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El Consejo de Estado castigó a la Fiscalía General de la Nación por privar injustamente de su libertad a un hombre que hacía parte de una lista de personas que el ente investigador ordenó detener en Sucre, por su supuesta pertenencia a la desmovilizada guerrilla de las FARC.
 
El Consejo de Estado consideró que la detención de la víctima se produjo sin que se reunieran al menos dos indicios graves de responsabilidad previstos en la ley penal para la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento.

 

 

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA- Condena


 

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REBELIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO / INDICIO / CLASES DE MEDIO DE PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE INFORME DE INTELIGENCIA DE POLICÍA JUDICIAL - En proceso contencioso / VALOR PROBATORIO DE LOS TESTIMONIOS EN PROCESO CONTENCIOSO


 

SÍNTESIS DEL CASO: El señor (…) fue capturado el 24 de agosto de 2003, en el curso de una investigación que se abrió en su contra por el delito de rebelión la cual tuvo como fundamento las declaraciones de unos reinsertados de las FARC y un informe de Policía Judicial. Luego, en sentencia de 3 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo lo absolvió, en aplicación del principio de in dubio pro reo, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal


 

PROBLEMA JURÍDICO: La Sala examinará si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para que la Nación-Fiscalía General de la Nación deba responder patrimonialmente por la privación de la libertad padecida por el señor (…) ordenada dentro de la investigación que cursó ante la Fiscalía (…) por el delito de rebelión y que culminó con sentencia absolutoria, la cual tuvo como fundamento la aplicación del principio de in dubio pro reo (…)


 

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - De conocer recurso de apelación / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - En razón a la naturaleza


 

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 25 de noviembre de 2014, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso


 

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEMANDA EN TIEMPO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna


 

Al tenor de lo previsto en el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años (…) Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación (…) obra copia de la sentencia de segunda instancia, que confirmó la absolución del señor (…) proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo de fecha 25 de junio de 2007, providencia que, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, cobró firmeza el mismo día de su expedición (…) el término para interponer la demanda empezó a correr el 26 de junio de 2007 hasta el 26 de junio de 2009, por tanto, al haberse presentado la demanda el 12 de junio de 2009, resulta claro que la acción se ejerció en la oportunidad legalmente prevista


 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditado / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA


 

Al proceso concurrió el señor [ACTOR] en calidad de víctima directa del daño, hecho que se encuentra acreditado con la copia del proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión (…) Al proceso acudieron, igualmente, las señoras (…) quienes acreditaron ser parientes de la víctima directa del daño, según consta en sus respectivos registros civiles de nacimiento aportados al expediente, por lo que están legitimadas en la causa por activa para actuar en el presente proceso. En cuanto a la parte pasiva, se observa que a la Nación–Fiscalía General de la Nación se le imputa unos daños por la imposición de la medida de aseguramiento y la formulación de acusación al señor (…) motivo por el que considera la Sala que tienen legitimación para actuar dentro del presente asunto


 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Existente / DAÑO ANTIJURÍDICO - Privación de la libertad / APRECIACIÓN DEL INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO GRAVE / FALLA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Acreditada


 

La Sala considera que no hay duda sobre la existencia del daño alegado, dado que se encuentra acreditado que el señor (…) fue investigado penalmente, y privado de su libertad desde el 24 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2003 (…) [PRUEBAS] la Sala procede a verificar si dichos medios probatorios constituían indicios graves y ameritaban la adopción de la medida de aseguramiento de detención preventiva, conforme a lo requerido por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 (…) el informe de inteligencia referenciado, debe descartarse como indicio grave de responsabilidad en contra del señor (…) como autor del delito de rebelión (…) la investigación penal que se adelantó en contra del señor [ACTOR] tuvo su origen en la declaración de los señores (…) dichas declaraciones fueron el fundamento de la detención preventiva y de la imputación del delito de rebelión del señor [VICTIMA] como lo advirtió la Fiscalía en la providencia de 23 de junio de 2003 mediante la cual profirió la resolución de acusación, pero en la sentencia absolutoria de primera instancia, concluyó que la valoración de las declaraciones en conjunto no generaban la plena convicción de la responsabilidad del acusado (…) esas declaraciones de testigos, que incluso no aparecen en ninguna de las piezas que reposan en el expediente -únicamente son relacionadas en las resoluciones proferidas por la Fiscalía- no resultaron ser elementos probatorios que permitieran establecer la responsabilidad penal del ahora demandante (…) al no contar la Fiscalía General de la Nación con dos indicios graves de la responsabilidad del señor (…) como autor del delito de rebelión al momento de ordenar su detención preventiva, se configura en el sub judice una falla del servicio (…) se impone concluir que el señor (…) no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcirle los perjuicios (…) la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación


 

CULPA DE LA VICTIMA - Hecho no probado / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA DE PRIVACIÓN INJUSTA - Inexistente


 

[N]o es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima directa del daño, pues la medida de aseguramiento impuesta a él no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas, que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad


 

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE - Actualización de renta


 

NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS


 

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 176 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 177 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 115 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 314 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 356


 


 

CONSEJO DE ESTADO


 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


 

SECCIÓN TERCERA


 

SUBSECCIÓN A


 

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN


 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019)


 

Radicación número: 07001-23-31-000-2009-00057-01(54760)


 

Actor: WILLIAM SOFANOR CORONADO ALFARO


 

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO


 


 

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA


 


 


 

Temas: RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Análisis de la falla en el servicio / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – absolución del sindicado en aplicación del principio de in dubio pro reo / Condenatoria de responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación.


 


 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2014, por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.


 

I. SÍNTESIS DEL CASO


 


 

El señor William Sofanor Coronado Alfaro fue capturado el 24 de agosto de 2003, en el curso de una investigación que se abrió en su contra por el delito de rebelión la cual tuvo como fundamento las declaraciones de unos reinsertados de las FARC y un informe de Policía Judicial. Luego, en sentencia de 3 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo lo absolvió, en aplicación del principio de in dubio pro reo, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal.


 

II. A N T E C E D E N T E S


 

1. La demanda


 

Mediante demanda presentada el 12 de junio de 2009 (fls. 1 a 8, c. 1), los señores William Sofanor Coronado Alfaro, Marlene Alfaro Reyes, Luz Elena Coronado Alfaro, Doris del Carmen Coronado Alfaro, Mayda Isabel Coronado Alfaro y Martha Ligia Coronado Alfaro, por conducto de apoderado judicial (fls. 9 a 14, c. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados por la privación de la libertad que soportó el primero de los nombrados entre el 24 de agosto y el 7 de noviembre de 2003, con ocasión de una investigación penal adelantada en su contra por el delito de rebelión.


 

En concreto, los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:


 

PRIMERA: Declarar que la Nación colombiana – Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, son administrativamente y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados al demandante William Sofanor Coronado Alfaro, su madre Marlene Alfaro Reyes, sus hermanos Luz Elena Coronado Alfaro, Doris del Carmen Coronado, Mayda Isabel Coronado Alfaro, Martha Ligia Coronado Alfaro, con ocasión de la injusta privación de la libertad que sufrió el primer nombrado conforme a la narración de los hechos de que da cuenta la presente demanda.


 

SEGUNDO: Condenar a la Nación – Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación solidariamente a indemnizar a William Sofanor Alfaro Coronado; los perjuicios materiales que sufrieron como consecuencia de la privación injusta de la libertad de mi poderdante, los cuales se estiman superiores a la suma de cien millones de pesos m/cte. (100.000.000) o la cantidad que pericial o judicialmente se tase en el proceso, teniendo como base mínima un promedio de setecientos mil pesos, por lo que devengaba el demandante en su labor de oficios varios, los gastos ocasionados en el transcurso del proceso penal como pago de honorarios.


 

TERCERO: Condenar a la entidad demandada a pagar a William Sofanor Coronado Alfaro, su madre Marlene Alfaro Reyes, a título de perjuicios morales el equivalente en moneda nacional a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, sus hermanos Luz Elena Coronado Alfaro, Doris del Carmen Coronado Alfaro, Mayda Isabel Coronado Alfaro, Martha Ligia Coronado Alfaro, a título de perjuicios morales el equivalente en moneda nacional a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos a la fecha que se profiera sentencia. O en defecto de lo anterior las sumas más altas que por este concepto se estén reconociendo por la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado que como resultado del dolor, la angustia, la congoja y el descrédito sufrieron.


 

CUARTO: Condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios a la vida de relación a todos y cada uno de los demandantes para lo cual se tendrá en cuenta el valor más alto que a la fecha de la sentencia este reconociendo jurisprudencialmente el Honorable Consejo de Estado.


 

QUINTO: Ordenar la suma a que ascienda la condena por concepto de perjuicios materiales sea reajustada a la fecha del fallo conforme a los índices de precios al consumidor certificados por el DANE (fls. 3 a 4, c. 1).


 


 

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente:


 

El 24 de agosto de 2003, el señor William Coronado Alfaro fue capturado por miembros de la Policía Nacional al iniciarse una investigación en su contra por el delito de rebelión. Como consecuencia, la Fiscalía Dieciséis Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo, Sucre, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, la cual estuvo vigente hasta el 7 de noviembre de ese mismo año.


 

El 23 de junio de 2004, la referida Unidad de Fiscalía profirió resolución de acusación mediante la cual le imputó el delito de rebelión y solicitó que se dictara en su contra sentencia condenatoria.


 

El 3 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo profirió sentencia absolutoria al no encontrar pruebas suficientes que demostraran la responsabilidad penal del sindicado. La decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, la cual fue resuelta el 25 de junio de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal, mediante la cual confirmó la absolución del señor Coronado Alfaro.


 

2. El trámite de primera instancia


 

La demanda fue admitida mediante providencia de 8 de julio de 2009 (fls. 709 a 710, c. 3), por el Tribunal Administrativo de Sucre, la cual se notificó en debida forma a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fl. 713, c. 3), a la Fiscalía General de la Nación (fl. 715, c. 3), y al Ministerio Público (fl. 710 vto., c. 3).


 

La Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- contestó oportunamente la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones (fls. 719 a 724, c. 3). Adujo que las acciones desplegadas por los órganos judiciales involucrados en el presente caso se ajustaron a los presupuestos constitucionales y legales. Adicionalmente, señaló que no estaba probado el nexo de casualidad entre las actuaciones y las decisiones de los juzgados penales intervinientes en la controversia y el daño antijurídico alegado, dado que la privación de la libertad del hoy demandante tuvo su origen en la gestión realizada por la Fiscalía General de la Nación, dado que fue esta la que le impuso la medida de aseguramiento y profirió resolución de acusación en su contra.


 

Formuló las excepciones de: i) falta de identidad entre la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, ii) existencia de capacidad para actuar en procesos judiciales de la Fiscalía General de la Nación, iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, iv) falta de relación causal entre los hechos de la demanda y la persona del sindicado y la v) innominada.


 

La Fiscalía General de la Nación contestó oportunamente la demanda (fls. 733 a 743, c. 1) y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Manifestó que su actuación se enmarcó en el cumplimiento de un deber constitucional, esto es, investigar hechos que constituyan delito, por lo que su finalidad al momento de iniciar una investigación penal contra el hoy demandante se realizó en función de establecer la verdad de lo ocurrido. Asimismo, manifestó que la medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía tuvo un carácter preventivo y no sancionatorio, en tanto estuvo dirigida a asegurar que el sindicado compareciera efectivamente al proceso penal porque existían indicios en su contra. Finalmente, formuló la excepción de “culpa de terceros”.


 

Mediante proveído de 23 de agosto de 2010, el Tribunal abrió el proceso a pruebas (fls. 763 a 764, c. 3). En auto de 7 de mayo de 2014 dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.


 

La parte actora y las entidades demandadas allegaron sus escritos de manera oportuna y reiteraron en su integridad los argumentos expuestos en la demanda y su contestación, esto es, los accionantes solicitaron la declaratoria de responsabilidad por la privación de la libertad que soportó el señor Coronado Alfaro, y las entidades demandadas solicitaron la denegatoria de las pretensiones, en cuanto no se configuró una falla del servicio (fls. 789 a 805, c. 3).


 

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.


 

3. La sentencia de primera instancia


 

Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2014 (fls. 292 a 305, c. ppal), el Tribunal Administrativo de Sucre declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación en los siguientes términos:


 

PRIMERO: Declárense (sic) probadas las excepciones denominadas falta de identidad entre la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, existencia de capacidad para actuar en procesos judiciales de la Fiscalía General de la Nación y falta de legitimación en la casusa por pasiva, propuestas por la Rama Judicial, por lo dicho en la parte motiva.


 

SEGUNDO: Declárense (sic) no probadas las excepciones denominadas Falta de relación causal entre los hechos de la demanda y la persona del sindicado, propuesta por la Rama Judicial; y la de culpa de terceros propuesta por la Fiscalía General de la Nación.


 

TERCERO: Declárense (sic) responsable administrativamente y patrimonialmente a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto (sic) el señor William Sofanor Coronado Alfaro.


 

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor de la parte actora las sumas que se relacionan a continuación:


 

Perjuicio material:


 

Lucro cesante: un millón quinientos tres mil veinte pesos ($1’503.020).


 

Perjuicio moral:


 

35 salarios mínimos legales mensuales vigentes para William Sofanor Coronado Alfaro.


 

35 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Marlene Alfaro Reyes.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Luz Elena Coronado Alfaro.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Doris del Carmen Coronado Alfaro.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Maida Isabel Coronado Alfaro.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Martha Ligia Coronado Alfaro.


 

QUINTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.


 

SEXTO: Dése cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.


 

SÉPTIMO: Sin condena en costas.


 

Como motivación de las condenas impuestas, en primer lugar, el Tribunal argumentó que la controversia examinada se regía por el régimen de responsabilidad objetivo de daño especial, situación que hacía innecesaria la verificación de cualquier falla en el servicio de las demandadas para proferir una condena.


 

En segundo término, puso de presente que el daño reclamado se encontraba acreditado, toda vez que se demostró que el señor William Sofanor Coronado Alfaro estuvo privado de la libertad por un término de 2 meses y 14 días. En cuanto al carácter injusto de la medida afirmó que este se configuró con la sentencia absolutoria que profirió el juez penal, por no hallar elementos materiales probatorios ni evidencia física suficiente para declarar la responsabilidad penal del procesado y, por tanto, aplicó el principio de in dubio pro reo.


 

Consideró que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para la producción del daño, en razón a que bajo el esquema de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía fue la entidad encargada de iniciar la investigación penal, imponer la medida de aseguramiento y proferir la resolución de acusación.


 

Como consecuencia, accedió al reconocimiento de una indemnización de perjuicios morales a favor de todos los demandantes en cuanto acreditaron el parentesco con la víctima directa del daño, a quien, además, se le otorgó una indemnización por concepto del lucro cesante, toda vez que se probó que el accionante, al momento de su detención, laboraba como comerciante.


 

4. Los recursos de apelación


 

4.1. La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fls. 307 a 330, c. ppal.) con el fin de que se aumentara el monto de la indemnización reconocida por concepto de perjuicios morales. Señaló que para efectos de contabilizar el tiempo que el señor Coronado Alfaro permaneció privado de la libertad, se debía sumar el tiempo que estuvo vigente una orden de captura que figuraba en su contra porque le impedía el libre ejercicio de su libertad. De otra parte solicitó que se condenara en costas a la Fiscalía General de la Nación.


 

4.2. De manera oportuna, la Fiscalía General de la Nación formuló recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se le exonere de toda responsabilidad (fls. 331 a 340, c. ppal.). Manifestó que no se configuraron los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad.


 

Expuso que la parte demandante no demostró la materialización de falla, error judicial o ilegalidad alguna en el actuar del ente acusador en la imposición de la medida de aseguramiento o resolución de acusación, por lo cual no debería serle impuesta condena alguna, además, aseveró que sus actuaciones se desarrollaron con fundamento en las funciones asignadas constitucional y legalmente.


 

5. El trámite de segunda instancia


 

El 10 de junio de 2015, se llevó cabo audiencia de conciliación de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. La parte demandante no se hizo presente y tampoco justificó su inasistencia, por tanto, el Tribunal declaró desierto el recurso de apelación formulado por los accionantes y concedió el recurso interpuesto por la Fiscalía General de la Nación (fl. 346, c. ppal.).


 

Mediante auto de 6 de agosto de 2015 (fl. 362, c. ppal.), esta Corporación admitió el recurso de la entidad condenada y en proveído de 3 de septiembre del mismo año corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.


 

En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo de la presente acción, relacionados con la ausencia de cualquier ilegalidad en su conducta, dado que la medida de aseguramiento y la resolución de acusación, se profirieron con base en el material probatorio recaudado y con fundamento en las funciones asignadas por vía constitucional y legal (fls. 365 a 376, c. ppal.).


 

La parte demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.


 

III. C O N S I D E R A C I O N E S


 


 

1. Prelación de fallo


 

La Sala decide el presente caso en virtud del acta No. 10 del 25 de abril de 2013, en la que Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.


 

2. Competencia

 

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 25 de noviembre de 2014, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso1.


 

3. Ejercicio oportuno de la acción


 

Al tenor de lo previsto en el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.


 

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad2.


 

Ahora bien, en el expediente no obra copia de la constancia de ejecutoria de las decisiones penales; no obstante, obra copia de la sentencia de segunda instancia, que confirmó la absolución del señor William Sofanor Coronado Alfaro proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo de fecha 25 de junio de 2007, providencia que, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 20003, cobró firmeza el mismo día de su expedición.


 

Así, el término para interponer la demanda empezó a correr el 26 de junio de 2007 hasta el 26 de junio de 2009, por tanto, al haberse presentado la demanda el 12 de junio de 2009 (fl. 19, c. 1), resulta claro que la acción se ejerció en la oportunidad legalmente prevista.


 

Adicional a lo anterior, se tiene probado que el 3 de abril de 2009, se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial (fl. 16, c. 1).


 

4. La legitimación en la causa


 


 

Al proceso concurrió el señor William Sofanor Coronado Alfaro en calidad de víctima directa del daño, hecho que se encuentra acreditado con la copia del proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión (fls. 22 a 209, c. 1; 291 a 580, c. 2; 581 a 706, c. 3).


 

Al proceso acudieron, igualmente, las señoras Marlene Alfaro Reyes, Luz Elena Coronado Alfaro, Doris del Carmen Coronado Alfaro, Mayda Isabel Coronado Alfaro y Martha Ligia Coronado Alfaro, quienes acreditaron ser parientes de la víctima directa del daño, según consta en sus respectivos registros civiles de nacimiento aportados al expediente, por lo que están legitimadas en la causa por activa para actuar en el presente proceso.


 

En cuanto a la parte pasiva, se observa que a la Nación–Fiscalía General de la Nación se le imputa unos daños por la imposición de la medida de aseguramiento y la formulación de acusación al señor William Sofanor Coronado Alfaro, motivo por el que considera la Sala que tienen legitimación para actuar dentro del presente asunto.


 

5. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política


 

5.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación4.


 

Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado en el término legal5.


 

5.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica establecer: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia6:


 

Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil7la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.


 

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.


 

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.


 

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.


 

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello8.

5.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 72/189, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.


 

En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad10.


 

La Corte Constitucional reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política11.


 

En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales se hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, y a aquellos en los cuales se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 199612.


 

De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.


 

Por último, la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que en todos los casos en los que se reclame la reparación de los daños generados por privación injusta de la libertad debe valorarse la culpa exclusiva de la víctima13.


 

5.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado Social de Derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículo 1, 2 y 28 de la Constitución Política, entre otros, bajo el entendido que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser concebidos si no tienen como punto de partida la libertad14.


 

Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce de manera principalísima como un principio1516.


 

Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias17.


 

Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular la medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas18.


 

Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política19.


 

Sin embargo, señala que en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.


 

Para la Corte Constitucional un régimen de tal naturaleza, pasa por alto que la falla del servicio es el título de imputación preferente y que los otros dos títulos, el riesgo excepcional y el daño especial, son residuales “esto es, a ellos se acude cuando el régimen subjetivo no es suficiente para resolver una determinada situación2021.

Con fundamento en todo lo anterior, la Corte Constitucional señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”22. Frente a este tópico prescribe:


 

En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible23.


 

Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales24, vigentes desde la promulgación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000 solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado25.


 

La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”2627Al respecto concluye:


 

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicialno el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares28.


 

Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:


 

De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse29.


 

La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.


 

5.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional, señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”30


 

En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación, el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal31.


 

Las dos causales anteriores se contrastan con la absoluciones consistente en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral32.


 

Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo33.


 

5.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.


 

En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.


 

Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.


 

6. Problema jurídico


 

La Sala examinará si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para que la Nación-Fiscalía General de la Nación deba responder patrimonialmente por la privación de la libertad padecida por el señor William Sofanor Coronado Alfaro, ordenada dentro de la investigación que cursó ante la Fiscalía Dieciséis Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo, por el delito de rebelión y que culminó con sentencia absolutoria, la cual tuvo como fundamento la aplicación del principio de in dubio pro reo.


 

6.1. El daño


 

Con el fin de abordar integralmente la problemática del presente asunto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe estudiarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a determinar la posibilidad de imputarla a la demandada.


 

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante es la afectación a su libertad durante el tiempo que estuvo privado de esta, en el marco de la investigación penal que se adelantó en su contra como presunto autor del delito de rebelión, por el cual fue capturado y recluido en un establecimiento penitenciario.


 

La Sala considera que no hay duda sobre la existencia del daño alegado, dado que se encuentra acreditado que el señor William Sofanor Coronado Alfaro fue investigado penalmente, y privado de su libertad desde el 24 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2003, tal como consta en la certificación expedida por la directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Sincelejo del 3 de abril de 2009, así:


 

[Q]ue revisados los libros radicadores de altas y bajas de los internos, que se lleva en este Establecimiento, se pudo constatar que el interno: William Sofanor Coronado Alfaro, identificado con cédula (…), quien estuvo recluido en este establecimiento desde el día 24 de agosto de 2003 al 7 de noviembre del mismo año cuando fue dejado en libertad por la Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo – Sucre. Estuvo sindicado del delito de rebelión (fl. 16, c. 1).


 

Adicionalmente, acudieron al proceso los siguientes demandantes, quienes acreditaron su parentesco y relación con el señor Coronado Alfaro, de quienes se infiere que padecieron un daño como consecuencia de la privación de la libertad que este soportó:


 

Demandante

Relación de parentesco

Documento de la acreditación del parentesco34

Marlene Alfaro Reyes

Madre

Registro civil de nacimiento de William Coronado Alfaro (fl. 17, c. 1)

Mayda Isabel Coronado Alfaro

Hermana

Registro civil de nacimiento (fl. 18, c. 1). Es hija de Marlene Alfaro Reyes

Doris Coronado Alfaro

Hermana

Registro civil de nacimiento (fl. 19, c. 1). Es hija de Marlene Alfaro Reyes

Luz Elena Coronado Alfaro

Hermana

Registro civil de nacimiento (fl. 20, c. 1). Es hija de Marlene Alfaro Reyes

Martha Ligia Coronado Alfaro

Hermana

Registro civil de nacimiento (fl. 21, c. 1). Es hija de Marlene Alfaro Reyes


 

6.2. La imputación


 

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si resulta antijurídico y, además, imputable jurídica o fácticamente a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, se recuerda, a juicio de la entidad, la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Coronado Alfaro no podía calificarse como injusta porque las pruebas que obraban en el expediente penal eran suficientes para imponer la medida de aseguramiento y formular resolución de acusación.


 

Valorado en conjunto el material probatorio, se concluye que se encuentran acreditados los siguientes hechos:


 

- La Fiscalía Dieciséis Seccional de Sincelejo, mediante Resolución del 12 de agosto de 2003, vinculó a la investigación penal a 207 personas relacionadas en un informe de Policía Judicial, a través del cual, se les señalaba como integrantes de las FARC, en consecuencia, ordenó la aprehensión de 143 personas ubicadas en la jurisdicción de los municipios de Chalán, Ovejas y Colosó, quienes fueron escuchados en indagatoria (fl. 616, c. 3).


 

- En Resolución de 2 de septiembre de 2003, la Fiscalía Dieciséis Seccional de Sincelejo profirió medida de aseguramiento en contra de los sindicados, entre ellos, el señor Coronado Alfaro, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación como coautores responsables del delito de rebelión, la cual fue revocada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo, mediante providencia del 7 de noviembre de 2003, ordenándose libertad inmediata de todos los sindicados (fl. 616, c. 3).


 

- El 23 de junio de 2004, la Fiscalía Dieciséis Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo profirió resolución de acusación en contra del señor William Sofanor Coronado Alfaro y otros sindicados por el delito de rebelión. En la misma providencia profirió nuevamente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su contra, en consecuencia, ordenó su captura (fls. 286 a 288, c. 4). De los aspectos relevantes de la decisión, se destaca lo siguiente:


 

William Sofanor Coronado Alfaro (…) se pudo establecer que es miliciano del 35 frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, realiza labores de inteligencia a los miembros de la Fuerza Pública y a las personas prestantes de la región con el fin de secuestrarlas, al igual que se encarga de cobrar las extorsiones. Suministra repuestos a vehículos de esta organización narcoterrorista de las FARC.


 

Benildo Tijera Maldonado, alias James: Sí lo conocí como William por intermedio de Toñito Ruiz y del viejo ‘Teherán’, hace parte de las milicias urbanas, recibió curso de inteligencia financiera y operativa por alias ‘Duber’ en el campamento ubicado en el corregimiento de Chengue, se encarga dentro de la organización de recolectar información de tipo financiero y contra la Fuerza Pública.


 

Moisés Rafael Díaz Montes: adujo que sí lo conoce que se encarga de recolectar la plata de extorsiones, vacunas y secuestros, utiliza como fachada la venta de llantas.


 

Omar de Jesús Silgado Herrera, alias ‘Popeye’: solo conozco a William y a (…), son milicianos, se mueven es por el área de Corozal, hacen labor de inteligencia, abastecimiento, de información (fls. 143 a 144, c. 1).


 

(…)


 

  1. De la prueba testimonial de los indicantes

Ahora bien, para entrar a calificar esa condición de rebelde de cada uno de los procesados, entra el despacho a evaluar la calidad de la prueba testimonial recaudada y el informe de Policía Judicial, en su orden, tenemos:


 

1.1 Testimonio de Benildo Tijera Maldonado: alias ‘James’ (…). La comprobada militancia de Tijera Maldonado en el 35 frente de las FARC, le posibilita el conocimiento de la estructura interna de ese grupo guerrillero, no solo de los hombres que empuñan las armas, sino de aquellas personas que desde su condición de civiles prestan apoyo, logístico, de inteligencia, informativo, financiero, suministro de víveres y otras múltiples actividades que posibilitan la permanencia de su estructura militar, política, por lo cual resulta creíble y lógico que este reinsertado pueda conocer a la perfección a los ciudadanos que realizan estas tareas.


 

1.2. Omar de Jesús Silgado Herrera, alias ‘Popeye’, exguerrillero acogido por comprobada militancia en el 35 frente de las FARC al programa de reinserción de la Presidencia de la República.


 

Sobre el valor de este testimonio, resulta incuestionable que su valoración debe hacerse de manera especial, bajo el rigor de la sana crítica y las reglas de la experiencia, toda vez que mientras en su primera deposición ante este despacho suministró información sobre un gran número de personas, a quienes dijo conocer por sus nombres, es decir, las identificó e individualizó, al ser llamado nuevamente a efectos de ampliar su declaración, para ser contra interrogado, afirmó conocerlas por los alias y de cara y no de nombres. Esto es, manifestó conocer a los alias de (…).


 

Esta postura del testigo es la que hace que la credibilidad de su dicho se venga a menos, pues, resulta inaceptable que antes conociera a todas y cada una de las personas que señaló por sus nombres y apellidos y luego no las recuerde. Ahora no se muestra serio, responsivo, más aún solo viene a generar duda sobre lo dicho en su primera versión.


 

(…)


 

1.5. Por su parte Moisés Rafael Díaz Montes hace señalamientos contra varias personas de ser milicianos del 35 frente de las Farc en Sincelejo y Chalán, señalamiento que solo aporta en haber visto a estos sindicados reunidos en varias oportunidades con los milicianos de Chalán y si bien es cierto que no los vio ejecutando labor alguna a favor de la subversión, el valor de este testimonio radica en que sus manifestaciones corroborarían la manifestación de Tijera Maldonado en contra de quienes Diaz Montes les hace imputaciones de rebeldes.


 

De la prueba testimonial de los policías:


 

En el sub-examine, resulta que, el informe de agosto 12 de 2003 emanado de la Dirección Central de Policía Judicial del Grupo Investigativo Armados Ilegales, de donde tiene génesis la investigación, se tomó como criterio orientador de la misma, que han sido las testimoniales las determinantes dentro de la instrucción. Es claro que dicho informe, le indicó al despacho hacia dónde dirigirla, a qué y a quiénes debía averiguar; es decir, hacia, cómo y por dónde debía adelantarse la instrucción (fls. 285 a 281, c. 1).


 

- El 3 de febrero de 2006, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo profirió sentencia absolutoria en favor del señor Coronado Alfaro. Al respecto expuso lo siguiente:


 

Deviene del informe de fecha 12 de agosto de 2003, emanado de la Dirección Central de Policía Judicial- Grupo Investigación Armado Ilegales – Policía Nacional, suscrito por el funcionario de Policía Judicial, patrullero Edgar Blandón Quintero, en el que informa a la Fiscalía del conocimiento que se tiene, por labores de inteligencia adelantadas, que en las áreas rurales de los municipios de Chalán, corregimientos La Ceiba, Manzanares, El Cielo y las veredas El Palmar, El Simpático, El Desengaño, La Estrella (…) y en el perímetro urbano de Sincelejo, los frentes 35 y 37 de las Farc y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, se encuentran personas vinculadas con dichas organizaciones narcoterroristas, encargándose del transporte de elementos bélicos, del aprovisionamiento de víveres y medicinas, elementos panfletarios y arengas a la población de esas jurisdicciones.


 

(…)


 

Debemos concluir que por todos estos aspectos esta deponencia (sic) de Tijeras Maldonado, debe ser reforzada por otro medio probatorio, es decir, que la sola testificación de este develante (sic) no puede entregar la plena convicción que los hechos sucedieron como asegura, máxime que en cada acusación de los diferentes sindicados siempre por generalidad que los ha conocido en su actuar milicianos (…) sin entrar en detalles sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar.


 

Para esta judicatura este testimonio de Tijeras Maldonado, hecho en forma simple, no es suficiente para tal fin y que necesita de otra evidencia legalmente incorporada al plenario o de un reforzamiento de su decir como ampliación de su deposición o un complemento de sus afirmaciones, para entregar el más alto grado de convencimiento sobre la culpabilidad de cada uno de los sindicados conocidos.


 

Sobre la valoración de Omar de Jesús Silgado Herrera, alias ‘Popeye’ (…) si bien en un comienzo entregó datos que engendraban credibilidad, en su segunda exposición oral cayó en unas inconsistencias e inexactitudes, que hicieron que su testimonio fuera considerado poca o nula credibilidad, y bajo este criterio se valora en las diferentes acusaciones entregadas en contra de los procesados dentro de este protocolo penal.


 

Conclusiones probatorias sobre la responsabilidad penal de cada uno de los procesados:


 

66. Sofanor Coronado Alfaro:


 

De acuerdo con las pruebas recogidas en el plenario, al analizarlas en forma individual las probanzas de cargo o sea las declaraciones de los señores Benildo Tijeras Maldonado, Moisés Díaz Montes y Omar Silgado Herrera, de por sí no entregan la plena convicción de la responsabilidad del acusado conocido, como tampoco al examinar las pruebas en conjunto, teniendo en cuenta que ubican al acusado en su actividad de miliciano en diferentes sitios, por ejemplo, Tijeras Maldonado en Colosó, Moisés Díaz en Chalán y Sincelejo y, Silgado Herrera en Corozal, entonces ante esto cómo puede tener certeza el juzgado de estas acusaciones, anexándole a estas conclusiones, la misma indagatoria del acusado y las declaraciones de los señores (…), que nos revelan otra faceta diferente de la vida personal, familiar y laboral del procesado, lo cual nos sitúa en una incertidumbre y una duda, si realmente el procesado es o no miliciano de las FARC, ante eso, como toda duda debe resolverse a su favor, se absolverá del cargo de rebelión, al no entregar las pruebas la plena convicción de la acusación (fl. 571, c. 1)


 

- El 25 de junio de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Penal de Decisión profirió sentencia de segunda instancia y confirmó la decisión absolutoria de responsabilidad penal respecto del señor William Sofanor Coronado Alfaro. Al respecto, señaló lo siguiente:


 

Se refrendará la decisión del a quo, pero se aclara que Tijera Maldonado no aclara en qué municipio opera el sindicado; solamente dice que este hace parte de las milicias urbanas; Díaz Montes, a su vez, dice que conoció al procesado en Chalán, pero que vive en Sincelejo; y Silgado Herrera afirma que el acusado actúa en Corozal. Todo ello genera cierta confusión y a su calidad de miliciano (fl. 174 vto., c. 3).


 


 

Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio arrimado al plenario, para efectos de decidir el caso puesto a su consideración, precisa la Sala necesario concluir lo siguiente:


 

i) Al señor William Sofanor Coronado Alfaro se le adelantó una investigación penal por el delito de rebelión, con fundamento en un informe de Policía y las declaraciones de unas personas reinsertadas de las FARC que lo señalaron como miembro de la organización delictiva.


 

ii) El 2 de septiembre de 2003, la Fiscalía Dieciséis Seccional de Sincelejo profirió medida de aseguramiento en contra del señor Coronado Alfaro, consistente en detención preventiva; sin embargo, en proveído de 7 de noviembre de 2003, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo revocó la medida y ordenó libertad inmediata de todos los sindicados.


 

iii) La investigación penal concluyó con sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Penal. Al justificar la absolución del hoy demandante, los órganos judiciales dieron aplicación al principio de in dubio pro reo, pero lo cierto es que de la lectura integral de la sentencias se deduce que la absolución tuvo como fundamento la inexistencia de material probatorio que diera cuenta de la participación del ahora demandante en el grupo subversivo.


 

En consecuencia, la Sala procede a verificar si dichos medios probatorios constituían indicios graves y ameritaban la adopción de la medida de aseguramiento de detención preventiva, conforme a lo requerido por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.


 

En línea con lo manifestado por la Corte Constitucional35 y lo previsto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación entiende que la información contenida en los informes de inteligencia puede servir como criterio orientador de las investigaciones, pero no pueden tener valor probatorio, “por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal”36. Por ende, dichos informes “pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes”37.


 

En este orden de ideas, el informe de inteligencia referenciado, debe descartarse como indicio grave de responsabilidad en contra del señor Coronado Alfaro, como autor del delito de rebelión y, en consecuencia, como fundamento de la detención preventiva ordenada en su contra.


 

Resulta claro que la investigación penal que se adelantó en contra del señor William Sofanor Coronado Alfaro tuvo su origen en la declaración de los señores Benildo Tijera Maldonado, Omar de Jesús Silgado Herrera, Moisés Rafael Díaz Montes, ex integrantes del Frente 35 de las FARC, quienes aseguraron que les constaba la participación de varias personas en este grupo subversivo, entre ellas, señalaron al ahora demandante, de quien se afirmó que “suministra repuestos a vehículos de esta organización, recolecta información de tipo financiero y contra la Fuerza Pública y recolecta la plata de extorsiones, vacunas y secuestros”.


 

Precisa la Sala que dichas declaraciones fueron el fundamento de la detención preventiva y de la imputación del delito de rebelión del señor Coronado Alfaro, como lo advirtió la Fiscalía en la providencia de 23 de junio de 2003 mediante la cual profirió la resolución de acusación, pero en la sentencia absolutoria de primera instancia, concluyó que la valoración de las declaraciones en conjunto no generaban la plena convicción de la responsabilidad del acusado, así, por ejemplo, del testimonio del señor Omar de Jesús Silgado Herrera se señaló que contenía inconsistencias e inexactitudes entre la primera y la segunda declaración, por tanto carecía de credibilidad.


 

Así entonces, esas declaraciones de testigos, que incluso no aparecen en ninguna de las piezas que reposan en el expediente -únicamente son relacionadas en las resoluciones proferidas por la Fiscalía- no resultaron ser elementos probatorios que permitieran establecer la responsabilidad penal del ahora demandante; ninguno de los exintegrantes de las Farc fue claro en explicar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que el señor Coronado Alfaro operaba como miliciano de la organización; adicional a ello, no se aportó ningún otro elemento probatorio o evidencia física que soportaran los dichos de los declarantes.


 

A una conclusión análoga llegó esta Corporación en la sentencia de 2 de mayo de 2017, en la cual se decidieron las pretensiones reparatorias de quienes habían sido capturados y sometidos a detención preventiva, como presuntos autores del delito de rebelión, con base en el testimonio de un reinsertado de las FARC e informes de inteligencia militar que relataban su presunta colaboración con el grupo subversivo. Teniendo en cuenta que los informes de inteligencia no son un medio de convicción válido y que, en consecuencia, el material probatorio era insuficiente, la Sala concluyó que la autoridad judicial había inobservado los requisitos establecidos en la normativa procesal, por lo que se acreditaba una falla del servicio38.


 

Así, al no contar la Fiscalía General de la Nación con dos indicios graves de la responsabilidad del señor William Coronado Alfaro como autor del delito de rebelión al momento de ordenar su detención preventiva, se configura en el sub judice una falla del servicio.


 

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que asuma de manera impasible y como si se tratara de una carga pública, que todos los asociados debieran asumir en condiciones de igualdad, una privación de sus derechos a la libertad durante cinco meses y quince días, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado.


 

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el señor Coronado Alfaro no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcirle los perjuicios que dicha medida le causó.


 

Observa la Sala que el ente acusador no cumplió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, en la medida que no examinó con suficiente cuidado las pruebas que reposaban en el expediente, debiendo ahondar en ello para establecer la relación del señor William Sofanor Coronado Alfaro con el grupo FARC.


 

Adicionalmente, no es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima directa del daño, pues la medida de aseguramiento impuesta a él no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas, que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad.


 

En consecuencia, no es posible considerar que el hoy demandante hubiera estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la Fiscalía General de la Nación.


 

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se estudiará las pretensiones indemnizatorias de la demanda.


 

7. Indemnización de perjuicios


 

7.1. Perjuicios morales


 

En la demanda se solicitó por concepto de indemnización de perjuicios morales para la víctima directa del daño y para la señora Marlene Alfaro Reyes, una suma equivalente a 100 s.m.l.m.v. para cada uno de ellos. Para Luz Elena Coronado Alfaro, Doris del Carmen Coronado Alfaro, Mayda Isabel Coronado Alfaro y Martha Ligia Coronado Alfaro, la suma de 80 s.m.l.m.v., para cada una de ellas.


 

Ahora bien, con fundamento en los lineamientos jurisprudenciales que ha planteado esta Sección, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Coronado Alfaro le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida.


 

Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación39, se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV.


 

Lo anterior, en consideración a los criterios fijados por esta Corporación40, a sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente les correspondería una suma igual a la de la víctima directa de la privación. Para los parientes en el segundo grado de consanguinidad resulta procedente el reconocimiento del 50% del porcentaje de la víctima directa.


 

Al tratarse de una privación de la libertad de 2,4 meses, esto es, de acuerdo con los parámetros expuestos, al afectado directo le correspondería el reconocimiento de 35 s.m.l.m.v., circunstancia que se hace extensiva a su madre; y la suma equivalente a 17,5 s.m.l.m.v. para cada una de las hermanas, tal como se reconoció en la sentencia de primera instancia, de modo que la indemnización de perjuicios morales se confirmará al guardar correspondencia con las pautas anteriormente señaladas.


 

7.2. Perjuicios materiales – Lucro cesante


 

De conformidad con la jurisprudencia reiterada41 y unificada42 de esta Sección, el perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y, por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de ocurrencia del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético, por no corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas producido por el daño, no es susceptible de reparación.


 

En la presente controversia, el Tribunal Administrativo de Sucre condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de $1’503.020 por concepto de lucro cesante, en consideración a los salarios dejados de percibir por el señor Coronado Alfaro durante el período de privación de la libertad, para ello tuvo en consideración el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de la sentencia, dado que de las pruebas obrantes en el plenario no daban cuenta del monto exacto de los ingresos que el señor Coronado Alfaro percibía como vendedor de llantas43.


 

La liquidación del lucro cesante efectuada por el a quo se encuentra conforme a las pautas fijadas por la jurisprudencia de la Sección Tercera y por razones de equidad se procederá únicamente a su actualización monetaria, con aplicación del índice de precios al consumidor, para lo cual se modificará en lo pertinente el fallo recurrido.


 

Se realiza actualización del resultado a valor presente:


 

Ind. final – junio 201944 (102,71)

  • RA = VH $1’503.020 -------------------------------------------------

Ind. inicial – noviembre 2014 (82,25)

 


 

RA= $1’876.901.


 

Por lo anterior, la Rama Judicial pagará por concepto de lucro cesante la suma de un millón ochocientos setenta y seis mil novecientos un pesos ($1’876.901) al señor William Sofanor Coronado Alfaro.


 

8. Condena en costas


 

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.


 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


 


 

F A L L A


 

MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es la proferida el 25 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en lo atinente a la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. En consecuencia, la parte resolutiva quedará así:


 

PRIMERO: Declárense probadas las excepciones denominadas Inexistencia de falta de identidad entre la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial - Existencia de capacidad para actuar en procesos judiciales de la Fiscalía General de la Nación, falta de legitimación en la casusa por pasiva, propuestas por la Rama Judicial, por lo dicho en la parte motiva.


 

SEGUNDO: Declárense no probadas las excepciones denominadas Falta de relación causal entre los hechos de la demanda y la persona del sindicado, propuesta por la Rama Judicial; y la de culpa de terceros propuesta por la Fiscalía General de la Nación.


 

TERCERO: Declárese responsable patrimonialmente a la Nación - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la privación injusta de la libertad que soportó el señor William Sofanor Coronado Alfaro.


 

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, Condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor de la parte actora las sumas que se relacionan a continuación:


 

Perjuicio material:


 

Lucro cesante: un millón ochocientos setenta y seis mil novecientos un pesos ($1’876.901) al señor William Sofanor Coronado Alfaro.


 

Perjuicio moral:


 

35 salarios mínimos legales mensuales vigentes para William Sofanor coronado Alfaro.


 

35 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Marlene Alfaro Reyes.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Luz Elena Coronado Alfaro.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Doris del Carmen Coronado Alfaro.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Mayda Isabel Coronado Alfaro.


 

17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Martha Ligia Coronado Alfaro.


 

QUINTO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.


 

SEXTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.


 

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.


 

OCTAVO: Sin condena en costas.


 

NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.


 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


 


 


 


 

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO


 


 


 


 

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

1 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.

La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.

(…).

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

7 “La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

8 Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo:

PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar:

1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política;

2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,

3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño.

En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto.

9 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas.

10 Ibidem. Acápite 117 y 118.

11 Ibidem, Acápites 119 y 120.

12 Ibidem, Acápite 121.

13 Ibidem, Acápite 124.

14 Ibidem, Acápites 67 a 69.

15 Ibidem. Acápites 69 y 70.

16 Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 2000 y 2 de la Ley 906 de 2004.

17 Ibidem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994.

18 Ibidem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994.

19 Ibidem. Acápite 101.

20 Sentencia del 26 de mayo de 2010, 13001-23-31-000-1995-00023-01(18105). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera afirmó. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de agosto de 2004, Radicación: 05001-23-31-000-1992-1484-01(15791); Actor: Ana Julia Muñoz de Peña y otros; Demandado: Nación - Mindefensa - Policía Nacional. (…); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Radicación: 85001-23-31-000-1995-00121-01(14808); Actor: María Elina Garzón y otros; Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Y más reciente, la Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 13001-23-31-000-2003-01929-01(43413), en la cual se hicieron las siguientes referencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423.

21 Ibidem. Acápite 102.

22 Ibidem. Acápite 102.

23 Ibidem. Acápite 102.

24 La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 906 de 2004.

25 Ibidem. Acápite 103.

26 Ibidem. Acápite 104.

27 Más adelante señala:

112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento…

28 Ibidem. Acápite 104.

29 Ibidem. Acápite 104.

30 Ibidem. Acápite 105.

31 Ibidem. Acápite 105.

32 Ibidem. Acápite 106.

33 Ibidem. Acápite 106.

34 Los nombres de los demandantes se transcriben tal como constan en los respectivos registros civiles de nacimiento.

35 “El art. 50 incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso. || La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso”. Corte Constitucional. Sentencia C-392 de 2000.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de octubre de 2013, exp. 25822.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 27 de junio de 2017, exp. 39127.

38 Al respecto ver: Sentencia de 2 de mayo de 2017, exp. 40772, Sentencia de 16 de mayo de 2019, exp. 45438 y Sentencia de 14 de julio de 2019, exp. 46800.

39 En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, C.P: Hernán Andrade Rincón (E), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 14 de marzo de 2002, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 12076, ii) 23 de septiembre de 2015, M.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36575; iii) 2 de diciembre de 2015, radicación 37936 y iv) 10 de febrero de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación 39159, entre otras.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 4 de diciembre de 2006, radicación: 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; ii) 12 de febrero de 2014, radicación: 31583, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y iii) de 29 de mayo de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación: 35930, entre otras.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, M.P. Hernán Andrade Rincón (E), radicación: 36.149.

43 La actividad laboral como independiente del señor Willian Sofanor Coronado Alfaro se encuentra probada con los testimonios de los señores Elkin Antonio Peralta Araujo y Doris Yolanda Mercado, practicados en sede de primera instancia (fls. 768 a 771, c. 3).

44 Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización.

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