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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente


 

STC10890-2019

Radicación n.° 11001-22-10-000-2019-00039-01

(Aprobado en sesión de catorce de agosto de dos mil diecinueve)


 

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019)


 

Decídese la impugnación interpuesta respecto a la sentencia de 18 de febrero de 2019, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la salvaguarda promovida por Piedad Alicia Pájaro Martínez hacia el Juzgado Treinta y Uno de la misma especialidad y ciudad, con ocasión del juicio ejecutivo de alimentos con radicado Nº 2018-00139-00, adelantado por Bernardo Alberto Yepes Gómez en representación de la niña Sofía Yepes Pájaro contra la aquí gestora.


 

1. ANTECEDENTES


 

1. La reclamante implora la protección a las prerrogativas al debido proceso e igualdad, presuntamente violentadas por la autoridad accionada.

2. Del escrito inaugural y la revisión de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente síntesis:


 

La impulsora señala la celebración de un acuerdo relacionado con los alimentos de sus dos (2) hijas, Laura Isabel y Sofía Yepes Pájaro, con el padre de éstas, Bernardo Alberto Yepes Gómez, el 25 de julio de 2014.


 

En el acápite 7.5. del citado convenio denominado “(…) vivienda, servicios públicos, empleada doméstica y administración del lugar donde residen las menores (…)” citadas, la peticionaria aceptó hacerse “(…) cargo de los gastos en que incurra la vivienda (…)” (fols. 81 y 76, C1).


 

Posteriormente, ante el estrado acusado, el padre de las beneficiarias, únicamente, en representación de su hija Sofía Yepes Pájaro, demandó ejecutivamente a la tutelante, por omitir sufragar los anteriores rubros.


 

Según la actora, el título cobrado es inexigible porque está sometido al resultado de la liquidación de la sociedad conyugal (fols. 78, C1).


 

Aunque la petente atacó por vía de reposición el apremio de pago porque algunos cobros se deprecaron en documentos adosados en copia simple, el medio defensivo fue desestimado, pues tales instrumentos, conforme se le indicó, gozaban de presunción de autenticidad.


 

En dicho coercitivo, el despacho enjuiciado dispuso la retención de los dineros de la cuenta a nombre de la actora, en la cual Bernardo Alberto Yepes Gómez depositaba los pagos para sus hijas e, igualmente, le prohibió a la censora salir del país.


 

Surtido el trámite de las perentorias esgrimidas por la inicialista, el juzgado atacado convocó a audiencia para el 13 de agosto de 2018, en la cual se evacuaron las pruebas de las partes y se dictó sentencia desestimando las excepciones de mérito; por tanto, se ordenó seguir adelante con el compulsivo.


 

La peticionaria cuestiona la señalada providencia, pues, en su criterio, se fundó en un título sin exigibilidad y en documentos espurios; además, se omitió la incuria del padre de las niñas con sus deberes respecto de ellas y se le impidió ir al extranjero, donde puede obtener recursos para la manutención de aquéllas.


 

Alega, asimismo, no haberse ponderado su carencia de medios para proveer los alimentos deprecados y ser Yepes Gómez quien contrató a la empleada doméstica.


 

Censura de igual modo, el cobro de internet, teléfono y televisión, por cuanto esos servicios no son necesarios para la subsistencia.


 

Acota que aun cuando ostenta bienes raíces, los mismos se encuentran embargados, todo lo cual evidencia la “violencia económica y psicológica” padecía por ella, inclusive, por presiones de su exconsorte, su hija mayor se fue a vivir con él.


 

3. Solicita, por tanto, revocar la sentencia de 13 de agosto de 2018 y las cautelas proferidas por el estrado fustigado (fol. 84, C1).


 

  1. Aunque el expediente fue enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, advirtió que la peticionaria promovió nulidad por notificársele indebidamente el fallo y, ante esa situación, solicitó la devolución de las actuaciones para resolverla1.


 

Luego de dar traslado de la petición de la gestora, el colegiado, en auto de 4 de julio de 2019, dispuso enterar a la impulsora de la sentencia proferida el 18 de febrero del año cursante, quien, oportunamente recurrió la precitada providencia2.


 

    1. Respuesta del accionado y vinculados


 

  1. El Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá, recalcó no vulnerar prerrogativa alguna en el procedimiento atacado (fols. 66 y 67 C1).


 

  1. Bernardo Alberto Yepes Gómez, padre de la niña Sofía Yepes Pájaro, resistió las súplicas del libelo aduciendo el incumplimiento de la gestora de los compromisos adquiridos y ser él quien asume la mayoría de los gastos de sus hijas, correspondiéndole a la impulsora, únicamente, sufragar los gastos de la casa.



 

En cuanto a los embargos sobre bienes de la actora, expresó que los mismos provienen de cobros del “Distrito Capital” por deudas de impuestos.


 

3. El Banco Agrario de Colombia, en calidad de vinculado, adujo ser su actuación consecuente con las órdenes impartidas en las respectivas decisiones judiciales (fol. 46, C1).


 

4. Los demás, guardaron silencio.


 

1.2. La sentencia impugnada


 

Negó el amparo, pues el ataque dirigido contra la exigibilidad del título era inexistente y, además, la actora reconoció su obligación al replicar la demanda.


 

Asimismo, en cuanto a los recibos aportados en copia, para su crítica la gestora debió solicitar su exhibición conforme a lo reglado en el artículo 246 del Código General del Proceso.


 

Respecto a la retención de dineros en la cuenta donde se consignaban los alimentos de su hijo, el a quo constitucional advirtió que dicha medida cautelar había sido levantada por el estrado acusado y, en ese orden de ideas, el embate era infundado.


 

Finalmente, referente a la restricción para salir al exterior, el tribunal señaló que para ello la suplicante debía sufragar la correspondiente caución.


 

1.3. La impugnación


 

La formuló la querellante, indicando que sí pidió los recibos cuestionados y, en torno a las medidas, señaló que las mismas no se habían cancelado, en especial aquélla que le impedía viajar al extranjero, pues en este caso, el estrado censurado no atendió su pedimento al no haber sido elevado por conducto de abogado


 


 

2. CONSIDERACIONES


 

1. La cuestión planteada a la Corte estriba en determinar si en el coercitivo de alimentos adelantado contra la suplicante, existió la transgresión denunciada al (i) dictarse sentencia con un título presuntamente inexigible soportado en recibos en copia simple; (ii) mantenerse el embargo en la cuenta bancaría donde se depositan los dineros para los alimentos de la precitada infante; y (iii) no atenderse su petición de levantamiento de la medida que le impide salir del país, por no formularla a través de un abogado.


 

2. Para proveer, se destaca que en la decisión de mérito de 13 de agosto de 2018, la autoridad acusada cuando se ocupó de la excepción perentoria enarbolada por la aquí inicialista y allá ejecutada, consistente en estar sometidos sus deberes económicos con la niña Sofía Yepes Pájaro a la liquidación de la sociedad conyugal con el padre de esta, en cuanto al documento base de la ejecución, precisó:


 

(…) la lectura [del mismo] en ninguna parte manifiesta que sea [así], pues los alimentos de la menor no fueron sujetos a ningún plazo o condición (…)3”.


 

Sobre el particular, advierte la Corte, aun cuando la gestora indicó en el interrogatorio de parte que la forma de honrar su compromiso se sujetaba al numeral 1° del convenio4, en realidad allí no se precisa modalidad indicadora de cumplimiento alguno para habilitar a la petente al pago de los gastos de la vivienda donde estaría su hija.


 

Destaca la Sala, la obligación alimentaria para el beneficiario no es bilateral, ni condicional, es unilateral, pura y simple, por ello, si de haberse supeditado los alimentos de Sofía Yepes Pájaro a cierto acontecimiento, no habría tenido lugar la aprobación del juzgado de familia que ratificó el pacto de los padres en su favor, porque si la ayuda estuviere sometida a cuestiones circunstanciales, ello sería violatorio de las prerrogativas superlativas de las menores.


 

Para resaltar la claridad y exigibilidad del título, el despacho convocado adujo lo siguiente:


 

(…) revisado el plenario, (…) el documento que se presentó como título ejecutivo, corresponde al acuerdo que llegaron las partes (…), fue [adosado] con nota de presentación personal, y aceptado por las mismas en diligencia de fecha 25 de julio de 2014 (…); es un hecho notorio la ejecutoria de la providencia [aprobatoria de los alimentos], porque frente a ella no se interpuso ningún recurso y fue notificado (…) en estrados, fue una decisión adoptada en diligencia, y allí cobraba ejecutoria (…)5”.


 

Adicionalmente, la autoridad atacada sobre la residencia de Sofía Yepes Pájaro, reseñó:


 

(…) según obra en el [expediente] no ha sido variado tanto por la señora [accionante, allá ejecutada], ni por su hija, tal como lo reiteró en el interrogatorio de parte absuelto el día de hoy (…), y en este sentido, no prosperan las excepciones aludidas, como quiera que el documento que se presenta como título ejecutivo cumple con los requisitos de Ley (…), proviene de la deudora (…) [fue] avalado por el Juzgado Tercero de Familia de Descongestión (…)6”.


 

Para la Sala, el título base de la ejecución conformado por el acuerdo de alimentos celebrado entre la impulsora y Bernardo Alberto Yepes Gómez el 25 de julio de 2014, en favor de su hija Sofía Yepes Pájaro, y el auto aprobatorio del mismo por el Juzgado Tercero de Familia de Descongestión de Bogotá en dicha data, es claro, expreso y exigible compulsivamente contra la accionante para sufragar los gastos del hogar en favor Sofía Yepes Pájaro.


 

Ahora, sobre los reproches endilgados respecto a los recibos aportados para el cobro, relativos a obrar estos (i) en copia simple; (ii) en algunos casos, ilegibles; (iii) con fecha anterior al acuerdo que fijó la obligación; (iv) sobre bienes de consumo que no ostentan el carácter de necesarios para la subsistencia de la alimentaria como televisión, telefonía fija e internet, la Corte no encuentra arbitrariedad en lo proveído por el despacho; igual ocurre en torno a lo decidido sobre el pago de salarios de la empleada presuntamente contratada por el progenitor de la alimentaria.


 

En efecto, el convocado expresó en cuanto a las facturas, lo siguiente: “(…) debe tenerse en cuenta que respecto a los recibos de pago que se [allegaron] con la demanda, correspondía a la parte pasiva alegar (…) que fueron aportados en copia simple y no en original (…)” y, en igual sentido, la autoridad fustigada indicó que la gestora debió hacer uso de la prerrogativa establecida en el inciso 2, articulo 246 del Código General del Proceso7.


 

Igualmente, la aquí demandante, allá ejecutada, sobre la validez de los pagos que cuestionó, en el interrogatorio de parte que absolvió precisó que, “(…) después de uno días sin servicios el señor [Bernardo Alberto Yepes Gómez, padre de Sofía] pagaba, si es verdad, (…) sí hay [algunos] que él pagó (…)”8.


 

Además, el despacho acusado no tuvo en cuenta todas las facturas cobradas, por cuanto


 

(…) hay algunas que no se puede establecer el valor pagado, porque hay un sello de pago pero no de su valor tal como sucede con [algunas] de Claro (…) Codensa, Gas natural (…) así, se ordena seguir adelante la ejecución (…) en los montos tenidos en cuenta conforme con la liquidación efectuada por el despacho y que se anexa a esta diligencia (…)”.


 


 

Sobre el particular, la Corte denota que la suplicante no menciona, en concreto, cuáles documentos acopiados contrariaban los criterios de exigibilidad para su ejecución o sobre qué aspecto concreto se realizó una inadecuada valoración probatoria.


 

Atañedero al cobro de sumas de dinero con fecha anterior al acuerdo de alimentos, el estrado acusado afirmó:


 

(…) [C]omo quiera que no es posible realizar el cobro de servicios públicos que se hubieren generado con anterioridad a la rúbrica del acuerdo (…) es decir, que es a partir del mes de julio de 2014, los pagos que se tendrán cuenta para el cobro de los servicios públicos domiciliarios (…)”.


 

En ese horizonte, resulta fácil establecer que la autoridad convocada no cometió el yerro endilgado.


 

Referente a la ejecución de varios gastos por servicios del hogar y que la accionante estima como innecesarios, el juzgado querellado señaló:

(…) fue parte del acuerdo (…) la ejecutada asevera que la telefonía fija, el internet, así como la televisión no hacen parte de los servicios públicos domiciliarios, situación que difiere de la realidad y para ello basta con hacer lectura de la Ley 142 de 1994, que en su artículo 14 indica la definición de los servicios que se entienden como domiciliarios (…)9”.


 


 

Se advierte la ausencia de la irregularidad enrostrada, pues sobre el uso del internet y otros servicios en favor de los menores, la Sala ha dicho:


 

(…) [son] indispensable[s] para adelantar las actividades extracurriculares propias de la formación básica de la menor y, no menos importante, el acceso a las nuevas tecnologías de la cual no puede ser aislada por un asunto de naturaleza administrativa (…)”10.


 

Respecto a la empleada doméstica, la célula judicial demandada sostuvo lo siguiente:


 

(…) el acuerdo es claro en manifestar que la ejecutada era quien debía cubrir [ese gasto] (…) por ello, deberá pagar el 50% del valor pagado por el ejecutante, esto es, el monto de $897.389, de acuerdo con las copias de las manifestaciones silene Daza de fecha 20 de diciembre de 2017 y 31 de enero de 2018, documentos que no fueron tachados de falsas por la parte demandada (…)11”.


 

Bajo dicha óptica, para esta Colegiatura resulta inane la cuestión relativa a quién contrató a la mencionada trabajadora, porque se halla determinada que tal obligación recaía en cabeza de la peticionaria.


 

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicción. Según lo ha expresado esta Corte:


 

(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho (…)”12.


 

Téngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento interpretativo en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la correcta para dar lugar a la intrusión del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.


 

Agréguese, el ruego tuitivo no es una instancia adicional para obtener mejores opiniones sobre la valoración probatoria y, bajo ese contexto, ese interés de la impulsora bajo la égida de una vulneración, ciertamente inexistente, no es excusa para reabrir el debate del proceso.


 

Frente a tales aspectos, la Corte ha consagrado:


 

(…) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciación de los medios de acreditación hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial énfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en múltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: ‘(…) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (...) de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (…)’, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (…)”13.


 

3. En cuanto al reparo fundado en el embargo de la cuenta bancaria de la accionante donde se depositan los alimentos de su hija, esto es, la N° 17-2856276-21 de Bancolombia indicada en el numeral 7.2. del convenio de alimentos celebrado el 25 de julio de 2014, se observa que dicha cautela fue levantada en auto de 27 de junio de 2018, a cuyo efecto se libró el oficio 1734 de 5 de julio del mismo año (fols, 9 vuelto y 10, C2). Por tanto, sobre el particular, la violación alegada es inexistente.


 

4. Referente a la desatención del juzgado atacado a las peticiones efectuadas por la tutelante en causa propia, encaminadas a levantar la medida que le impide salir país, se observa que mediante pronunciamiento adiado el 28 de marzo pasado, el despacho demandado estimó lo siguiente:


 

(…) se le aclara a la solicitante que cualquier manifestación (…) debe ser elevada a través de su apoderado judicial, como quiera que sólo son los [abogados] quienes tienen derecho de postulación necesario para actuar en esta clase de asuntos (…)14”.


 


 

Ciertamente, por tratarse de un asunto de familia por estar involucrados los intereses de menores de edad, para estas ejecuciones no es dable litigar sin la representación de un profesional del derecho.


 

En este sentido, la Corte ha señalado:


 

(…) Sobre el tema, la Sala ha sostenido que ‘(…) en relación con el derecho de postulación exigido para el asunto como el censurado, esta Corporación ha advertido que según la regulación de la jurisdicción de familia, se trata de un trámite de única instancia ‘por razón de su naturaleza, según el artículo 50, literal i), del Decreto 2272 de 1989, y no de ‘mínima cuantía’, como sostiene el recurrente. (…) Ilustra lo dicho por esta Sala en pretérita ocasión, al señalar que: ‘De allí que se explique que la intervención judicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogacía (D. 196 de 1971) a los abogados titulados, dejándose excepciones que, por este carácter, son de interpretación restrictiva (…) Unas de ellas se refiere al litigio ‘en causa propia sin ser abogado inscrito’, las que se limitan al derecho de petición y acciones públicas, a los procesos de mínima cuantía, a la conciliación y a los procesos laborales de única instancia y actos de oposición (art. 28 ibídem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificación de su trámite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sea la misma persona interesada la que previa evaluación de la situación, pueda determinar la asunción de su propia defensa (…) Luego, mal puede decirse que, por extensión, también pueda ejercerse la profesión (…), en procesos de única instancia ante jueces del circuito o similares (como el de familia), porque no está autorizado por la ley’ (sentencia de 15 de febrero de 1995, radicación 1986). (Sentencia de 9 de noviembre de 2011, Exp. 2011-00285)” (sentencia de 18 de marzo de 2013, exp No 2013-00393-01, reiterada en fallo de 19 de noviembre de 2013 exp. No 00217-02) (…)”15


 

En consecuencia, debió la petente, para actuar válidamente en las diligencias atacadas, conferir, como ya se dijo, poder a un abogado, o deprecar, de ser el caso, amparo de pobreza, en procura de lograr la asignación de un mandatario por parte del juzgado, pues, se reitera, no le era dable participar directamente para invocar el levantamiento de la medida que le impide salir del país.


 

5. Siguiendo los derroteros de la Convención Americana de Derechos Humanos16 y su jurisprudencia, no se otea vulneración alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuación refutada.


 

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constitución Nacional, cuando dice:


 

(…) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (…)”.


 

Complementariamente, el artículo 93 ejúsdem, contempla:


 

(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.


 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”.


 

El mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196917, debidamente ratificada por Colombia, según el cual: “(…) Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (…)”18, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo.


 

5.1 Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su protección resulte procedente o no.


 

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte no sólo a petición de parte sino ex officio19.


 

No sobra advertir que el régimen convencional en el derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino también el convencional; con mayor razón cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.


 

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, además, contribuir judicial y pedagógicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia20, a impartir una formación permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales21; así como realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de protección de derechos y garantías22.


 

Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no sólo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en torno al máximo grado de salvaguarda de sus garantías.


 

Además, pretende contribuir en la formación de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protección de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.


 

6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificará la decisón de primer grado.


 

3. DECISÓN


 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


 


 

RESUELVE:


 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.


 

SEGUNDO: Notifíquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y envíese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


 


 


 


 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Presidente


 


 


 


 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO


 


 


 


 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO


 


 


 


 


 


 


 

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Aclaración de voto


 


 


 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Aclaración de voto


 


 


 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

ACLARACIÓN DE VOTO


 

Aunque comparto la decisión adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivación, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo propósito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma genérica y automática una mención sobre el empleo del denominado «control de convencionalidad».


 

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.


 

De esta manera, el «control de convencionalidad» comporta una actitud de consideración continua que deberá acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado «el efecto útil de la Convención»23, lo cual acontecerá en los eventos donde pueda verse «mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos»24; todo lo cual resulta ajeno al presente caso.


 

En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración de voto con comedida reiteración de mi respeto por la Honorable Sala de Casación Civil.



 



 



 



 



 

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado

ACLARACIÓN DE VOTO


 

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisión, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto.

 

Se afirmó en la providencia que fue realizado un “control de convencionalidad”, a partir de lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusión al ordenamiento foráneo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.


 

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicación general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estaría restringida a los eventos de ausencia de regulación, déficit de protección a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporación de los últimos.


 

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opinión personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectuó, además de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acción constitucional, no tuvo ninguna repercusión práctica en la solución de la petición de amparo.


 

De los señores Magistrados,


 


 


 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado


 

1 Fol 190, 194, 196 y 198 C1.

2 Fols, 270 a 316, C1.

3 Minuto 1:07:33 de la audiencia de juzgamiento de 13 de agosto de 2018.

4 Minuto 7:20 de la audiencia de juzgamiento de 13 de agosto de 2018.

5 Minuto 1:14:02 de la audiencia de juzgamiento de 13 de agosto de 2018.

6 Minuto 1:19:16 de la audiencia de juzgamiento de 13 de agosto de 2018.

7 “(…) Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente (…)”.

8 Minuto 16:19 de la audiencia de juzgamiento de 13 de agosto de 2018.

9 Minuto 1:14:02 de la audiencia de juzgamiento de 13 de agosto de 2018.


 

10 CSJ STP12377-2016 de 31 de agosto de 2016, exp. 86866

11 Minuto 1:30:15 de la audiencia de juzgamiento de 13 de agosto de 2018.

12 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.

13 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.

14 Fol. 13, C2.

15 CSJ STC 29 de noviembre de 2013, exp. 25000-22-13-000-2013-00334-01, reiterada en exp. 50001-22-14-000-2016-00060-01.

16 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.

17 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.

18 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.

19 Corte IDH. Caso Gudiél Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330.

20 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 295 a 323.

21 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 229 a 274.

22 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 278.

23 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrafo 128.

24 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panamá. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, párrafo 180.

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