha decisión se refirió a la «concesión de la impugnación especial» y no a la procedencia del recurso extraordinario de casación contra la providencia que la estudia. Por último, indicó que lo que los actores pretenden «es la remoción de la cosa juzgada y, por esa vía, la prescripción de la acción penal que, de no haberse emitido oportunamente la sentencia, se hubiese consolidado el 19 de julio de 2020».

 

Luego de surtirse el trámite correspondiente, a través de sentencia de 25 de noviembre de 2020 la homóloga Sala de Casación Civil concedió la protección constitucional.

 

Para tal efecto, señaló que la providencia de la Sala de Casación Penal que analizó el principio de doble conformidad en el caso de los proponentes es susceptible de controversia mediante el recurso extraordinario de casación, dado que se trata de una decisión de última instancia contra la cual procede aquel medio de impugnación y el de revisión. Asimismo, señaló que «la exclusión de este último, como se desprende del inciso final de la providencia cuestionada, implica el desconocimiento del tenor literal de las reglas reguladoras del juicio».

 

Por otra parte, indicó que:

 

(…) una hermenéutica que torne improcedente el remedio extraordinario en razón a que el procesado se vio amparado por la apelación especial, en desarrollo del principio de la doble conformidad, implica la adopción de una interpretación restrictiva desde el punto de vista procesal, lo que tampoco es de recibo habida cuenta que «[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable».

 

 

Conforme lo anterior, dejó sin efecto jurídico la sentencia CSJ SP2190-2020 en cuanto señaló que «contra esa decisión no procede recurso alguno» y, en su lugar, dispuso que:

 

(…) en un término no superior a 10 días, deberá emitir un nuevo pronunciamiento en el que indique la posibilidad de que los intervinientes a quienes les fue desfavorable la sentencia que resolvió la impugnación especial (SP2190-2020) interpongan el recurso extraordinario de casación, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo.

 

 

II.IMPUGNACIÓN

 

Inconforme con la decisión anterior, un magistrado de la Sala de Casación Penal la impugnó y solicitó su revocatoria.

 

Para tal efecto, indica que la decisión del juez constitucional de primer grado «carece de fundamento racional y jurídico», pues no existe ni ha existido nunca una regulación normativa nacional o internacional que autorice la interposición del recurso extraordinario de casación contra las decisiones que dicte la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, señala que no hay razón para la implementación de una «cadena interminable de recursos, so pretexto de garantías que no se definen», máxime que el caso de los actores ya se analizó por tres autoridades: por el juez a quo, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en pleno, en virtud del principio de doble conformidad.

 

Agrega que el recurso de casación «no es un derecho fundamental», pues si lo fuera todas las disposiciones legales que lo limitan serían inconstitucionales. Además, indica que el Acto Legislativo 01 de 2005 no consagró la creación de un superior funcional para la Corte Suprema de Justicia ni determinó «la conformación especial de Salas de Decisión para conocer del recurso extraordinario de casación frente a fallos de impugnación especial», como tampoco que la función casacional se trasladara a la sala de conjueces.

 

Por último, plantea que:

 

La irreflexiva orden de amparo de la Sala de Casación Civil, de garantizar a los accionantes el recurso extraordinario de casación, es además irrealizable en el presente asunto, porque al levantarse los efectos de cosa juzgada para la tramitación del recurso extraordinario, la acción penal automáticamente prescribe. Y al caso no son aplicables los efectos suspensivos del fenómeno extintivo dispuestos por vía de excepción para la impugnación especial, por tratarse de cuestiones totalmente disímiles.

 

 

 

III.CONSIDERACIONES

 

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como el mecanismo idóneo para que todas las personas puedan acudir ante los jueces con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales que les han sido vulnerados o amenazados con ocasión de la acción u omisión de una autoridad pública o, en ciertos casos, por parte de un particular.

 

 

En el presente asunto, los proponentes del resguardo constitucional consideran que la Sala de Casación Penal de esta Corte lesionó su derecho fundamental al debido proceso, pues les impidió interponer recurso extraordinario de casación contra el fallo CSJ SP2190-2020 que profirió la misma Sala y a través del cual se estudió la «impugnación especial» que presentaron en virtud del principio de doble conformidad.

 

Por tanto, a efectos de establecer si ocurrió la vulneración que se alega, la Corte analizará los siguientes aspectos: (1) el derecho fundamental al debido proceso; (2) el principio de doble conformidad en materia penal; (3) si el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias de la Sala de Casación Penal que deciden la impugnación especial en virtud del principio de doble conformidad, y (4) el caso concreto.

 

 

 

  1. El derecho fundamental al debido proceso.

 

El derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política es una de las prerrogativas superiores cuya protección puede obtenerse a través de la acción de tutela. Este ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como el conjunto de garantías que tiene por objeto sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas sustanciales y procesales específicas para proteger los derechos de las personas involucradas en las mismas, preservar el valor material de la justicia y lograr los fines esenciales del Estado social de derecho.

 

Así, en virtud de tal derecho, el director de la respectiva actuación judicial o administrativa debe ceñir sus actos al procedimiento previamente establecido en la ley con el fin de preservar los derechos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes están involucrados en el correspondiente trámite.

 

Por otra parte, la prerrogativa en referencia implica el derecho de las personas a ser juzgadas por el juez competente en cada caso concreto y al amparo de la plenitud de las formas propias de cada juicio, a solicitar y allegar pruebas, a controvertir los medios de convicción existentes, a formular alegatos, a presentar impugnación contra las decisiones que se adopten y, finalmente, a obtener decisiones fundadas en criterios razonables y compatibles con el ordenamiento jurídico.

  1. El principio de doble conformidad.


 

En materia penal se contempló el principio de la doble conformidad como parte integrante del debido proceso en dicha especialidad. Este se entiende como el derecho que tienen los ciudadanos a impugnar la sentencia en la que por primera vez se les imponga una condena en un proceso penal, bien sea que esto ocurra en única, primera o segunda instancia.


 

Dicha impugnación se hace a través de una petición especial sencilla y eficaz que permita al superior funcional de la autoridad que profirió la condena revisarla de manera completa e integral, esto es, verificar si se ajusta a los postulados normativos aplicables y a una adecuada valoración probatoria. 

 

Respecto a este principio, en sentencia CSJ SL5246-2020 esta Corte señaló:

 

En materia penal, a partir del Acto Legislativo 01 de 2018 se contempló el principio de la doble conformidad como parte integrante del debido proceso en dicha especialidad. Este principio se entiende como el derecho que tienen los ciudadanos a impugnar la sentencia en la que por primera vez se les imponga una condena en un proceso penal, ya sea que esto ocurra en única, primera o segunda instancia.


 

Tal impugnación se hace a través de una petición especial sencilla y eficaz que permita al superior funcional de la autoridad que profirió la condena revisarla de manera completa e integral, esto es, verificar si se ajusta a los postulados normativos aplicables y a una adecuada valoración probatoria. 

 


 

 

Asimismo, en sentencia C-792-2014 la Corte Constitucional analizó tal prerrogativa y exhortó en dicha ocasión al Congreso de la República para que «en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regulara integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias».

 

El lapso indicado finalizó sin que el legislador atendiera tal exhorto, de modo que el Tribunal constitucional profirió la sentencia CC SU-215-2016, a través de cual señaló que el principio de doble conformidad aplica a partir del 25 de abril de 2016 únicamente para las sentencias que en dicha calenda estuvieran en término de ejecutoria o para que se emitieran con posterioridad a esa fecha. En dicha oportunidad explicó:

 

Pues bien, el edicto mediante el cual se notificó la sentencia C-792 de 2014 se fijó el 22 de abril y se desfijó el 24 de abril, ambos del año 2015.[50] Por ende, el plazo del exhorto al Congreso de la República para legislar sobre la materia empezó a correr el 25 de abril de 2015 y se habría vencido el 24 de abril de 2016. Es entonces solo a partir de esa fecha que procede, por ministerio de la Constitución y sin necesidad de ley, la impugnación de los fallos condenatorios dictados por primera vez en segunda instancia en un proceso penal, ante el superior jerárquico o funcional de quien los expidió. Pero, además, la impugnación instaurada en virtud de la decisión de la Corte no procedería respecto de la totalidad de sentencias condenatorias expedidas en el pasado. De acuerdo con los principios generales referidos al efecto de las normas procesales en el tiempo, y de conformidad con el principio de favorabilidad aplicable en esta materia, la parte resolutiva de la sentencia C-792 de 2014 no comprende la posibilidad de impugnar las sentencias dictadas en procesos ya terminados para ese momento.[51] Únicamente opera respecto de las sentencias que para entonces aún estuvieran en el término de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha.[52] 

 

 

 

Por otra parte, el 18 de enero de 2018 el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 del mismo año, relativo al principio en comento. Y posteriormente, en la sentencia CC SU-146-2019 la Corte Constitucional estableció que «el derecho a la doble conformidad de los aforados constitucionales condenados en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia» opera por aplicación directa de los artículos 29, 85, y 93 de la Constitución Política, 14.5 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 y 9.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, señaló que dicha garantía «es aplicable a partir del 30 de enero de 2014», data en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam y consideró que la nación demandada vulneró el derecho a la impugnación a un exministro condenado en única instancia por el máximo Tribunal de ese país.

 

Conforme a los anteriores precedentes judiciales referidos, a través de auto AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020 la homóloga Sala de Casación Penal determinó que el principio de doble conformidad se aplica conforme a las siguientes reglas:

 

  1. A los aforados constitucionales condenados en única instancia entre el 30 de enero de 2014 y el 30 de enero de 2018, día anterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018.

 

  1. A los ciudadanos sin fuero constitucional que la Corte Suprema de Justicia condenó en segunda instancia o en el marco del recurso extraordinario de casación, a partir del 30 de enero de 2014.

 

  1. A los ciudadanos sin fuero constitucional condenados por primera vez por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los Tribunales Superiores Militares desde el 30 de enero de 2014, siempre que hayan interpuesto el recurso extraordinario de casación y la Corte lo haya inadmitido.


 


 

  1. Del recurso extraordinario de casación contra las decisiones que la Sala de Casación Penal dicta en virtud de la doble conformidad.


 

De conformidad con los preceptos que se analizaron en el acápite anterior, el principio de doble conformidad lo aplica el superior funcional de la autoridad que profirió la primera condena contra el procesado en el juicio penal. Por tanto, es competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia analizar esta prerrogativa respecto de las primeras condenas que profieren los Tribunales, sea en primera o en segunda instancia.

 

En estos eventos, le corresponde al órgano de cierre de la justicia penal realizar un análisis completo de las cuestiones jurídicas, fácticas y probatorias del caso, a fin de establecer si la decisión desfavorable al enjuiciado debe o no mantenerse.

 

Ahora, es oportuno señalar que las fuentes legales y jurisprudenciales que se analizaron no prevén que contra la sentencia que dicte la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en virtud de este principio proceda el recurso extraordinario de casación. Por el contrario, las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, que tienen carácter procesal y son de orden público y de obligatorio acatamiento, establecen que la procedencia de ese medio de impugnación está reservada contra otro tipo de decisiones.

 

Así, el artículo 205 de la primera disposición señala que:

 

(…) La casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad

 

 

Y el artículo 181 del segundo precepto referido establece que: «El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (…)

 


 

Al respecto, esta Sala considera que la inexistencia de normativas que posibiliten la interposición del recurso extraordinario de casación contra decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no es aleatoria ni obedece a un descuido del legislador, más bien, se trata de un hecho con sentido que lo armoniza con el ordenamiento jurídico, pues nótese que en la Constitución Política se concibió dicha Corporación como órgano de cierre de la justicia ordinaria en la especialidad penal y, por ello, es factible entender que sus decisiones en esa materia no requieren control por parte de conjueces u otras autoridades.


 

Por otra parte, no puede desconocerse que las decisiones que la homóloga de Casación Penal profiere en virtud del principio de doble conformidad abordan aspectos tales como (i) la efectividad del derecho material y de las garantías que se deben a los procesados, y (ii) la reparación de los agravios que la condena del Tribunal les ha infligido, de ser el caso. Así, es evidente que la interposición del recurso de casación contra una decisión de esta naturaleza sería redundante y contraria al principio de economía procesal, pues el medio de impugnación extraordinario propende justamente por aquellos propósitos.


 

En síntesis, el criterio de esta Sala de la Corte difiere del que planteó la Sala de Casación Civil en el fallo impugnado, pues esta Corporación coincide con el recurrente en cuanto señala que no existen fundamentos jurídicos que avalen la interposición del recurso extraordinario de casación contra decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de modo que no es procedente que por vía de acción de tutela se distorsione la legislación vigente y se habilite la interposición de aquel mecanismo.


 

  1. Caso concreto.


 

En el presente asunto, se advierte que la justicia penal imputó a los accionantes como coautores del delito de lavado de activos, en calidad de en calidad de asociados de la Cooperativa de Trabajadores de Drogas La Rebaja – Coopservir.

 

El asunto en comento se asignó al Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá con Funciones de Conocimiento, quien dictó sentencia absolutoria el 29 de junio de 2012.

 

El delegado de la Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la decisión en comento y la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá la revocó a través de sentencia de 18 de marzo de 2019. En su lugar, condenó a los procesados a 300 meses de prisión y multa de 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de coautores del delito de «lavado de activos agravado».

 

Los procesados presentaron distintos escritos en los que manifestaron reparo con la decisión del Tribunal y la Sala de Casación Penal se pronunció sobre cada una de dichas inconformidades en sentencia CSJ SP2190-2020, a través de la cual analizó el contexto fáctico y jurídico en que se desarrolló el proceso, confrontó la decisión del Tribunal con la normativa aplicable al asunto en controversia y arribó a las siguientes conclusiones:

 

Respecto a Pablo Emilio Daza Rivera, concluyó que:

 

(…) ingresó a Drogas La Rebaja el 1º de enero de 1991 en el cargo de director tributario, el cual ejerció hasta el 31 de julio de 1996. Fue asociado de Copservir desde el 1º de diciembre de 1995 y desde el 1º de agosto de 1996, continuó ejerciendo el cargo de director tributario en dicha cooperativa hasta el 31 de diciembre de ese año, cuando fue desvinculado. Perteneció a la junta de vigilancia de Copservir, desde el 11 de noviembre de 1998 hasta el 25 de marzo de 2004.

 

De manera que, en su calidad de jefe del Departamento Tributario Drogas La Rebaja, fue uno de los principales artífices de la estructura contable para el blanqueo de capitales por parte de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

 

 

Frente a Pedro Nicolás Arboleda Arroyave, señaló que:

 

Estuvo enterado que ante la inclusión de Copservir en la “lista Clinton”, se creó otro mecanismo que permitía continuar con el blanqueo de los capitales de procedencia ilícita, es decir, la suscripción de los mandatos con Caja Solidaria, a través de la cual se direccionaban los dineros que terminaban retornando, con apariencia de legalidad, a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela (…)

 

fue una de las personas de confianza que Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela ubicaron en Copservir, para tener el control de su funcionamiento y lograr la consumación y el agotamiento del lavado de activos, donde desempeñó un rol de dirección.

 

Ejerció gerencias regionales, director general de auditoria, director de compras y vicepresidente de compras y distribución de esta cooperativa, desde el 16 de febrero de 1998 hasta 2009, lo que permite atribuirle la agravante del art. 324 del Código Penal.

Sobre la responsabilidad de Tiberio Fernández Luna, señaló:

 

(…) se trata de uno de los empleados con cargo directivo en Drogas La Rebaja, que pasó a ser de los 60 asociados iniciales de la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidora de Drogas - Copservir Ltda., relacionado con el número 8 y con un aporte de $10.000, siendo designado miembro suplente del consejo de administración, tal como se constata en el acta de constitución de 22 de julio de 1995.1

 

Está establecido que esos cargos le permitieron conocer la doble contabilidad y la sobrefacturación, y enterarse de las operaciones financieras llevadas a cabo con Drogas La Rebaja. Luego pasó a ser directivo de Copservir, desde donde contribuyó al blanqueo de capitales.

Su vinculación con las anteriores empresas y el hacer parte de la junta directiva de Copservir, le permitía advertir que esa cooperativa no contaba con la capacidad financiera para negociar una empresa de más de 35 mil millones.

 

 

Respecto a Ricardo Calderón Ascanio, precisó que:

 

(…) realizó aportes eficaces para continuar con el blanqueo de los capitales de procedencia ilícita, es decir, con la suscripción de las prórrogas de los mandatos con Caja Solidaria, a través de la cual se direccionaban los dineros que terminaban retornando, con apariencia de legalidad, a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

 

Se recalca, entonces, que el cargo de gerente regional en Drogas La Rebaja y en Copservir, lo ubica como una de las personas de confianza de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes continuaban controlando el funcionamiento de esta cooperativa para lograr la consumación y el agotamiento del lavado de activos.

 

Entonces, como en el proceso está claramente determinado que hizo parte del blanqueo de capitales dispuesto por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela para encubrir el origen ilícito de los recursos invertidos en Drogas La Rebaja, actuaciones en las que el acusado realizó aportes esenciales y con claro conocimiento que se trataba de una actividad ilícita, cuyos efectos se prolongaron hasta la intervención estatal de las cooperativas, se confirmará en su caso la decisión de condena.

Asimismo, realizó todas las consideraciones pertinentes, alusivas a la tasación de la pena y estimó que:

 

(…) es del caso ubicarse en los cuartos medios, cuyo mínimo para la prisión es de 159 meses y 23 días, y para la multa de 12.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes, penas que serán las que deben pagar los procesados condenados, por los motivos consignados en las consideraciones precedentes.

 

Por último, indicó que «contra esa determinación no proceden recursos».

 

Así, al analizar las anteriores actuaciones, esta Sala considera que la autoridad accionada no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, en tanto estudió el principio de doble conformidad a su favor, analizó la legalidad de la condena que impuso el ad quem e incluso redujo la pena que deben cumplir como coautores de la conducta punible a la que se ha hecho referencia.

 

Ahora, los convocantes pretenden que por vía de tutela se les autorice interponer recurso extraordinario de casación contra la sentencia CSJ SP2190-2020, lo cual implicaría una revisión adicional de su caso. No obstante, esta Sala considera que tal aspiración no tiene fundamento legal, pues, como se explicó, el recurso extraordinario de casación no está previsto contra decisiones del órgano de cierre en materia penal.

 

Por otra parte, esta Corporación estima que esa pretensión es abiertamente desproporcionada, pues el ordenamiento jurídico interno y los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad prevén la garantía de doble instancia, pero ello no implica que las decisiones se revisen una y otra vez por las autoridades judiciales, pues ello conlleva la imposición de la «cadena ininterrumpida de recursos» a que hizo alusión el impugnantelo cual no es acorde al principio de seguridad jurídica.

 

En el anterior contexto, se revocará la decisión controvertida y, en su lugar, se negará el resguardo constitucional invocado.

 

IV.DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: Revocar el fallo impugnado para, en su lugar, negar la acción de tutela interpuesta.

 

SEGUNDO: Comunicar esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

 

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

 

 

 

Notifíquese, publíquese y cúmplase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cfr. Fl. 104 cuaderno original n.° 15.

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