Iniciar Sesión

Ingrese a su Cuenta

Usuario *
Contraseña *

ORDEN DE CAPTURA EN PROCESO PENAL

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 

 

ORDEN DE CAPTURA EN PROCESO PENAL

- Secuestro y homicidio 

 

CAPTURA FALLIDA POR HUIDA DE SINDICADO 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA

 

SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA

 

INVESTIGACIÓN PENAL NO CONFIGURÓ UN DAÑO ANTIJURÍDICO

Oscar Radillo Barrios fue sindicado del presunto delito de secuestro y homicidio; se definió su situación jurídica con el decreto de medida de aseguramiento, y para hacer efectiva esta medida, se libró orden de captura que nunca se hizo efectiva, toda vez que el sindicado se dio a la huida. El proceso llegó a la etapa de juicio; fue condenado en primera instancia, y absuelto al ser resuelto el recurso de apelación (…) El daño, considerado como el primer elemento de la responsabilidad, lo hace consistir la parte demandante en la alteración de la tranquilidad, el derecho al sosiego y la imposibilidad de trabajar para procurar su sustento y el de su familia, padecido por Oscar Badillo Barros, en razón a la presunta persecución a la que, dijo, se vio sometido y que lo obligó a ultimar la huida después de ser proferida la orden de captura dentro del proceso penal al que fue vinculado como procesado, por el presunto punible de homicidio en concurso con secuestro no extorsivo, proceso que concluyó con sentencia absolutoria de segunda instancia (…) Empero, estas mismas pruebas no permiten deducir el daño antijurídico. Primero, por cuanto, como se advierte en los hechos de la demanda, una vez proferida la orden de captura en su contra, Oscar Badillo se dispuso a la huida, actitud con la cual se situó voluntariamente al margen del proceso penal, y se sustrajo a la debida colaboración con la justicia para que se aclararan las circunstancias de hecho que condujeron a la sindicación que se le hizo como autor de conductas que tipificarían el delito de homicidio en concurso con secuestro extorsivo. Segundo, porque el solo hecho de que se hubiese adelantado un proceso penal en su contra, per se, no entraña la configuración del daño, teniendo en cuenta que los administrados, todos, en principio, estamos en el deber de soportar las investigaciones judiciales, y en razón a ello, toda persona está expuesta a ser investigada penalmente y la autoridad competente, en el deber de adelantar la investigación cuando ha tenido conocimiento de hechos que lo ameritan. Y tercero, porque carece de todo sustento probatorio la afirmación que se hizo en la demanda en relación con la privación del trabajo y del goce de su núcleo familiar. El actor, a quien correspondía la prueba de los fundamentos de sus pretensiones, no aportó al plenario prueba alguna que permita tener por cierto que laboraba antes de que se iniciara en su contra el proceso penal, y menos aún, que hubiese tenido posteriormente oferta alguna de trabajo durante el tiempo en que estuvo prófugo de la justicia, o que hubiese padecido daño y perjuicio inmaterial por esta causa, pues lo único que obra como prueba en el plenario (…) En este sentido, existe una expresión latina, el onus probandi -carga de la prueba- que a fin de cuentas señala quién está obligado a probar un determinado hecho. En el proceso la carga de la prueba se funda en el interés de la parte, por lo que para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, es éste quien debe acreditarlo; lo que no ocurrió en este caso, pues goza de orfandad probatoria el plenario toda vez que solo se allegó la copia de las providencias proferidas dentro del proceso penal y se recepcionaron dos testimonios que poco o nada aportan para tener por probado el daño antijurídico aducido por la parte demandante. Así las cosas, en el caso concreto que ahora se examina se torna, en consecuencia, estéril cualquier examen acerca de la imputación, porque no se probó el primer elemento de la responsabilidad –el daño antijurídico- que permitiera hacer un juicio de responsabilidad al Estado.
 


ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

- Daño antijurídico e imputación

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública (…) El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en la imposibilidad de trabajar para conseguir su sustento y el de su familia, en la alteración de la tranquilidad y el derecho al sosiego que padeció, no sólo él - Oscar Radillo Barros, como la victima directa, sino su familia, en razón a la predicada persecución a la que dijo haber estado sometido por la orden de captura proferida en su contra dentro del proceso penal que se adelantó y que culminó con sentencia absolutoria de segunda instancia (…) La responsabilidad es un principio jurídico del derecho, según el cual, quien genera un daño a una persona o a sus bienes está en la obligación de indemnizarlo, principio que vincula en la actualidad tanto a los sujetos inmersos en las relaciones de derecho privado, como a los que constituyen el extremo subjetivo de la relación de derecho público (…) En cuanto al Estado, se debe tener presente que la responsabilidad va atada con la concepción que se tenga sobre el poder y sobre el ejercicio de los poderes públicos que emanan de su soberanía. El artículo 90 de la Carta Política introdujo a su turno la responsabilidad estatal.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

- Término 

 

ACLARACIÓN O CORRECCIÓN DE LA DEMANDA

- Término 

 

REFORMA DE LA DEMANDA

- Presupuestos

En relación con el término para intentar la acción de reparación directa, la norma aplicable para la época de presentación de la demanda – nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004)- lo era el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, que disponía: (…) “ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones (…) La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa” (…) La demanda que dio origen a este proceso fue interpuesta contra la persona jurídica Nación, con señalamiento del Ministerio del Interior y de Justicia como órgano a cargo de su debida representación judicial. Posteriormente, pasados los dos (2) años establecidos para su oportuno ejercicio, el demandante presentó un escrito que denominó “de reforma y aclaración de la demanda”, por medio del cual, con fundamento en el artículo 208 del C.C.A., la direccionó, también, contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación (…) Ahora, el artículo 208 del C.C.A., vigente para la época de los hechos, contemplaba la posibilidad de aclarar o corregir la demanda, hasta antes del término de fijación en lista (…) Pues bien, a juicio de la Sala, la aludida actuación de la parte demandante, sin consideración a los términos empleados para el efecto, no configuró reforma de la demanda, porque, para que se tenga por reformada la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, que contempla esta figura, debe haber alteración de las partes en el proceso, de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, o debe mediar la petición de pruebas nuevas (…) En ese entendido, no resulta válido considerar que el demandante operó una reforma de la demanda con modificación de las partes, pues a lo sumo, lo que ocurrió fue una subsanación de una situación que de haber continuado inalterada habría dado lugar a la configuración de la causal de nulidad contemplada en el numeral 7º del artículo 140 del C.P.C., esto es, la indebida representación (…) En este orden de ideas, concluye la Sala, que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto la acción se interpuso dentro del término contra la persona jurídica Nación- llamada a ser parte demanda en el presente asunto, independientemente de que inicialmente se hubiera llamado en su representación a uno de sus órganos, y con posterioridad se hubiera llamado en adición, a otros, pues aquel y estos vinieron al proceso, no como parte, sino en representación de la persona jurídica de derecho público.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULOS 136 Y 208 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 140

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del magistrado Guillermo Sánchez Luque.


 

 

 44001-23-31-000-2004-00988-01(44616)



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Radicación número: 44001-23-31-000-2004-00988-01(44616)
Actor: OSCAR RADILLO BARROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017)


 

 


Acción. Reparación directa (D.01/84)
Temas. Caducidad de la acción –reforma de la demanda
Sub tema. Responsabilidad del estado por proceso penal –daño antijurídico no probado


Sentencia.
Sentencia revoca.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira de 16 de mayo de 2012 , por medio de la cual se declaró la caducidad de la acción.

 



I. SÍNTESIS DEL CASO.



Oscar Radillo Barrios fue sindicado del presunto delito de secuestro y homicidio; se definió su situación jurídica con el decreto de medida de aseguramiento, y para hacer efectiva esta medida, se libró orden de captura que nunca se hizo efectiva, toda vez que el sindicado se dio a la huida. El proceso llegó a la etapa de juicio; fue condenado en primera instancia, y absuelto al ser resuelto el recurso de apelación.
 


II. ANTECEDENTES



2.1. La demanda.

Oscar Radillo Barrios; Eleris Pavas Salas, quien actúa en nombre propio y de sus menores hijas Yeires, Karina, Yadeliz Y Yendri Radillo Pavas; Oscar Radillo Melo y Efigenia Barros Pinto en su calidad de padres de Oscar Radillo Barrios; Genner Elías, Oscar Elías, Yasira María, Yomara, Oimer, Javier, Justiniano Manuel, Rocío Beatriz y Roberto Rafael Radillo Mena, sus hermanos paternos, y Disdalis Aydeth y Dionelsis Maria Pinto Barros, sus hermanas maternas, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el día 9 de diciembre de 2004, en ejercicio de la acción de reparación directa, para que se hicieran efectivas las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA. El Ministerio de Justicia y del derecho es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados al señor OSCAR RADILLO BARRIOS, y de los perjuicios morales de sus menores hijas YEIRES, KARINA, YADELIZ Y YENDRI RADILLO PAVAS, de sus padres OSCAR RADILLO MELO Y EFIGENIA BARROS PINTO, así como de sus hermanos paternos y maternos GENNER ELÍAS, OSCAR ELÍAS, YASIRA MARÍA, YOMARA, OIMER, JAVIER, JUSTINIANO MANUEL, ROCIÓ BEATRIZ Y ROBERTO RAFAEL RADILLO MENA, DISDALIS AYDETH Y DIONELSIS MARIA PINTO BARROS, por la persecución y larga e injusta condena de que fue objeto, mediante fallo dictado por el Jugado penal del Circuito Especializado, el señor OSCAR RADILLO BARROS, siendo posteriormente exonerado mediante sentencia absolutoria definitiva proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial -Sala Penal- de Riohacha.

SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, a la Nación Colombiana-Ministerio de Justicia y del Derecho, a pagar a los actores, o a quien represente sus intereses, como indemnización del daño ocasionado, los perjuicios de orden material y moral, objetivado y subjetivado, actuales y futuros, los cuales se estiman superior a los CIEN MILLONES DE PESOS (4100.000.000), o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.


TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. y se reconocerá la indexación desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta que se le dé cabal cumplimento a la sentencia que le ponga fin al proceso.

CUARTA. EL Ministerio de Justicia y del derecho dará cumplimiento a la sentencia en los términos de las disposiciones 176 y 177 del C.C.A.”


Como fundamento fáctico de sus pretensiones, sostuvo el apoderado de la parte actora que en razón a la orden de captura proferida por la fiscalía el 28 de agosto de 1996, el señor Radillo Barros se vio obligado a esconderse y huir de las autoridades hasta que se aclararan los hechos que condujeron a la sindicación que le hizo la Fiscalía como autor de los delitos de secuestro y homicidio. Por esta razón, dejó de trabajar de manera independiente, y se vio afectada su familia ya que no tenía como cubrir los gastos básicos de su núcleo familiar y se vio en la obligación de acudir a sus familiares para que le proporcionaran ayuda.

Mediante providencia del 18 de octubre de 1996, la Fiscalía precluyó la investigación que adelantaba en su contra, pero, al resolver la apelación interpuesta por la parte civil, el Fiscal de segunda instancia, mediante providencia del 20 de agosto de 1998, revocó la preclusión y ordenó continuar con el sumario.

Remitido el proceso al juzgado, para dar paso a la etapa de juicio, el juez decretó, de oficio, la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de acusación y ordenó la devolución del proceso a la fiscal de conocimiento, quien profirió, nuevamente, resolución de acusación mediante providencia de fecha 28 de diciembre de 1999 y remitió de nuevo el expediente al juez, quien se declaró incompetente y remitió el asunto al Juzgado Penal de Circuito Especializado.
El Juzgado Penal del Circuito Especializado dictó sentencia condenatoria el 24 de septiembre de 2003, sentencia que fue revocada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha -Sala Penal, mediante proveído del 18 de diciembre de 2003.

Por último, adujo el padecimiento de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, a consecuencia de la que calificó como una injusta persecución a que se vio sometido durante cinco años que duró todo el proceso.

2.2. Trámite procesal relevante.

La demanda fue repartida al Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, que mediante providencia de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil cuatro (2004), admitió la demanda y procedió a ordenar las notificaciones de rigor.

Luego, mediante auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis (2006), teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos.

Mediante providencia del 29 de agosto de 2006, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha admitió asumió el conocimiento de la demanda, y en su momento, admitió la reforma de la demanda presentada el día doce (12) de junio de dos mil siete (2007), y profirió decreto de pruebas.

Por auto de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil nueve (2009), remitió el proceso, por competencia, al Tribunal Administrativo de la Guajira, órgano que asumió su conocimiento y declaró la nulidad de lo actuado por el juzgado. Posteriormente, admitió la adición de la demanda , ordenó notificar a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación del auto admisorio.

La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho propuso la excepción de indebida representación por pasiva, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley 446 de 1998, y teniendo en cuenta el objeto de la litis, la representación de la Nación estaba en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y en la dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, órganos que atendiendo al mandato constitucional y legal, tienen autonomía administrativa y financiera y debían concurrir al proceso para ejercer en nombre de la Nación el derecho de defensa y contradicción frente a los hechos que se les endilgaron como generadores del presunto daño padecido por los actores.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación de la demanda , en el cual se opuso a la totalidad de las pretensiones, y propuso la excepción de culpa del tercero, por cuanto la investigación se inició debido a la denuncia formulada por el señor Fredy Gómez Ruíz, quien afirmó que había presenciado los hechos en que se ultimó el crimen. Alegó que la entidad obró de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos.

Adujo que al Fiscal encargado del caso le correspondía pronunciarse jurídicamente, de acuerdo con la naturaleza del hecho investigado, las pruebas aportadas, el origen de la acusación, y con la observancia de los criterios fijados por la ley y con fundamento en los hechos ocurridos profirió la medida de aseguramiento en contra del señor Radillo Barros; procedimiento que de no seguirse por parte del funcionario de instrucción, podría justificar, que en su contra se diera inicio a una investigación, por incumplimiento de sus funciones.

Finalmente, argumentó que en la actuación surtida por la Fiscalía General de la Nación, no hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ni hubo detención injusta, pues los pronunciamientos correspondieron a la naturaleza del proceso y a las pruebas decretadas y aportadas, sin que mediara arbitrariedad o conducta inapropiada de los funcionarios instructores.

La Rama Judicial por su parte, en el escrito de contestación de demanda, propuso como excepción, la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto las actuaciones de los jueces fueron ejecutadas de manera seria y conforme a los preceptos legales. Se opuso a las pretensiones y adujo que la juez de conocimiento en cumplimiento de las normas legales y principios orientadores del derecho procesal penal, al hacer la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, consideró que estaban dados los presupuestos sustanciales del artículo 232 del C.P.C. para proferir la decisión declarando al señor Radillo Barros autor del delito homicidio y secuestro simple, lo cual justificó que se mantuviera la medida de aseguramiento en su contra, pues la gravedad de la conducta así lo ameritaba. El hecho de que la sentencia hubiese sido revocada por el juez de segunda instancia, manifestó, no lleva a concluir, linealmente, que el proceso hubiera sido adelantado en contradicción con el derecho.

Así, consideró que no existe relación entre los supuestos daños aducidos por el actor y la actuación del juez que conoció del asunto. Además, en cuanto a la media de aseguramiento, expresó que fue proferida por el ente investigador, quien, una vez encontró mérito para calificar el sumario, procedió a dictar resolución de acusación y a librar la orden de captura.

El tribunal, abrió el proceso a pruebas mediante providencia del veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010), y corrió traslado para alegar de conclusión, el día veintidós (22) de agosto del mismo año.

La Fiscalía presentó alegatos de conclusión mediante memorial radicado el día 7 de septiembre de 2010, por el cual además de ratificarse en lo dicho la contestación, advirtió que, el Fiscal de conocimiento profirió la medida teniendo en cuenta los testimonios de los testigos presenciales, los señores Fredy Gómez Ruíz y Hilario Antonio Barros quienes detallaron las circunstancias temporo –especiales en que ocurrió el acontecer criminoso. Pruebas que ostensiblemente son indicios graves en contra del señor Radillo Barros. Así, además de estas pruebas, se aportaron otras que llevaron al funcionario a proferir la decisión en contra de éste, y que la sentencia de segunda instancia que revocó la condena, fue producto de la duda existente sobre la responsabilidad del procesado, sin que puede derivarse de alí certeza alguna sobre la inocencia del procesado.

La Rama Judicial presentó escrito de alegaciones , reiterando lo dicho en la contestación de la demanda.

El Ministerio Publico presentó concepto de fondo , por medio del cual solicitó que se denegaran las pretensiones teniendo en cuenta que jamás hubo captura y por ende privación injusta de la libertad. Aludió, en apoyo de su solicitud, que ante esta situación no es posible considerar que ha ocurrido una medida injusta a la luz de lo previsto en el artículo 414 del C.P.C, ni de los lineamientos desarrollados por el Consejo de Estado desde 1996; como que tampoco es posible hablar de error judicial, cuando quien alega el daño tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas con las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, atendiendo al procedimiento que prevé la legislación penal.

La parte demandante no presentó escrito de alegaciones.

2.3. La sentencia recurrida.

Se profirió sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012) , por medio de la cual se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia, y además declaró la caducidad de la acción, teniendo en cuenta lo siguiente:

“En el presente caso la parte demandante tenía la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley, sin embargo, se observa que a pesar de que ejerció la acción de reparación directa en contra del estado representada en el Ministerio del Interior y de Justicia dentro del término legal, es decir, en el año 2004; no sucedió lo mismo respecto de la Rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, entidades ante las cuales por vía de la reforma de la demanda en el año 2007 –tres años después de la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal de Riohacha –intentó su vinculación como demandadas, cuando en realidad la acción ya había caducado.

Para éste Tribunal, el fenómeno de la caducidad se encuentra probado ya que la acción en contra de la Rama Judicial y la Fiscalía por haber sido impetrada tardíamente, impedía el surgimiento del proceso, y si bien no fue advertida cuando se estudió la admisión de la demanda, es la sentencia, la etapa procesal en la que se puede declarar de oficio si se encuentra probada.
Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que buscaba el señor Radillo Barros frente a las demandadas Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, se vio afectada por el fenómeno de la caducidad, razón más que suficiente para que este Tribunal la encuentre probada frente a dichas demandas.”

2.4. La apelación contra la sentencia.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación y este fue concedido el veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012).

El recurrente sostuvo que la caducidad de la acción se interrumpe con la presentación de la demanda, que esta se presentó dentro de los dos (2) años de que trata el artículo 136 del C.C.A., y hace alusión a los artículos que regulan la reforma de la demanda.

Consideró que está claramente demostrado que la demanda fue admitida y que se surtió todo el ritual procesal hasta llegar a la etapa de fallo, por lo que debió decidir de fondo. Y, que para el caso, no se presentó una nueva demanda para vincular a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, sino que se trató de la misma demanda. Por ello, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y decidiera de fondo en sentido favorable a las pretensiones.

2.5. Trámite en segunda instancia.

El 1 de agosto de 2012 , se admitió el recurso de apelación interpuesto.

El 29 de agosto de 2012 , se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

El Ministerio Público y la parte actora guardaron silencio.

La Nación – Fiscalía General de la Nación alegó de conclusión el 12 de septiembre de 2012 , con reiteración de los argumentos expuestos a lo largo del plenario con hincapié en el argumento de la existencia de un deber a cargo de esa entidad, de adelantar la investigación teniendo en cuenta los señalamientos que se habían hecho en contra de Oscar Radillo Barros, investigación que, dijo, se llevó a cabo con la observancia de las normas legales y constitucionales vigentes para la época. Coligió de lo anterior, la inexistencia de falla en el servicio o de error judicial, toda vez que la investigación es una carga que el administrado está obligado a soportar, y la entidad en el deber desplegar.

 


III. CONSIDERACIONES




3.1. Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito

3.1.1. La competencia

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía .

3.1.2. Ejercicio oportuno de la Acción

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de la presentación del libelo introductorio, toda vez que la providencia de segunda instancia, que absolvió al procesado, fue notificada el diecinueve (19) de diciembre de dos mil tres (2003), y comoquiera que la demanda de la referencia se presentó el nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004) , se colige que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción; por ende, se acudió ante la jurisdicción dentro de la oportunidad prevista en el artículo 136 del C.C.A. Sobre este asunto se volverá más adelante, en esta misma providencia, para explicar las razones por las que esta Judicatura se aparta de la decisión del A quo.

3.1.3. Legitimación

La legitimación en la causa. El señor Oscar Radillo Barros fue contra quien se adelantó el proceso penal, como se evidencia de las providencias que se aportan con la demanda, entre ellas la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de la Guajira, fechada dieciocho (18) de diciembre de dos milo tres (2003), que absolvió al procesado . De igual manera, se acredita la condición de hijas de la víctima directa, de las menores Yaires Karina, Yendry y Yadelis Radillo Pavas ; los progenitores Oscar Radillo y Efigenia Barros ; los hermanos Genner Elias, Oscar Elias, Yasira María, Yomara, Oimer, Javier; Justiniano Manuel, Roció Beatriz y Roberto Rafael Radillo Mena , y de Disdalis Aideth y Dionelsis María Pinto Barros , quienes probaron el parentesco con el respectivo registro civil de nacimiento.

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto” ; y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, y en atención a que se allegaron los respectivos documentos, se entiende acreditada la legitimación en la causa por activa.

Para el caso de la parte demandada, está legitimada la Nación que es la persona jurídica llamada a responder por las pretensiones reclamadas y que devienen de los hechos expuestos en la demanda, representada en este caso por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, siendo estos dos últimos órganos los que adelantaron el proceso seguido en contra de Oscar Radillo Barros, por el presunto punible de homicidio en concurso con secuestro simple no extorsivo del que fue absuelto, por el que se pretende la respectiva indemnización y a los que se imputa la falla del servicio.


3.2. Asuntos a resolver

Teniendo en cuenta el objeto del recurso de apelación, se plantea la Sala el siguiente cuestionamiento:

- La reforma de la demanda, presentada cuando ya ha vencido el término de caducidad de la acción, sin sustituir a la persona jurídica demandada y con el propósito de adicionar el número de órganos que deben concurrir al proceso en defensa de aquella, debe ser desestimada por caducidad?

Al respecto considera la Sala:

En relación con el término para intentar la acción de reparación directa, la norma aplicable para la época de presentación de la demanda – nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004)- lo era el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, que disponía:


“ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones.


8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.


La demanda que dio origen a este proceso fue interpuesta contra la persona jurídica Nación, con señalamiento del Ministerio del Interior y de Justicia como órgano a cargo de su debida representación judicial. Posteriormente, pasados los dos (2) años establecidos para su oportuno ejercicio, el demandante presentó un escrito que denominó “de reforma y aclaración de la demanda”, por medio del cual, con fundamento en el artículo 208 del C.C.A ., la direccionó, también, contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.11

El juez de primera instancia consideró que había operado la caducidad de la acción por cuanto, a su juicio, la demanda, si bien fue instaurada dentro del término de los dos (2) años, en contra de la Nación -Ministerio de Interior y de Justicia, fue extendida en su extremo pasivo respecto de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación tres (3) años después de la ejecutoria de la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de Riohacha-, esto es, cuando ya se había configurado la caducidad.

Para apoyar su decisión, el juez de primera instancia hizo referencia a un pronunciamiento de esta Corporación en el que se dijo:


“Dentro de esos requisitos, de fundamental importancia resulta la constatación de que la demanda se haya formulado antes de que se consolide el fenómeno de la caducidad, cuya ocurrencia inhibe la posibilidad de acceder a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en busca de que se decida en relación con algunas pretensiones.

Este requisito debe estar satisfecho también cuando por la vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes, demandados o pretensiones, por cuanto otros demandantes solo podrán intervenir a formular sus propias pretensiones mientras que el término para ejercer su propia acción no haya vencido; o la demanda no se podrá dirigir contra otro demandado cuando el término para intentar la acción en su contra haya caducado; o no se podrán incluir nuevas pretensiones si el término para intentar la acción a través de la cual pueden ser reclamadas ya ha vencido, esto es ya ha operado el fenómeno de la caducidad” .

Ahora, el artículo 208 del C.C.A., vigente para la época de los hechos, contemplaba la posibilidad de aclarar o corregir la demanda, hasta antes del término de fijación en lista, y fue con fundamento en esta norma que el demandante presentó el escrito que denominó aclaración y reforma de la demanda, en el que consideró que debía llamar al proceso tanto a la Rama Judicial, como a la Fiscalía General de la Nación.

Pues bien, a juicio de la Sala, la aludida actuación de la parte demandante, sin consideración a los términos empleados para el efecto, no configuró reforma de la demanda, porque, para que se tenga por reformada la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, que contempla esta figura, debe haber alteración de las partes en el proceso, de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, o debe mediar la petición de pruebas nuevas .

Ninguna de estas hipótesis se configuró en el sub lite, pues la parte demandante, al vincular al proceso a la Rama Judicial y a la Fiscalía no alteró la parte demandada, que siguió siendo la Nación, como persona jurídica con capacidad para ser parte.

Una cosa es la capacidad para ser parte, y otra distinta la representación de quien tiene la condición de parte y la capacidad para comparecer al proceso en ejercicio de esa representación. Para mejor entendimiento de esta diferencia, es válido traer a colación lo dicho por esta Corporación en la providencia que unificó jurisprudencia en relación con la representación judicial de la Fiscalía General de la Nación, antes y después de la entrada en vigencia del artículo 49 de la ley 446 de 1998, en la que dijo:


Por un lado, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v.gr. art. 2º ley 80 de 1993), para ser parte de cualquier relación jurídica. Así pues, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquélla.

Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso. En igual sentido, la doctrina comparada más autorizada sostiene:

“La capacidad para ser parte es la proyección, en la esfera procesal, de la capacidad jurídica. Será, por tanto, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal.

“La capacidad para ser parte va unida a la condición de persona. Toda persona tiene capacidad jurídica y, por tanto, para ser parte. (…) Todo hombre, por el hecho de serlo, es persona. La capacidad para ser parte acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su muerte.

“Las personas jurídicas –públicas y privadas- desde el momento que adquieren tal carácter tienen capacidad para ser parte. La condición de parte se atribuye a la persona, no a sus órganos. De aquí que es impropio, al referirse a la administración pública, decir que es parte ‘la autoridad’ que dictó el acto. Será parte la persona jurídica pública – Estado, Provincia, Municipio, entidad institucional – a que pertenece el órgano de que proviene el acto que dio lugar al proceso. Otra cosa será el órgano al que se otorga competencia para intervenir en el proceso a nombre de la entidad pública que es parte.” (Se destaca)

En este orden de ideas, en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte del proceso proviene de su personería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitación procesal (v.gr. entidades señaladas en el artículo 2º de la ley 80 de 1993).

Asimismo, la doctrina ha señalado que, en tratándose de las entidades de derecho público, sólo aquellas que tengan personería jurídica pueden constituirse como partes en el proceso contencioso administrativo, así:

“Tienen capacidad jurídica y procesal para comparecer en juicio contencioso administrativo, como parte demandada, las siguientes personas:

“a) Por medio de sus representantes legales, las personas jurídicas de derecho público, o sea, la Nación, las Unidades Administrativas Especiales y las Superintendencias con personería jurídica, las Empresas Sociales del Estado (ramo de Salud), las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, los institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas (Ley 489 de 1998), las universidades oficiales, los Departamentos, el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, los distritos especiales como Barranquilla o Cartagena, las áreas metropolitanas, los municipios, las asociaciones de municipios, los establecimientos públicos de los distintos órdenes, y, por excepción las empresas industriales y comerciales del Estado en cuanto se trate de actos o de contratos relacionados con el ejercicio de funciones administrativas y las sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, en cuanto también ejerzan en un momento determinado función administrativa. (…)”

En este sentido, se reitera, los órganos que hacen parte de las ramas del poder público y, en general, todos aquellos que no tengan personería jurídica propia no pueden ser parte del proceso contencioso administrativo. Ahora bien, desde esta perspectiva, podrían surgir interrogantes como: ¿Qué ocurre con los perjuicios ocasionados por un órgano que carece de personería jurídica? ¿A quién se le imputa, procesalmente, ese daño?

Como ha quedado expuesto, las personas, por regla general , pueden ser parte en el proceso, y por ende, cuando se está en presencia de hechos que se dirigen a uno de los órganos del Estado, carentes de personería, el daño debe ser imputado a la persona jurídica de la que aquél hace parte, que en muchos casos es la Nación, que es la persona jurídica de derecho público por antonomasia.

Esta línea de pensamiento es compartida por la doctrina al precisar:

“Debe observarse que no es de recibo, y ello puede conducir a que los jueces administrativos inadmitan la demanda o se abstengan de fallar en el fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, accionar, por ejemplo, contra el senado de la República, o la Cámara de Representantes, o la Procuraduría General de la Nación, o tal o cual ministerio, departamento administrativo o superintendencia, que no tienen personería jurídica, pues ella la tiene es la Nación; por tanto, lo indicado es promover la demanda contra la Nación- Ministerio, Departamento Administrativo o Superintendencia X-, o contra la Nación-Rama Legislativa, Congreso de la República, Senado de la República o Cámara de Representantes-, o contra la Nación-Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, o contra la Nación-Procuraduría General de la República, o Contraloría General de la Nación (sic), o Fiscalía General de la Nación-; o contra el Departamento X- Secretaría o Departamento Administrativo Y-; o contra el Distrito Capital o especial, o el municipio X-Secretaría o Departamento Administrativo Z-.

“Por el contrario, cuando se trata de demanda contra una entidad descentralizada de cualquier orden, la demanda se dirige directamente contra ella pues tienen personería jurídica independientemente, y no contra la Nación, el Departamento, el distrito o municipio del cual forman parte.”5 (Negrillas fuera de texto)”


Visto lo anterior, considera la Sala que Incurrió en error el a quo cuando consideró que había operado la caducidad de la acción, por cuanto pasó por alto que la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, de constituir uno de los dos extremos de la litis, y que en este caso, la capacidad para ser parte en el proceso y para comparecer a este, como demandada, se radicó, invariablemente, en la persona jurídica Nación, sujeto contra quien se dirigió la demanda el nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004), y único sujeto que estuvo legitimado de principio a fin, para fungir como demandado dentro del proceso.

E n ese entendido, no resulta válido considerar que el demandante operó una reforma de la demanda con modificación de las partes, pues a lo sumo, lo que ocurrió fue una subsanación de una situación que de haber continuado inalterada habría dado lugar a la configuración de la causal de nulidad contemplada en el numeral 7º del artículo 140 del C.P.C., esto es, la indebida representación.

Por tanto, el momento para determinar si había o no operado el fenómeno de la caducidad en este caso, el referente temporal no podía ser otro que el nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004), fecha en la que se presentó la demanda.

En este orden de ideas, concluye la Sala, que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto la acción se interpuso dentro del término contra la persona jurídica Nación- llamada a ser parte demanda en el presente asunto, independientemente de que inicialmente se hubiera llamado en su representación a uno de sus órganos, y con posterioridad se hubiera llamado en adición, a otros, pues aquel y estos vinieron al proceso, no como parte, sino en representación de la persona jurídica de derecho público.


3.2. Sobre la prueba de los hechos

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en la imposibilidad de trabajar para conseguir su sustento y el de su familia, en la alteración de la tranquilidad y el derecho al sosiego que padeció, no sólo él – Oscar Radillo Barros-, como la victima directa, sino su familia, en razón a la predicada persecución a la que dijo haber estado sometido por la orden de captura proferida en su contra dentro del proceso penal que se adelantó y que culminó con sentencia absolutoria de segunda instancia.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:


3.2.1.1. El daño aducido en razón a la orden de captura proferida dentro del proceso penal seguido en contra de Oscar Radillo Barros, que lo obligó a huir y permanecer escondido hasta cuando se dictó la sentencia de segunda instancia que lo absolvió; con los anexos a la demanda, y los que fueron aportados válidamente al proceso:

- Copia autentica de la Resolución fechada veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) , por medio del cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Riohacha, desata el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia que calificó el sumario precluyendo la investigación, y procede a dictar resolución de acusación contra Oscar Radillo Barros .

- Copia autentica de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado, de fecha veinte cuatro (24) de septiembre de dos mil tres (2003), por medio de la cual condena, entre otros, a Oscar Radillo Barros a la pena principal de quince (15) años, como autor del delito de homicidio en concurso con secuestro simple no extorsivo

- Copia autentica de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil tres (2003), por medio de la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior, procede a revocar la sentencia, absolviendo a Oscar Radillo Barros del delito de homicidio en concurso con secuestro simple no extorsivo.

- Declaración rendida por la señora Marelvis Josefina Guerra Vega, ante el Juzgado Segundo del Circuito de Río hacha, el día siete (7) de noviembre de dos mil siete (2007)

- Declaración rendida por Vianit Josefina Rendón Guerra, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, el día catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010)

Estos documentos fueron allegados válidamente al proceso, toda vez que fueron decretados por el Tribunal Administrativo de la Guajira en primera instancia mediante auto del veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010) y respecto de ellos se surtió el principio de contradicción.

3.2.2. Sobre las pruebas de la imputación.

Con el propósito de acreditar este elemento de la responsabilidad, se considerarán y valorarán las mismas pruebas aportadas para probar el daño, toda vez que son las únicas que se arrimaron al plenario:

- Copia autentica de la Resolución fechada veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), por medio del cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Riohacha, desata el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia que calificó el sumario precluyendo la investigación, y procede a dictar resolución de acusación contra Oscar Radillo Barros .

- Copia autentica de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado, de fecha veinte cuatro (24) de septiembre de dos mil tres (2003), por medio de la cual condena, entre otros, a Oscar Radillo Barros a la pena principal de quince (15) años, como autor del delito de homicidio en concurso con secuestro simple no extorsivo

- Copia autentica de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil tres (2003), por medio de la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior, procede a revocar la sentencia, absolviendo a Oscar Radillo Barros del delito de homicidio en concurso con secuestro simple no extorsivo.


3.3. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

3.4.1. El daño antijurídico.

La responsabilidad es un principio jurídico del derecho, según el cual, quien genera un daño a una persona o a sus bienes está en la obligación de indemnizarlo, principio que vincula en la actualidad tanto a los sujetos inmersos en las relaciones de derecho privado, como a los que constituyen el extremo subjetivo de la relación de derecho público.

En cuanto al Estado, se debe tener presente que la responsabilidad va atada con la concepción que se tenga sobre el poder y sobre el ejercicio de los poderes públicos que emanan de su soberanía.

El artículo 90 de la Carta Política introdujo a su turno la responsabilidad estatal de la siguiente forma:

“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

En cuanto a la noción de daño, puede afirmarse que es el elemento común en toda clase de responsabilidad. Así, Arturo Valencia Zea ha definido el daño como aquella lesión causada a los derechos subjetivos, teniendo de presente que estos últimos se identifican con los intereses o bienes de las personas protegidos jurídicamente contra las lesiones de los demás, o lo que es igual, contra los daños que provienen de actos ilícitos, y dentro de estos derechos subjetivos se deben entender no solo los bienes patrimoniales sino los de la personalidad (vida, cuerpo, salud, honor, etc.)

El daño, considerado como el primer elemento de la responsabilidad , lo hace consistir la parte demandante en la alteración de la tranquilidad, el derecho al sosiego y la imposibilidad de trabajar para procurar su sustento y el de su familia, padecido por Oscar Badillo Barros, en razón a la presunta persecución a la que, dijo, se vio sometido y que lo obligó a ultimar la huida después de ser proferida la orden de captura dentro del proceso penal al que fue vinculado como procesado, por el presunto punible de homicidio en concurso con secuestro no extorsivo, proceso que concluyó con sentencia absolutoria de segunda instancia proferida cuando estaban, a su juicio, superados los términos establecidos para ello.

Para determinar el daño en este caso, se tiene que la Fiscalía 001 Unidad Antiextorsión y Secuestro de Riohacha, mediante providencia de fecha dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996), procedió a calificar el sumario precluyendo la investigación, y mediante Resolución fechada veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Riohacha, desatando el recurso de apelación interpuesto por quien se constituyó en parte civil, y procedió a dictar resolución de acusación contra Oscar Radillo Barros .

Posteriormente, el proceso se remitió al juez de la causa, quien mediante sentencia de fecha veinte cuatro (24) de septiembre de dos mil tres (2003), condena, entre otros, a Oscar Radillo Barros a la pena principal de quince (15) años, como autor del delito de homicidio en concurso con secuestro simple no extorsivo , sentencia que fue revocada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, el día dieciocho (18) de diciembre de dos mil tres (2003), absolviendo a Oscar Radillo Barros del delito de homicidio en concurso con secuestro simple no extorsivo.

Lo anterior, permite tener por probado que Oscar Radillo Barros fue procesado, condenado y posteriormente absuelto, por el delito de homicidio simple en concurso con secuestro no extorsivo, y que, consiguientemente, padeció un daño, un menoscabo en su tranquilidad y en el sosiego al que tiene derecho toda persona.

Empero, estas mismas pruebas no permiten deducir el daño antijurídico. Primero, por cuanto, como se advierte en los hechos de la demanda, una vez proferida la orden de captura en su contra, Oscar Badillo se dispuso a la huida, actitud con la cual se situó voluntariamente al margen del proceso penal, y se sustrajo a la debida colaboración con la justicia para que se aclararan las circunstancias de hecho que condujeron a la sindicación que se le hizo como autor de conductas que tipificarían el delito de homicidio en concurso con secuestro extorsivo. Segundo, porque el solo hecho de que se hubiese adelantado un proceso penal en su contra, per se, no entraña la configuración del daño, teniendo en cuenta que los administrados, todos, en principio, estamos en el deber de soportar las investigaciones judiciales , y en razón a ello, toda persona está expuesta a ser investigada penalmente y la autoridad competente, en el deber de adelantar la investigación cuando ha tenido conocimiento de hechos que lo ameritan. Y tercero, porque carece de todo sustento probatorio la afirmación que se hizo en la demanda en relación con la privación del trabajo y del goce de su núcleo familiar. El actor, a quien correspondía la prueba de los fundamentos de sus pretensiones, no aportó al plenario prueba alguna que permita tener por cierto que laboraba antes de que se iniciara en su contra el proceso penal, y menos aún, que hubiese tenido posteriormente oferta alguna de trabajo durante el tiempo en que estuvo prófugo de la justicia, o que que hubiese padecido daño y perjuicio inmaterial por esta causa, pues lo único que obra como prueba en el plenario, es la declaración de las señoras Marelvis Josefina Guerra Vega, rendida ante el Juzgado Segundo del Circuito de Ríohacha, el día siete (7) de noviembre de dos mil siete (2007) , y por Vianit Josefina Rendón Guerra, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, el día catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010) , de las que sólo es posible inferir que conocían a Oscar Radillo Barros, sin que den cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del conocimiento del daño moral que éste habría padecido por este motivo. Nótese, en relación con el relato que hace la señora Vianit Josefina Rendón Guerra , que ella manifiesta que en razón a su desempeño como profesora siempre ha tenido contacto con la gente que vive en los diferentes pueblos aledaños al lugar en que ha ejercido como docente. Sin embargo, a la pregunta que se le hizo sobre las actividades de trabajo que desarrollaba Oscar Badillo Barros, contestó que trabajaba en la tierra con su padre, cuidando ganado, sin que pudiera, siquiera, dar razón de la ubicación de la aludida tierra. Pero, lo que es mas sorprendente, es que manifestó que poco conoció del proceso penal seguido contra Oscar Radillo, así como sobre si estuvo o no privado de la libertad, circunstancias estas que permiten concluir la poca cercanía y frecuencia con que veía a la la familia de Oscar Radillo, y por ende, impide tener su testimonio como prueba suficiente del daño.

Así las cosas, en virtud del principio de justicia rogada, corresponden a esta Sala decidir los asuntos en base a las aportaciones de hecho, pruebas y pretensiones de la parte. Es por ello que, la prueba tiene una importancia capital, pues su función es generar la convicción suficiente de la existencia de los hechos alegados por ésta, de forma que permita resolver conforme a sus intereses.

En este sentido, existe una expresión latina, el onus probandi -carga de la prueba- que a fin de cuentas señala quién está obligado a probar un determinado hecho. En el proceso la carga de la prueba se funda en el interés de la parte, por lo que para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, es éste quien debe acreditarlo; lo que no ocurrió en este caso, pues goza de orfandad probatoria el plenario toda vez que solo se allegó la copia de las providencias proferidas dentro del proceso penal y se recepcionaron dos testimonios que poco o nada aportan para tener por probado el daño antijurídico aducido por la parte demandante.

Este principio se encuentra positivizado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga ésta que, como queda visto, no fue honrada por la parte demandante.

Así las cosas, en el caso concreto que ahora se examina se torna, en consecuencia, estéril cualquier examen acerca de la imputación, porque no se probó el primer elemento de la responsabilidad –el daño antijurídico- que permitiera hacer un juicio de responsabilidad al Estado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para denegar las pretensiones de la demanda.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, por medio de la cual se declaró la caducidad de la acción y se inhibió de decidir de fondo, para en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda.


3.5. Sobre las Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

 


FALLA



PRIMERO: REVOQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DENIÉGUESE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
 




CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente



JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado



GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado

Aclaración de voto Cfr. Rad. 36146/15 #1



PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR HECHOS U OMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Cuantía de las pretensiones

A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones. Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

FUIENTE FORMAL: LEY 270 - ARTICULO 73 / LEY 446 DE 1998 - ARTICULO 40 / LEY 446 DE 1998 - ARTICULO 42



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Radicación número: 44001-23-31-000-2004-00988-01(44616)
Actor: OSCAR RADILLO BARROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017)


ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE A LA SENTENCIA 36146 REITERADA EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA


Temas: Privación injusta de la libertad–Competencia del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia. Privación injusta de la libertad-La sentencia C-037 de 1996 fijó el sentido del artículo 68 de la Ley 270 de 1996. Privación injusta de la libertad por in dubio pro reo-El demandante tiene la carga de demostrar que su detención es injusta.


1. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala:

Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.

A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones.

Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, también se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 2 de mayo de 2007, con arreglo al cual los tres eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 se deben abordar bajo un título objetivo de responsabilidad:

En tercer término, se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.

En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad no puede radicarse en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, justamente porque se trata de una norma que no se encuentra vigente.

Dicho fundamento se encuentra en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que previó la posibilidad de demandar al Estado la reparación de perjuicios cuando la privación de la libertad tenga el carácter de injusta.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, condicionó la exequibilidad de esta norma, al indicar que la expresión “injustamente” hace referencia a una actuación “abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”, por lo que los eventos de privación injusta de la libertad deben ser abordados en los estrictos y precisos términos de la modulación que se hizo en este control de constitucionalidad, que por tratarse de una norma estatutaria, tiene el alcance de cosa juzgada absoluta .

3. Igualmente, esta decisión reiteró el criterio adoptado en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y en la sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, con arreglo al cual cuando la absolución obedece a la aplicación del in dubio pro reo, la responsabilidad es de carácter objetivo:


Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían probablemente conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ex post a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.

Considero que aún en vigencia del artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, los casos de in dubio pro reo no podían analizarse bajo un título de imputación objetivo, toda vez que la norma previó esta posibilidad solo para los eventos en que la sentencia absolutoria o su equivalente se hubiere dictado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible. En los demás casos, el demandante tenía la carga de demostrar que su detención había sido injusta.

Esta conclusión se impone con más fuerza a partir de la sentencia C-037 de 1996, que definió el sentido del artículo 68 LEAJ, al establecer que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en todos los eventos, debía ser abordada desde el título de imputación por antonomasia: la falla del servicio.
 



GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction