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PROCEDIMIENTO LABORAL > AMPARO DE POBREZA > PROCEDENCIA - Conforme a lo dispuesto en los artículos 151 y 152 del CGP aplicables por remisión del artículo 145 del CPTSS, procede la concesión del amparo de pobreza en el trámite del recurso extraordinario de casación, pues el legislador no impide su utilización ni impone carga adicional a quien eleva la solicitud distinta a la de afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones que exige la norma, esto en procura de materializar el principio constitucional de la buena fe

PROCEDIMIENTO LABORAL > AMPARO DE POBREZA > FINALIDAD - El amparo de pobreza tiene como finalidad garantizar a las personas que se encuentren en una difícil situación económica, respecto de sus condiciones mínimas de subsistencia, la defensa de sus derechos en procura de acceder a la administración de justicia en los términos del artículo 229 de la CN, además garantizar la igualdad real de las partes durante el desarrollo del proceso, permitiendo a aquella que por excepción se encuentre en un estado económico en extremo engorroso, ser válidamente exonerada de la carga procesal de asumir ciertos costos, que inevitablemente se presentan

PROCEDIMIENTO LABORAL > ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - El derecho de acceso a la administración de justicia no se agota con la sola posibilidad de hacer parte de un proceso judicial, sino que se debe garantizar ser escuchado e intervenir activamente en él, para además de solicitar y controvertir las pruebas, interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que sean procedentes

RECURSO DE CASACIÓN > AMPARO DE POBREZA - La petición de amparo de pobreza en sede extraordinaria de casación debe ser examinada sin que implique su rechazo «in limine», en aras de propender la materialización de las garantías de igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia en razón de los cambios normativos de trámite y procedencia que consigna el CGP

RECURSO DE CASACIÓN > AMPARO DE POBREZA - Se concede el beneficio del amparo de pobreza invocado por la parte recurrente, cuyo efecto es eximirle del pago de cauciones, expensas, honorarios de auxiliares de justicia y al hecho de no ser condenado en costas, si ello ocurre

 

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado Ponente

 

AL103-2021

Radicación n.°87347

Acta 02

 

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).

 

Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de amparo de pobreza formulada por la parte demandante recurrente, en trámite del recurso extraordinario de casación, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por PEDRO EMILIO PAÉZ GÓMEZ contra. PRODUCTOS RAMO S.A.


 

  1. ANTECEDENTES


 

Mediante auto de 3 de diciembre del 2019, emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, se concedió el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 remitiéndose a esta sede para su trámite.


 

Previo a la admisión del medio defensivo en cuestión, Decide la Sala sobre escrito de fecha 11 de marzo de 2020, donde el recurrente solicita, ante el Consejo Superior de la Judicatura, que se le conceda el beneficio de «amparo de pobreza», para lo cual manifiesta que no puede sufragar los costos que conlleva el trámite del recurso de casación que fue interpuesto por su abogada, requiriendo que se asigne «un apoderado en amparo de pobreza para sustanciar recurso de casación», petición que, posteriormente, fue traslada a esta Corporación para su resolución.

  1. CONSIDERACIONES


 

Para resolver sobre el asunto sometido a consideración de la Corte, conviene precisar que el amparo de pobreza fue diseñado para garantizar a las personas que se encuentren en una difícil situación económica, respecto de sus condiciones mínimas de subsistencia, la defensa de sus derechos en procura de acceder a la administración de justicia en los términos del artículo 229 de la Constitución Política, exentas de las cargas económicas que para las partes implica la decisión de los conflictos jurídicos, sobre todo frente a los que pueden menoscabar lo necesario para su sostenimiento y el de las personas que dependan económicamente de este.

 

La finalidad de la figura, además, es garantizar la igualdad real de las partes durante el desarrollo del proceso, permitiendo a aquella que por excepción se encuentre en un estado económico considerablemente difícil, ser válidamente exonerada de la carga procesal de asumir ciertos costos, que inevitablemente se presentan durante el transcurso del proceso. Se trata de que, aun en presencia de situaciones extremas, el interviniente no se vea forzado a escoger entre atender su congrua subsistencia y la de a quienes por ley debe alimentos, o sufragar los gastos y erogaciones que se deriven del proceso en el que tiene legítimo interés.

 

De esta manera, el derecho de acceso a la administración de justicia no se agota con la sola posibilidad de hacer parte de un proceso judicial, sino que se debe garantizar ser escuchado e intervenir activamente en él, para además de solicitar y controvertir las pruebas, interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que sean procedentes. Por regla general dicha intervención debe ser realizar a través de un profesional del derecho, ya que solo por excepción se permite actuar en causa propia.

 

Lo anterior cobra especial importancia en el proceso laboral en el que se deben considerar las circunstancias de debilidad del trabajador, afiliado o beneficiario, frente al empleador o a las administradoras del sistema general de seguridad social, según el caso, por lo que se debe remover cualquier obstáculo que pueda afectar la intervención en el proceso.

 

En armonía de estos preceptos, la postura de la Sala en eventos donde se ha examinado la procedencia de la solicitud de amparo de pobreza ha sido que dada su naturaleza especial, su concesión no opera de forma automática por la simple solicitud bajo juramento del peticionario, pues exige adelantar un trámite incidental con sujeción a lo establecido en los artículos 37 y 38 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que implica que se deben acompañar las pruebas que la respaldan y, no procede en el trámite del recurso extraordinario de casación, en razón a que el auto que decide el incidente es susceptible del recurso de apelación y no es viable su petición ante esta Corporación porque carece de superior jerárquico.

 

También se ha dicho por la Corte, de conformidad con los artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil, que:

 

(…) no es suficiente la simple petición juramentada sino que es necesario pedir o practicar las pruebas que justifiquen el amparo, lo que en este caso no ha hecho la demandante; además de que, como se precisó en auto del 28 de agosto de 1997 (radicación 9933), "no es posible concederlo por primera vez en el trámite del recurso extraordinario de casación sino que necesariamente debe ser otorgado en las instancias en salvaguarda del debido proceso y en obedecimiento del precepto trascrito" (CSJ AL, 27 sept. 2005, rad. 24959).

 

Posteriormente, ya en vigencia del Código General del Proceso, en los autos CSJ AL4878-2018 y AL1193-2017, se decantó lo siguiente:

 

[…] el amparo tiene su viabilidad en las instancias, pues son ellas los escenarios idóneos para que las personas puedan reclamar la satisfacción de los derechos que le han sido afectados, labor que no corresponde propiamente a esta Corporación en tanto su función de casación le impone el esquema riguroso de la confrontación de la sentencia con la ley, labor que corresponde con su misión unificadora de la jurisprudencia nacional.

 

Adicionalmente, existe otra razón para rechazar la solicitud, pues aunque el Código General del Proceso ya no establece la posibilidad de que el auto que niega el amparo sea apelable; el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consagró como apelable el auto que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida, lo que permite concluir que no es posible concederlo por primera vez en el recurso extraordinario de casación, sino que necesariamente debe ser otorgado en las instancias en salvaguarda del debido proceso.

 

Ahora bien, al realizar una nueva revisión sobre el particular, esta Sala de Casación advirtió la necesidad de replantear el criterio esbozado en líneas anteriores, conforme a lo establecido en el artículo 151 y 152 del CGP, aplicables por remisión normativa del artículo 145 del CPTSS, que fundamenta la procedencia para conceder el amparo de pobreza «a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso».

 

Ciertamente, el legislador en el Código General del Proceso no impidió la utilización del amparo de pobreza en el recurso extraordinario de casación, ni impuso carga adicional a quien eleva la solicitud distinta a «afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones exigidas» en el artículo 151 ib., en procura de materializar el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional.

 

En esencia, el artículo 153 del nuevo estatuto procesal establece que «Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de la demanda. En la providencia en que se deniegue el amparo se impondrá al solicitante multa de un salario mínimo mensual (1 smlmv)», mientras que el Código de Procedimiento Civil prescribía, además de lo transcrito, que «El auto que niega el amparo es apelable, e inapelable el que lo conceda».


 

Siguiendo esa perspectiva, emerge cristalino que la modificación introducida suprimió de la norma adjetiva la oportunidad de recurrir verticalmente el auto que acepta o no la concesión del amparo, de manera que resulta consecuente que en sede extraordinaria de casación no se encuentre vedada la posibilidad de estudio sobre su admisibilidad.


 

No sufre variación tal postulado, a voces del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que enlista como apelable el auto que decida o deniegue el trámite de un incidente, pues en virtud del Decreto 2282 de 1989, que modificó algunos apartes del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), la solicitud de amparo de pobreza no se ventila en una actuación incidental.


 

Se afinca tal planteamiento con lo consignado en el artículo 127 del Código General del Proceso el cual dispone que:


 

«Solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale; los demás se resolverán de plano y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos».


 

Ahora, si bien el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social estipula la oportunidad para proponer los incidentes en su artículo 37 lo cierto, es que se vislumbra necesario memorar la naturaleza y esencia misma del instituto procesal que, valga decir, no se encuentra contemplado en el compendio normativo laboral, pero que, por remisión, ante ausencia de expresión literal por parte del legislador del ramo, autoriza la aplicabilidad del referido artículo 127 del CGP.


 

De esa manera, en aras de propender por la materialización de las garantías de igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia, la petición de amparo de pobreza que en sede extraordinaria de casación sea elevada debe ser examinada sin que implique su rechazo in limine, en razón de los cambios normativos de trámite y procedencia que trajo consigo el Código General del Proceso.


 

Para el caso de marras, debe anticiparse que la solicitud de amparo de pobreza se presentó el 11 de marzo de 2020, en vigencia del Código General del Proceso, por lo que, en lo pertinente se aplicarán las disposiciones de dicho estatuto procesal.


 

En la petición, ciertamente se afirmó que se «carece de los recursos para pagar dicho trámite», entendiendo la referencia al recurso extraordinario de casación mismo.

 

Tal afirmación por sí sola, cumple las previsiones a qué refiere el artículo 151 del CGP, por lo cual habrá de abrirse paso a la solicitud en tal sentido formulada, cuyo efecto es eximirle al pago de cauciones, expensas, honorarios de auxiliares de justicia y al hecho de no ser condenado en costas, si ello ocurriere (art. 154, ib.).

 

En lo que al nombramiento de profesional especializado respecta, será una petición que no tendrá acogimiento por la Sala, como quiera que el peticionario se encuentra asistido por su gestora judicial desde la formulación de la demanda, quien no ha advertido renuncia a su mandato, sin que tampoco se encuentre revocado con solicitud alguna, y máxime cuando no se ha designado nuevo apoderado para tal gestión como ya se anotó, tampoco la apoderada ha dimitido de la función encomendada.

 

Así mismo, el poder no se encuentra limitado siendo entonces dable afirmar que no se encuentra imposibilitada la facultad para actuar en sede extraordinaria de casación.

 

De otra parte, en cuanto a la especialización que el solicitante depreca, se resalta que la designación se realiza de acuerdo al C.G.P. «en la forma prevista para los curadores ad litem», nombramiento por demás, que «recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión» (núm. 7, art. 48, íd.), sin que el legislador haya previsto entonces, que la asignación debe efectuarse sobre togado especialista en la materia.

 

En consecuencia, procederá a concederse el beneficio de amparo de pobreza invocado por la parte recurrente y se denegará la petición encaminada a obtener la designación de un profesional experto en casación, por cuanto para la Sala y la misma administración de justicia no le es viable discernir de la especialidad de cada profesional del derecho.

 

  1. DECISIÓN


 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,


 

RESUELVE:


 

PRIMERO: CONCEDER el amparo de pobreza invocado por la parte actora.


 

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de designación de apoderado judicial especializado.


 

TERCERO: CONTINUAR con el trámite del recurso extraordinario.

 

 

Notifíquese y cúmplase.

 

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala


 


 

ACLARA VOTO

GERARDO BOTERO ZULUAGA


 


 

FERNANDO CASTILLO CADENA


 


 

ACLARA VOTO

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO


 

ACLARA VOTO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ


 


 

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR


 


 

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN


 

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