Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR ENFERMEDAD DE UN EMPLEADO PUBLICO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD. La actora aduce que el ICBF vulneró sus derechos fundamentales al dar por terminada su relación laboral, sin tener en consideración que se encontraba en incapacidad médica por causa de las diferentes enfermedades que venía padeciendo, en especial el trastorno mixto de ansiedad y depresión, del cual tenía conocimiento la entidad. Por su parte, el Instituto adujo como causal de terminación del vínculo laboral, el nombramiento en el mismo cargo de la persona que ganó el concurso de méritos y que conformaba la lista de elegibles. Se analizan los siguientes temas: 1º. La provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y, 2º. La estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa. Se confirma parcialmente la decisión de instancia que tuteló los derechos al trabajo y a la vida en condiciones dignas de la peticionaria y ordenó su vinculación en caso de que existan vacantes disponibles en la entidad, o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad.
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSO DE REVISION - Frente a sentencia que revocó decisión de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda en proceso Privación de Patria potestad.
  
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENA INDEMNIZAR EL DAÑO EMERGENTE COMO AL PRESENTARSE UN DAÑO CONSUMADO POR LA OMISION EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. La vulneración de derechos fundamentales que se atribuye a las entidades accionadas tiene que ver con el hecho de haberle negado a la actora una autorización para que a su progenitora le practicaran varios procedimientos, exámenes y consultas ordenados por su médico tratante, para determinar qué complicaciones presentaba en la extremidad inferior izquierda y cuál era el tratamiento a seguir. Se analizan los siguientes temas: 1º. La seguridad social como derecho fundamental. 2º. El derecho fundamental a la salud y a la vida digna de las personas de la tercera edad. 3º. La Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud. 4º. El acceso a servicios y tecnologías no incluidas dentro del Plan de Beneficios en Salud. Se TUTELAN los derechos a la salud, seguridad social y vida digna de la representada y se ordena a la entidad garantizar la prestación del tratamiento integral que necesite, sin ningún tipo de dilación o barrera administrativa y de conformidad con los principios de continuidad, oportunidad, accesibilidad, integralidad y demás criterios establecidos en la precitada ley. Teniendo en cuenta que a la madre de la accionante le fue amputada la extremidad mencionada, la Corte condena en abstracto a Comparta E.P.S. a indemnizar el daño emergente causado como consecuencia de la no prestación oportuna de los servicios de salud y medicamentos a que tenía derecho la tutelada. Se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos concedidos.
 
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El principio de favorabilidad es una excepción de naturaleza constitucional al efecto general inmediato de las disposiciones procesales y al principio de irretroactividad de ley penal, que no puede ser desconocido por el juez
 
DERECHO A IMPUGNAR SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UNICA INSTANCIA POR LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ACTO LEGISLATIVO 01/18 A
 
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Corte Suprema de justicia sala Penal se pronuncio sobre el principio de favorabilidad también rige para los condenados

 “Ningún mandato constitucional y legal, impide que la reducción de pena en el monto establecido en el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017 favorezca a los condenados, en la medida que el principio de favorabilidad opera sin excepción alguna y con preferencia sobre la ley odiosa o restrictiva.”
 
 La Sala casará la sentencia para redosificar la pena impuesta a los acusados, como consecuencia de la prosperidad del cargo propuesto en la demanda, toda vez que el Tribunal al tasarla dejó de aplicar por favorabilidad el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017, que contempla una rebaja punitiva mayor a la prevista en el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, para quien sorprendido en flagrancia acepta los cargos formulados en la audiencia de imputación.
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenan modificar el registro civil de nacimiento de su representado en el sentido de incluir el nombre escogido por el menor de edad y modificar el sexo femenino por masculino.
 
PROTECCION DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO DE LOS MENORES DE EDAD. La accionante, en representación de un hijo menor de edad, considera que la Notaría demandada vulneró derechos fundamentales de éste, al negarse a modificar su registro civil de nacimiento, para que dé cuenta del nombre y sexo que se ajusta a su verdadera identidad de género. La entidad negó la pretensión, argumentando el incumplimiento de los requisitos previstos en los Decretos 1227 y 1069 de 2015, de la Sentencia T-675/17 y de la Instrucción Administrativa 12 de 2018, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro. La actora refirió que hizo la petición debido a que su hijo nació con una anomalía en la formación de sus genitales que generó: a) que no se estableciera con exactitud su sexo; b) que los médicos determinaran que nació con órganos genitales femeninos y c) que le sugirieran que la registrara como niña y la criara bajo esta identidad de género. La peticionaria siguió las recomendaciones médicas por varios años, hasta le practicaron al menor pruebas genéticas que arrojaron como resultado que sus cromosomas correspondían al sexo masculino. Indica, que el menor rechazó el trato que se le brindaba como mujer, escogió un nombre masculino y le exigió a su familia, amigos e institución educativa que lo trataran de acuerdo a su identidad de género masculina. Se aborda la siguiente temática: 1º. La autonomía de los menores de edad y el reconocimiento de su capacidad para el ejercicio de sus derechos. 2º. El nombre y el sexo como elementos de la personalidad jurídica y su comprensión desde una perspectiva de derechos. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena a la Notaría demandada que, por escritura pública, protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento del menor referido, de modo tal que coincida con el nombre y el sexo masculino con el cual se identifica. Se imparten otra serie de órdenes para hacer efectivo el goce de las garantías constitucionales amparadas y se hacen unos exhortos al Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil para que presenten iniciativas de proyectos de ley sobre el reconocimiento, desarrollo y protección efectiva de la identidad de género.
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castración química obligatoria
 
El proyecto implementa el procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en menor de 14 años
por medio de la cual se modifica la Ley 599 de 2000, implementado el procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en menor de 14 años y se dictan otras disposiciones.
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte resolvió declarar la inexequibilidad la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso sexto del artículo 121 del Código General del Proceso, comunicado de prensa, No. 37 comunicado 25 y 26 de septiembre de 2019
 
INEXEQUIBILIDAD DE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LAS ACTUACIONES ADELANTADAS POR EL JUEZ CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PARA DICTAR SENTENCIA EN PRIMERA O SEGUNDA INSTANCIA, LA CUAL DEBERÁ SER ALEGADA ANTES DE PROFERIRSE LA SENTENCIA Y ES SANEABLE EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. EL VENCIMIENTO DE DICHOS PLAZOS NO IMPLICA UNA DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES 
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueces pueden ordenar, de manera excepcional, el servicio de cuidador en casa

TUTELA ORDENA A EPS SUMINISTRAR SERVICIO DE CUIDADOR A DOMICILIO A PACIENTE TERMINAL. La accionante, actuando como agente oficiosa de su progenitora, aduce que esta padece insuficiencia renal crónica en fase terminal, ceguera bilateral, hipertensión, diabetes y una fractura en el brazo, que exigen atención y acompañamiento permanente. Aduce que las entidades demandadas han vulnerado derechos fundamentales, al negar el servicio de enfermería domiciliaria por 24 horas que solicitó, debido a que el cuido de su madre le ha imposibilitado trabajar tiempo completo para obtener los recursos económicos para mantener a su núcleo familiar, compuesto además por tres hijos estudiantes, de los cuales dos son menores de edad. Se reitera jurisprudencia relacionada con 1º. El contenido y alcance del derecho a la salud. 2º. La acción de tutela y el cubrimiento de servicios y tecnologías no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (hoy Plan de Beneficios). 3º. El suministro domiciliario del servicio de enfermería en el precitado Plan y sus diferencias con la figura de cuidador. La Corte consideró pertinente proteger los derechos fundamentales a la salud y vida digna de la agenciada, no sólo por sus condiciones particulares de movilidad y sus dolencias físicas sino por apoyar a su núcleo familiar en su cuidado, a fin de que su hija pueda trabajar y obtener los recursos necesarios para su manutención y la de su grupo familiar. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada autorizar y suministrar en favor de la demandante el servicio de cuidador a domicilio por doce horas, a fin de atender todas las necesidades básicas que la progenitora de la accionante no puede satisfacer autónomamente, debido a las graves enfermedades que la aquejan.
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR IMPOSIBILIDAD TRANSITORIA FÍSICA O MENTAL PARA CONDUCIR O POR DECISIÓN JUDICIAL NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUESTO QUE EN AMBOS CASOS EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN ES DETERMINABLE. NO OCURRE LO MISMO EN EL CASO DE LA SUSPENSIÓN DE ESA LICENCIA POR PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHÍCULOS PARTICULARES, TODA VEZ QUE NO EXISTE UNA NORMA QUE PERMITA ESTABLECER EL TÉRMINO DE ESA MEDIDA, LO QUE DESCONOCE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

 La Corte Constitucional dio a conocer el comunicado sobre la Sentencia C-428/19, con la cual resolvió una demanda que atacaba los artículos 26 (parcial) de la Ley 769 del 2002 (Código de Tránsito) y 3° de la Ley 1696 del 2013, por vulnerar el principio de igualdad y el derecho al debido proceso.
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración transitoria del patrimonio
 
DERECHO AL GOCE EFECTIVO DE LA MESADA PENSIONAL, ANTE IMPOSIBILIDAD FÍSICA Y/O MENTAL DEL TITULAR DEL DERECHO PARA RECLAMARLA
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sala ha clarificado que, con la emisión de una sentencia condenatoria, cesan los efectos jurídicos de la medida de aseguramiento, por lo que la subsistencia de la privación de la libertad del sentenciado encuentra un sustento material diverso.
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMULACIÓN DEL MATRIMONIO - Civil - En el matrimonio simulado no existe voluntad real de las partes para contraer dichas nupcias, por el contrario se trata apenas de una voluntad aparente, la declaratoria de la simulación del acto matrimonial tiene efectos retroactivos, por tanto, el estado civil de los cónyuges nunca nació a la vida jurídica.
 
 Poder Público - Rama Legislativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civil - Presidente Duque firma ley de nacionalidad para 24.000 niños venezolanos
 
Nacionalidad colombiana por nacimiento
 
Se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia.

 

 

 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTES PENSIONALES. OMISION DEL EMPLEADOR EN EL APORTE DE LAS COTIZACIONES AL SISTEMA NO PUEDE SER IMPUTADO AL TRABAJADOR. Mediante el auto 075/19 se declaró la nulidad de la Sentencia T-352/18, correspondiente a la resolución del caso que se analiza en esta oportunidad. A través de dicha disposición se ordenó también proferir una nueva decisión. La nulidad se dio luego de que la Sala Plena estableciera que Colpensiones no era la entidad llamada a responder por las semanas trabajadas y dejadas de cotizar por la empresa empleadora, dado que las mismas se dieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El accionante interpuso la acción de tutela contra Colpensiones luego que le negara la pensión de vejez por no cumplir con el requisito relacionado con la densidad de semanas cotizadas. Según el peticionario, el período trabajado y no cotizado en una empresa, ajustaba el número de semanas necesario para acceder a la pensión. Con base en dicha consideración, solicitó la nulidad de las resoluciones que denegaron la prestación. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones. 2º. La pensión de vejez en el sistema pensional colombiano, de cara a las obligaciones generales de los empleadores y, 3º. El régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Teniendo en cuenta que se verificó que la empleadora a la que hizo alusión el peticionario certificó y no pagó un equivalente a 42.9 semanas, pero que la misma empresa dejó de existir en Colombia desde el año 1986, la Corte, dando aplicación al principio de solidaridad derivado del Estado Social de Derecho y de cara a las particulares condiciones en que se encuentra el actor respecto a su edad, estado de salud y situación económica, CONCEDE el amparo y dispone que Colpensiones realice un cálculo actuarial exclusivamente de las 16 semanas que le faltan para hacerse beneficiario del régimen transicional, con cargo al retroactivo al que tiene derecho. Lo anterior, en procura de no generar una afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema. Recibo Relatoria:

 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. REPARACION DIRECTA POR LESIONES A SOLDADOS PROFESIONALES NO PROCEDE POR CUANTO LA VINCULACION AL SERVICIO ES UNA DECISION LIBRE QUE HA ADOPTADO PARA EL DESEMPEÑO DE SU VIDA LABORAL. En sede de tutela se ataca la decisión judicial de segunda instancia proferida al interior de una acción de reparación directa instaurada por el actor en contra de La Nación/Ministerio de Defensa/Ejército Nacional, en razón a los daños que sufrió como consecuencia de la pérdida de su extremidad derecha y disminución de la capacidad laboral en un 92.95%, como producto de la explosión de una mina antipersonal mientras desempeñaba sus funciones de soldado profesional. El mencionado fallo revocó la decisión que accedió a lo solicitado y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda por no encontrar acreditada la alegada falla del servicio. Se aducen los defectos fáctico, material o sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución. Se analiza la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y, 2º. Los defectos específicos que se le atribuyen a la providencia cuestionada. Concluye la Corte que la sentencia impugnada no incurrió en ninguno de los defectos señalados por la parte actora y que lo pretendido por ésta es cuestionar el criterio de interpretación probatoria que le resultó contrario a sus intereses, buscando con ello reabrir el debate procesal que ya fue resuelto. Se DENIEG.

 
 Consejo de Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Consejo de Estado castigó a la Fiscalía General de la Nación por privar injustamente de su libertad a un hombre que hacía parte de una lista de personas que el ente investigador ordenó detener en Sucre, por su supuesta pertenencia a la desmovilizada guerrilla de las FARC.

 
 El Consejo de Estado consideró que la detención de la víctima se produjo sin que se reunieran al menos dos indicios graves de responsabilidad previstos en la ley penal para la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento.

 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBIDO PROCESO POLICIVO. NO EXISTE NORMA QUE ESTABLEZCA SANCIONES PARA UN CIUDADANO QUE NO PORTE CEDULA DE CIUDADANIA. En una estación del Metro de Medellín un Agente de Policía le solicitó al accionante su documento de identidad. El actor adujo que no lo portaba en ese momento porque lo había olvidado en su residencia, pero que podía enseñarle una imagen escaneada de su cédula de ciudadanía que tenía en su celular, o que su acompañante podía ir hasta su vivienda y llevarla en un término de diez minutos. No obstante lo anterior, el actor fue conducido en la patrulla a un CAI para la realización de un procedimiento policivo, el cual terminó con una multa y una medida correctiva de participación en actividad pedagógica, por haber incurrido en la conducta descrita en el numeral 3º del CNPC, esto es, impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse al procedimiento de identificación o individualización. El peticionario se negó a firmar y a colocar la huella en el formulario, porque a su parecer, la infracción seleccionada no correspondía a lo verdaderamente acaecido. A pesar de lo anterior, el tutelante interpuso recurso de apelación contra la precitada decisión y ésta fue confirmada por el Inspector de Policía accionado. Se aborda temática relacionada con: 1º. El debido proceso policivo. 2º. Los derechos y deberes ciudadanos en materia policiva y de convivencia y, las facultades y deberes de las autoridades. 3º. El procedimiento verbal inmediato en materia policiva y de convivencia, y la identificación e individualización a través de la cédula de ciudadanía. 4º. El traslado de personas para procedimientos policivos. La Corte concluyó que al actor se le violó el principio de tipicidad (legalidad), en tanto la medida correctiva que le fue impuesta se aplicó, no por la conducta descrita en la norma, sino por la no portabilidad de la cédula de ciudadanía, lo cual, si bien es un deber ciudadano, el no llevarla consigo no se encuentra consagrado como conducta constitutiva de sanción. Así mismo consideró la Sala que en el procedimiento llevado a cabo por los agentes demandados se vulneró el derecho del peticionario a ser oído, a la defensa y a la contradicción, en tanto no se le brindó información precisa y veraz sobre la naturaleza y etapas del trámite que se adelantaba y se le impidió que pudiera rebatir en debida forma la sanción impuesta. Se CONCEDE. 

 
 Poder Público - Rama Legislativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Gobierno sanciono la ley que garantiza el derecho a la capacidad legal plena de los mayores de edad con discapacidad, valiéndose de los apoyos que se requieran y con las salvaguardias adecuadas para su debido ejercicio.

 

 
 
 
 
 
 

  Ver Ley

 Corte Suprema de Justicia Sala Penal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO - Vehículos de emergencia: pueden superar los límites de velocidad establecidos por la norma / CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO - Vehículos de emergencia: los demás conductores tienen que cumplir el deber de cesión de paso en la vía / CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO - Reducción de velocidad: en proximidad a una intersección /DELITO IMPRUDENTE - Imputación objetiva: requiere verificar la creación de un riesgo no permitido / DELITO CULPOSO - Imputación jurídica del resultado: debe considerar el fin de protección de la norma / LEY - Interpretación: criterios, sistemático y teleológico / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Interpretación errónea: se configura

 
 Corte Suprema de Justicia Sala Laboral
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia conoció la tutela que un ciudadano que interpuso en contra de un juzgado de familia, considerando la negativa del despacho en librar mandamiento de pago para que la madre de su hijo le entregara al menor, teniendo en cuenta que previamente le había sido asignada su custodia.
 
El progenitor del menor inició un proceso ejecutivo en contra de su expareja, fundamentado en una obligación de hacer, esto es, entregarle a su hijo, pretensión que fue resuelta por el juzgado accionado con la declaración de improcedencia, luego de aducir que la solicitud era inejecutable.
 
Por el contrario, precisó que la vía establecida por el legislador para materializar los efectos del fallo que definió lo atinente al ejercicio de la custodia del menor era el trámite incidental.
 Corte Suprema de Justicia Sala Laboral
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIERTO PARA DELINQUIR - Concurso con hurto agravado por coparticipación criminal
 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de enlazar parcialmente una sentencia originada por la imputación del delito del concierto para delinquir, considerando el número de partícipes y el modus operandi en la ejecución del delito de hurto, al mismo tiempo que el atentado contra el patrimonio fue agravado por la pluralidad de personas.
 
Cuando varias personas se reúnen o acuerdan cometer un hurto, circunstancia que agrava la conducta, su imputación excluye el concierto para delinquir, del mismo modo que este impide la imputación de esa causal y no el concurso entre ambos delitos, si la asociación reúne las características propias del atentado contra la seguridad pública.
 
lo anterior evidencia la trasgresión de la garantía de non bis in ídem, en tanto la causal de agravación punitiva (ser cometido por dos o más personas que se hubiesen reunido o acordado para cometer el delito) se refiere a la misma circunstancia tomada en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal.
 
Según el fallo, esta postura encuentra sustento si se considera la triple exigencia de identidad de sujeto, objeto y causa.
 Corte Suprema de Justicia Sala Laboral
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia evalúo sobre un homicidio en el lugar de trabajo cuando es a manos de una persona ajena a la empresa corresponde a un accidente de trabajo o no.


Lo anterior para efectos del correspondiente pago de la pensión de sobrevivientes a cargo de la administradora de riesgos laborales (ARL). 

 

 Poder Público - Rama Legislativa
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente, Iván Duque, sancionó la Ley 1990 de 2019, que establece una nueva política para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos en el país, que podrían beneficiar a la población vulnerable en Colombia.

Esta ley prohíbe, “destruir alimentos aptos para el consumo humano y establece que los víveres que no se comercialicen puedan donarse a las organizaciones sin ánimo de lucro que atiendan a población vulnerable”, explicó la Casa de Nariño.
 
 Poder Público - Rama Legislativa
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya entró en vigencia la Ley que les garantiza a los líderes sociales que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC), derechos y garantías. Así se conoció, luego de que el presidente Iván Duque firmara la Ley 1989 de 2019.
 
La norma establece que las autoridades municipales, como el alcalde y los concejales, deberán atender, en los términos de la ley, a los representantes de las JAC para conocer las necesidades de las zonas que representan.
 
 Poder Público - Rama Legislativa
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY 1988 DE 2019

por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones.

 

 

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LEY 1987 DE 2019

por medio de la cual la Nación se asocia y rinde público homenaje al municipio de Ocaña en el departamento Norte de Santander con motivo de la celebración de los cuatrocientos cincuenta años de su fundación y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1986 DE 2019

por medio de la cual se convierte en política de Estado el Fondo Álvaro Ulcué Chocué para la promoción de la educación superior de los miembros de las comunidades indígenas, y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1985 DE 2019

por medio de la cual se dictan normas para la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP), del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones.

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ley de beneficios para soldados con detención preventiva

LEY 1984 DE 2019 por la cual se reforma el artículo 11 y se adiciona el artículo 11A al Decreto ley 1793 de 2000.

 

 

 

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LEY 1983 DE 2019

por medio de la cual se crea la Estampilla pro Universidad Nacional - Sede La Paz y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1982 DE 2019

por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 1916 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1981 DE 2019

por medio de la cual se modifica la Ley 136 de 1994, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los Concejos y Asambleas y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1980 DE 2019

por medio de la cual se crea el Programa de Tamizaje Neonatal en Colombia.

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LEY 1979 DE 2019

por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1978 DE 2019

por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones.

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LEY 1977 DE 2019

por la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico.

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LEY 1976 DE 2019

por medio de la cual la nación exalta y rinde homenaje a los héroes de Pienta, al cumplirse el bicentenario de la Independencia.

 Poder Público - Rama Legislativa
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY 1975 DE 2019

por medio de la cual se expide la ley del actor para garantizar los derecho laborales y culturales de los actores y actrices en Colombia, fomentar oportunidades de empleo para quienes ejercen la actuación, y se dictan otras disposiciones.