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CONFLICTO DE COMPETENCIA

 

FUERO GENERAL

 - Aplicación en proceso de custodia y cuidado personal cuando los padres actúan en nombre propio y no en representación del menor de edad. Reiteración de los autos de 27 de febrero de 1997, 30 de abril de 2013 y 7 de septiembre de 2016.

FUERO PRIVATIVO

- Conocimiento exclusivo del juez de domicilio del niño, niña o adolescente cuando éste es sujeto procesal, en procesos donde se reclama su custodia y cuidado personal. Aplicación del numeral 2, inciso 2 del artículo 28 del Código General del Proceso. Reiteración del auto de 18 de diciembre de 2016. Alcance de la expresión “privativo” Reiteración del auto de 2 de octubre de 2013.

HERMENÉUTICA

- Del inciso 2º del numeral 2º del artículo 28 del Código General del Proceso relacionado con la competencia privativa del juez del domicilio o residencia del niño, niña o adolescente cuando es parte en un litigio. Aplicación del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia.

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL

- Cuando se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, la competencia corresponde al lugar de domicilio del menor.

 

 

 

AC7896/17

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC7896-2017
Radicación n. 11001-02-03-000-2017-01714-00
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).




Sería del caso decidir el conflicto de competencia entre los Juzgados Promiscuo de Familia de Guamo (Tolima) y de Familia de Chiquinquirá (Boyacá), con ocasión del conocimiento de la demanda de custodia y cuidado personal presentada por Norma Constanza Silva Leal contra Edwin Rolando Guatavita Castro, respecto de los hijos menores de edad en común, sino fuera porque se advierte que el mismo resulta prematuro.

 

I. ANTECEDENTES



1. El escrito inicial se dirigió al «JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA- Guamo», a quien se estimó competente «por la naturaleza del asunto y por la vecindad de las partes», según se indicó en el acápite respectivo.

2. El funcionario destinatario se declaró falto de competencia luego de establecer que «El domicilio actual de los menores (…) es Chiquinquirá- Boyacá» y considerar que la autoridad habilitada es la de la vecindad de los infantes, a cuyo «JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (…)», remitió las diligencias.

3. Recibida la actuación por el Juzgado de Familia del Circuito de Chiquinquirá, fue rehusada la atribución al considerar que la misma «radica en el Despacho remitente», en tanto «que la demandante no señala estar actuando en representación de sus menores hijos (…)», precisando que el domicilio del demandado en Saldaña es el determinante de la asignación legal.

En virtud de lo anterior, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.

 

II. CONSIDERACIONES



1. Aptitud legal para la resolución.

Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, proveer en el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Dinámica general de las reglas de competencia

En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.

En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.

Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.

Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio.

Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.

La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.

Por esa razón, en materia de competencia territorial, se fijan una o unas bases universales, generales que han de regular aquellas situaciones que no tengan regla especial.

3. Las pautas de atribución territorial en el C.G.P.

Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.

Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».

Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.

4. Eventos de competencia privativa.

Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los casos previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.

La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiteró mediante argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil que son de total recibo para el actual:

Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)

En este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial, que anula la facultad de selección del demandante, así como su desatención por parte del Juez.

5. Fuero personal privativo del niño, niña y adolescente.

Especial estudio merecen los supuestos de competencia excluyente por el fuero personal que se encuentran consignados en el numeral 2 (inciso 2º) del artículo 28 del Código General del Proceso, a cuyo tenor:

«En los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel.» (Resaltado fuera de texto).

Este precepto regula un foro especial, para los casos que comprendan como sujeto activo o pasivo de la relación procesal a un niño, niña o adolescente. Al respecto, la Corporación ha señalado:

«Igualmente, la Corte ha dicho que «el propósito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posición brindándoles la prerrogativa, precisamente por su condición, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia» (CSJ, AC 7892, 18 dic. 2016, rad. 2016-02845-00).

Esta hermenéutica busca frontalmente responder al principio de «interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes», contemplado en el artículo 44 de la Constitución Política y desarrollado por el Código de la Infancia y la Adolescencia, en cuya preceptiva 8º se define dicho postulado como «el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes», para luego en el apartado 9º destacar que la «prevalencia de los derechos de los niños», debe hacerse efectiva en «todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, niñas y adolescentes».

La lectura detenida del precepto analizado (num. 2, inc. 2º, art. 28) y el estudio de la jurisprudencia actual y aquella sobre la normativa que con anterioridad al Código General del Proceso regulaba en términos muy similares la mentada pauta de atribución (artículo 8º del Decreto 2272 de 1989), permiten inferir que para la adecuación de un caso particular, no sólo es necesario que el proceso tenga por objeto alguna de las materias allí enlistadas.

Ciertamente, es preciso además, que la causa comprenda como sujeto activo o pasivo, según se trate, a un niño, niña o adolescente, pues en caso contrario, no se configura el foro especial, y por ende, debe acudirse al general que persigue la ubicación del demandado (num. 1, art. 28 ibídem).

Al respecto, la Corporación ha establecido:

«3. En el presente asunto no es el menor sino su madre, quien figura como demandante, por intermedio de la Defensora de Familia, por lo que debe descartarse la aplicación en este evento, del fuero especial señalado en el artículo 8º del decreto 2272 de 1989, cuyo presupuesto básico es el de que el menor sea el actor.

Sobre el particular, esta Sala, tiene asentado que “…si la nombrada menor no funge como demandante, así se encuentre bajo la custodia y cuidado personal de su progenitor y éste asuma el antedicho rol, el fuero de que trata el artículo 8° del decreto 2272 de 1989, resulta inoperante por definición” (auto 30 de junio de 2005, Exp. 2005-00395).

Síguese de lo anterior que no obstante lo dicho en la demanda como factor atributivo de competencia, en este asunto, el domicilio del menor no entra en juego para determinar cuál es el juez competente para conocer del proceso de privación de la patria potestad y, debe, por lo tanto, acudirse a la regla general prevista en el numeral 1 del artículo 23 del C. de P.C., que por el factor territorial, la asigna al juez del domicilio del demandado.» (SC AC 30 abr. 2013, 2013-00805-00; destacado fuera de texto).
Luego, en pronunciamiento que reiteró la anterior postura, dictado en relación con una demanda sobre custodia y cuidado personal, se indicó:

«En relación con esta última disposición, la Corporación interpretó en su momento que

(…) por tratarse de una excepción,…en el texto legal no caben más asuntos que los que él mismo contiene y cita expresamente; bien sabido se tiene que el marco de norma semejante es asaz ceñido y, por consiguiente, es inútil tratar de ensancharlo… en el punto está vedada, así, toda interpretación laxa, analógica o por extensión (CSJ AC del 30 de abril de 2013, exp. 2013-00805).

De tal manera que si el menor no es demandante, no obstante estar involucrados sus intereses, se sigue la preceptiva general de que la disputa corresponde al juzgador de la vecindad del demandado.» (AC5922-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-01990-00).

6. Caso Concreto.

6.1. El presente caso se aviene precisamente a un evento ajeno al alcance del analizado fuero personal privativo del niño, niña y adolescente, en tanto que al margen de la relación con sus intereses, esta controversia no sitúa a dichos infantes como integrantes de algún extremo procesal.

De manera que para estos supuestos debe prescindirse del fuero excluyente referido a la ubicación de los menores de edad, por cuanto más allá de la representación legal que detenta la señora Norma Constanza Silva Leal, no puede inferirse que la pretensión se formule a nombre de sus hijos.

En efecto y por el contrario, la petición jurisdiccional y su causa, evidencian una gestión en interés propio como progenitora en persecución de la custodia y el cuidado personal, siendo pertinente precisar, tal cual concluyera la Sala en pretérita ocasión, que «lo planteado en el petitum es un asunto contencioso entre quienes detentan la patria potestad y tienen a su cargo los deberes que ella implica, asunto que ha de seguir la regla general de competencia territorial a falta de disposición legal en contrario» (AC 27 feb. 1997, exp. 6452).

6.2. Establecido lo anterior, corresponde concluir que el fuero aplicable es el general atinente al domicilio del demandado, lo que a su turno obliga a predicar que la repulsión de la competencia por parte de las autoridades en contienda, en especial la primera, resultó presurosa, impeditiva de la debida estructuración del conflicto y su resolución.

Lo dicho en tanto que junto al desacierto relacionado con el foro aplicable, hubo desatención del deber de requerir con suficiencia las precisiones necesarias para decidir sobre el particular.

Efectivamente, no fue desplegada conducta alguna para superar la ambigua enunciación del domicilio del demandado, información que se suministró en los siguientes términos: «vecino y residente en el municipio de Saldaña, barrio 20 de Julio y actualmente se encuentra en el municipio de Chiquinquirá», los cuales no permiten inferir con certeza el actual asiento territorial con relevancia jurídica del convocado, máxime cuando se considera la integralidad de la demanda y sus anexos.

En este orden, ante la falta de ilustración sobre el factor delimitante de la competencia, los Despachos encontrados actuaron de manera prematura al rehusar el conocimiento del asunto, sin haber obtenido previamente la necesaria precisión ya referida, por lo que cabe reiterar: «[…] el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo» (CSJ AC1318-2016, rad. 2016-00455-00).

7. Conclusión

De manera que se dispondrá la devolución de las diligencias al funcionario inicial con la finalidad de que adopte las medidas legalmente procedentes, tendientes a establecer la competencia territorial, lo cual para este evento, de ser el caso, implica considerar la regla de competencia expresa supletiva contenida en el numeral 6 del artículo 17 del Código General del Proceso.
 


III. DECISIÓN



En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

 


RESUELVE



PRIMERO. DECLARAR PREMATURO el planteamiento del presente conflicto de competencia.

SEGUNDO. REMITIR el expediente al Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo (Tolima) para que proceda de conformidad con lo expuesto. Comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.


 


Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado

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