Corte Constitucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La convivencia familiar con los hijos se debe garantizar en la medida que responda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes,
 
 
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESOLVIÓ PROCESO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DE MENORES DE EDAD. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la decisión judicial adoptada dentro de un proceso de custodia y cuidado personal, régimen de visitas y cuota alimentaria iniciado por el actor y que resultó adverso a sus pretensiones. 

 

 

 Corte Constitucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La persona que goza de estabilidad laboral o ocupacional reforzada, no puede ser desvinculada sin que exista una razón objetiva que justifique la terminación o la no renovación contractual y sin que medie la autorización de la oficina del Trabajo.

 

 Corte Constitucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERECHOS DE LOS MENORES QUE COMPARECEN A LA ACTUACION PENAL EN CALIDAD DE PROBABLES VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES. Se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a una providencia judicial proferida al interior de un proceso penal adelantado en contra del actor por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo cometido, supuestamente, a su hija, al acceder a la solicitud de la Fiscalía y decretar como medio de prueba el testimonio de la niña. Se aduce que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, en tanto la menor ya había rendido una entrevista forense y someterla a juicio la revictimizaba. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se aborda temática referente al testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo invocado.

 Poder Público - Rama Legislativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 2015 de 2020 que crea la historia clínica electrónica en Colombia

 

El Gobierno Nacional sancionó la Ley 2015 de 2020 que tiene por objeto regular la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica para que se puedan intercambiar datos relevantes de salud de todos los colombianos, salvaguardando y respetando el Habeas Data.  

 

  Ver Ley

 

 Ministerio de Salud y Protección Social    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expiden decreto que permitirá la afiliación de migrantes venezolanos al sistema de salud
 
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 064 de 2020 con el cual se busca priorizar la afiliación de la población pobre no asegurada, recién nacidos, menores edad y su grupo familiar, así como migrantes venezolanos con el permiso especial de permanencia, PEP.
  

 

 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sala Civil enuncio que en caso de incumplimiento recíproco del contrato las partes pueden solicitar la resolución del negocio jurídico o la ejecución forzosa de las obligaciones.

 

 Corte Constitucional    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. PENSION DE INVALIDEZ El accionante interpone acción de tutela, por considerar que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, y la seguridad social, al no incluirlo en la nómina de pensionados, argumentando que este debe allegar una sentencia en la cual se declare interdicto y se le designe un curador, teniendo en cuenta los conceptos emitidos por la Junta de Calificación de Invalidez y la Gerencia de Medicina Laboral de dicha entidad, según los cuales “requiere de ayuda de terceros en la toma de decisiones” 


  

 

 Corte Constitucional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. RECURSOS CONTRA ACTOS QUE RESUELVEN RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Los actores consideran que los apartes acusados desconocen el derecho a la igualdad, al fijar un término de cinco días para interponer recursos en contra de las decisiones de las empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios, a pesar de que la Resolución 5111 de 2017 de la CRC, establece un plazo de diez días para los usuarios de los servicios de comunicaciones. La Corte consideró que los plazos previstos por el legislador para interponer recursos de reposición y apelación contra las decisiones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y presentar reclamaciones contra la facturación no configuran una vulneración del principio de igualdad. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las normas cuestionadas.
  

 

 Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > CONTRATO DE TRABAJO > TERMINACIÓN DEL CONTRATO > ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD > PROHIBICIÓN - Ninguna persona que padezca un grado de invalidez superior a la limitación moderada, podrá ser despedida, sin que medie una autorización del Ministerio del Trabajo
  

 

 Corte Constitucional
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMISO DE 72 HORAS. REQUISITOS PARA CONCEDERLO CUANDO SE TRATA DE CONDENADOS POR DELITOS DE COMPETENCIA DE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999. El demandante considera que la norma cuestionada, la cual dispone que uno de los requisitos que deben reunir los condenados penalmente para acceder a un permiso de hasta 72 horas para salir del establecimiento carcelario, sin vigilancia, es haber descontado el 70% de la pena impuesta cuando se trata de condenados por los delitos de competencia de los Jueces penales del Circuito Especializado, vulnera el artículo 13 de la Constitución Política. Lo anterior, como consecuencia de disponer un trato desigual hacia los presos y condenados por los jueces especializados, respecto del resto de las personas privadas de la libertad. Teniendo en cuenta que la demanda no presentó un concepto de la violación apto para permitir un juicio de constitucionalidad, al no especificar adecuadamente el cargo de vulneración al principio de igualdad, la Corte se declaró INHIBIDA para de proferir un fallo de fondo.

 

 Ministerio de Justicia y del Derecho    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos
 
La presente ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.
  

 

 Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportes en salud y pensión por el tiempo laborado a empleados del servicio doméstico

 
LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO REALIDAD > PRINCIPIOS > PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN > APLICACIÓN - El argumento de que las relaciones de trabajo con empleados domésticos solo puede darse con una mujer como empleadora no es de recibo en un Estado social de derecho, pues ello denota un trato discriminatorio y misógino que no puede ser aceptado para exculpar la responsabilidad patronal

 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 2411 DE 2019

por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

 

 

 


 

 Departamento Nacional de Planeación    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reajuste de avalúos catastrales

Decreto número 2410 de 2019, por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, con el propósito de determinar los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia de 2020

 

 

 


 

 Ministerio de Defensa Nacional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 2409 DE 2019


Por el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego.

 

 

 


 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuste del costo de los activos fijos.


Decreto número 2373 de 2019, por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario y se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para sustituir los artículos 1.2.1.17.20. y 1.2.1.17.21. capítulo 17 título 1 parte 2 libro 1

 

 


 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 2372 DE 2019
por el cual se reglamenta el artículo 59 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad y se adiciona el Decreto1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.


 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 2371 DE 2019
por el cual se reglamentan los artículos 242, 242-1, 245 y 246-1 del Estatuto Tributario y se modifica y adiciona el Decreto1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.


 

 Poder Público - Rama Legislativa - Derecho Penal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública.


por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones

 

  Ver Ley


 

 Poder Público - Rama Legislativa - Derecho Aduanero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés
Ley 2013 de 2019, por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés

  Ver Ley

 Poder Público - Rama Legislativa - Derecho Tributario - Contable - Fiscal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de crecimiento económico
por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones

  Ver Ley


 

 Poder Público - Rama Legislativa - Derecho Tributario - Contable - Fiscal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exenciones fiscales del orden nacional para la realización del Campeonato Masculino de Fútbol Internacional Copa América
Ley 2011 de 2019, por la cual se establecen exenciones de impuestos de carácter nacional y tributos aduaneros para la realización del Campeonato Masculino de Fútbol Internacional Copa América 2020

  Ver Ley


 


 

 Poder Público - Rama Legislativa - Hacienda Pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones
Ley 2008 de 2019, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

  Ver Ley


 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural
Decreto número 2317 de 2019, por medio del cual se modifican los artículos 2.2.1.2.3, 2.2.1.5.5.2 y 2.2.1.10.11 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionados con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural


 

 Ministerio del Trabajo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salario mínimo mensual legal


Decreto número 2360 de 2019, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal

 

 

 


 


 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALSO JUICIO DE LEGALIDAD
 
Se configura, cuando el fallo se fundamenta en elementos probatorios incautados en registro y allanamiento de domicilio ilegales. [SP1862-2019(48498)]
 
DERECHO A LA INTIMIDAD - Concepto y motivo de protección / DERECHO A LA INTIMIDAD - Características: inalienable e imprescriptible / DERECHO A LA INTIMIDAD - Limitación: por razones legítimas y justificadas constitucionalmente / DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO - Protección: a través de las garantías de reserva legal y judicial / DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO - legislación nacional e internacional / DERECHO A LA *INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO* - Posibilidad de afectación: sólo por los motivos previamente definidos en la ley, por orden de autoridad judicial y con las debidas formalidades legales

Presidencia de la República   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duque firmó Decreto de la Ley que agilizará y mejorará los trámites del Estado
 
 Esta Ley Antitrámites permitirá a todas las entidades públicas efectuar mejoras en 2.900 procedimientos administrativos, con el objetivo de ofrecer un servicio más expedito a los ciudadanos. 

 Corte Constitucional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA MADRE DE SOLDADO VOLUNTARIO FALLECIDO EN COMBATE ANTES DEL 7 DE AGOSTO DE 2002. Se atribuye al Ministerio de Defensa Nacional la vulneración de derechos fundamentales de la accionante, como consecuencia de la negativa de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes que reclamó con ocasión del fallecimiento en combate de su hijo, quien estuvo vinculado al Ejército Nacional en calidad de soldado voluntario. La entidad argumentó que el Decreto 2728 de 1968 no consagraba dicha prestación por el deceso del personal de soldados, grumetes e infantes de marina de las Fuerzas Militares de Colombia. Se analiza la siguiente temática: 1º. La garantía del debido proceso en el trámite de procedimientos administrativos de carácter pensional y, 2º. El régimen aplicable a la pensión de sobrevivientes por muerte de soldados voluntarios. La Corte concluyó que el Ministerio demandado vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo y, como consecuencia de ello, impidió la materialización de las garantías constitucionales a la seguridad social y al mínimo vital al negar la prestación reclamada, en desconocimiento de las reglas de unificación jurisprudencial dispuestas en esta materia por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la Sentencia CE-SUJ2-013-18. Se CONCEDE.

Presidencia de la República   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El gobierno ajusta Decreto que crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes

por medio del cual se modifica el Decreto 4690 de 2007, modificado por los decretos 0552 de 2012, 1569 de 2016 y 1833 de 2017por el cual se crea la Comisión Intersectorialpara la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados

 

Poder Público - Rama Legislativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY 2000 DE 2019 14 DE NOV/19

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA Y EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN MATERIA DE CONSUMO, PORTE Y DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LUGARES CON PRESENCIA DE MENORES DE EDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

La ley aprobada desde hace tres semana en el Senado de la República sobre las prohibiciones del consumo y porte de drogas en parques, perímetros de colegios y espacios deportivos y en los demás espacios que definan los alcaldes, acaba de ser sancionada por el presidente Iván Duque, por tal razón, la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 rige a partir de hoy en todo el país.
 
El proyecto de Ley fue aprobado en último debate en el Senado de la República el pasado 16 de septiembre.

«La presente ley tiene como objeto establecer parámetros de vigilancia del consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores como entorno escolares y espacio público».
El documento señala que la persona mayor de edad que incurra en uno o mas de los comportamientos señalados deberá pagar una multa de treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

  Ver Ley

 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD. VULNERACION POR CAMBIO EN EL SUMINISTRO DE OXIGENO EN PIPETAS POR UN GENERADOR QUE OPERA CON ENERGIA ELECTRICA, INCREMENTANDO EL COSTO DEL SERVICIO, SIN TENER EN CUENTA SU PRECARIA SITUACION ECONOMICA. Se instaura la acción de tutela en favor de una persona de 88 años de edad que presenta varias patologías, para cuyo tratamiento la E.P.S. accionada le ordenó el uso de oxígeno domiciliario de manera permanente. La actuación que se considera como trasgresora de derechos fundamentales es la negativa de la E.P.S. de suministrarle al actor el oxígeno requerido mediante balas o pipetas, con el objeto de reemplazar el concentrador que le fue entregado, porque éste ha generado un incremento aproximado del 100% del valor de la factura del servicio de energía eléctrica. A la accionada se le solicitó como medida subsidiaria, subsidiar el pago del referido servicio público. Se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de amparo y se reitera jurisprudencia relacionada con la accesibilidad como componente del derecho a la salud. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la Nueva E.P.S. adelantar, en el marco de sus competencias, todos los trámites necesarios para determinar la necesidad actual del peticionario respecto a la utilización de oxígeno y los posibles métodos para satisfacer dicha necesidad. Se ordena que, una vez se dé cumplimiento a las anteriores directrices, se realice un estudio técnico-jurídico para adoptar la medida que garantice la prestación del servicio, sin imponerle cargas económicas desmedidas al paciente, garantizando su seguridad y respetando el cumplimiento de las funciones y competencias propias de una empresa promotora de salud. Se dispone así mismo que, de no adoptarse ningún mecanismo para el suministro del oxígeno, se proceda a provisionar el mismo a través de pipetas, preservando la seguridad del actor y de su núcleo

 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN DE REVISIÓN – Hecho y prueba nuevos
Cuando se acredita que el procesado era menor de edad y fue juzgado y condenado como adulto.
  

 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad”
 
 Las “actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad”. No se limita a actividades de acceso carnal, sino además cualquier otra forma de acto sexual que implique acercamiento físico (o virtual) entre la víctima y el explotador, así como el pago u otro tipo de remuneración por la prestación del servicio, ya sea al menor o a un tercero.

 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL NO SE VULNERA POR CUANTO NO SE PROBO QUE FACULTADES DEL IUS VARIANDI SE UTILIZARON COMO MECANISMO DE PERSECUSIÓN SINDICAL. La accionante se vinculó como piloto de AVIANCA a finales de 1998, y a comienzos del año siguiente se afilió a la ACDAC, donde posteriormente fue elegida como miembro de su Junta Directiva por dos períodos consecutivos. Así mismo, se asoció al Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano. Con ocasión del cese de actividades declarada por la Asamblea General de la ACDAC, de los procesos judiciales que se iniciaron con base en este, la resolución del conflicto colectivo económico, el proceso especial de calificación del cese colectivo de actividades y la política de normalización de la operación de la empresa, entre otras situaciones, la peticionaria fue reincorporada a sus labores en la Aerolínea pero desarrollando actividades en tierra. De manera posterior se inició en su contra un proceso disciplinario, entre otros cargos, por la participación activa en los hechos que configuraron el cese ilegal de actividades de la entidad y el incumplimiento de obligaciones laborales. Al concluir el precitado proceso, Avianca decidió terminar unilateralmente y con justa causa legal, el contrato laboral suscrito con la tutelante. Este acto es el que se cuestiona como violatorio de derechos fundamentales, en especial, porque constituyó un acto de persecución sindical y no tuvo en consideración la condición de madre cabeza de familia. Se aborda temática relacionada con: 1º. La libertad de asociación sindical. 2º. Las características generales del precitado derecho, su dimensión individual y las manifestaciones del poder subordinante como posibles actos de persecución o represión sindical. 3º. La vigilancia y las obligaciones del Ministerio de Trabajo con relación a los despidos ocurridos con ocasión de una huelga ilegal. 4º. La vía ordinaria laboral como medio de defensa judicial idóneo para debatir pretensiones fundadas en la terminación de contrato de trabajo con justa causa legal. 5º. La calidad de madre cabeza de familia y, 6º. El perjuicio irremediable como excepción al mecanismo ordinario principal. La Corte concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo y eficaz para resolver las pretensiones de la accionante encaminadas a determinar si existieron o no vulneraciones al debido proceso, por cuanto la existencia o no del fuero y la valoración de la existencia de una justa causa o no para terminar el contrato de trabajo, es una competencia propia de la jurisdicción ordinaria laboral. Así mismo, porque no se encontró la existencia de actos de persecución sindical por parte de la empresa demandada. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto de las pretensiones relacionadas con los derechos al debido proceso, la salud, el trabajo y el mínimo vital y se NIEGA el amparo al derecho fundamental a la libertad de asociación sindical.

 

 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS FUNDAMENTALES AL AGUA POTABLE, A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA El actor reside con su núcleo familiar en un apartamento que hace parte de la Urbanización Alminar Samoa del municipio de Ibagué, la cual está clasificada como vivienda de interés social. Asegura que después de habitar el inmueble se enteró que la urbanización no contaba con el servicio público de acueducto que respetara la prerrogativa de contar con el suministro de agua apta para el consumo humano. Por lo anterior, interpuso la acción de tutela y le solicitó al juez constitucional ordenar a las entidades accionadas realizar el abastecimiento transitorio de agua potable en los tanques de almacenamiento de la edificación y adelantar las gestiones necesarias para potabilizar el agua que se surte en cada una de las viviendas que conforman la misma. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. Las obligaciones del Estado y de las autoridades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 2º. El derecho fundamental al agua potable en el ámbito nacional e internacional y, 3º. El contenido de la protección de la precitada garantía constitucional. Concluye la Corte que la inadecuada e ineficiente prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de las demandadas dio lugar al desconocimiento de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna del peticionario y su familia. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. A la presente decisión se le concede efectos inter comunis para proteger las garantías constitucionales de todas las personas que, en las mismas circunstancias del tutelante, habitan otras viviendas en la mencionada urbanización.

 

 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibersexo obligado mediante amenazas es delito: Corte Suprema

Es posible cometer agresiones sexuales diferentes al acceso carnal sin necesidad de tocar a la víctima del acto sexual violento. Este delito puede materializarse en eventos en los cuales el contacto es a través de medios virtuales como internet y redes sociales, cuando el agresor obliga con amenazas a su interlocutor a dejarse fotografiar o grabar en videos de índole pornográfica.

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al precisar que, aunque no haya contacto físico, la presión ilícita para que la víctima amenazada permita ser registrada desnuda o en actividad sexual configura el delito de acto sexual violento, no los de constreñimiento ilegal o extorsión.

 Corte Suprema de Justicia - Sala Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA EN CASOS DE HOMONIMIA DENTRO DEL PROCESO PENAL. El actor aduce que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al haber proferido y ejecutado en su contra sentencia mediante la cual lo condenó a cumplir 40 años de prisión, a pagar una multimillonaria multa a favor de la UARIV y a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, por haber incurrido presuntamente en los punibles de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y otros. El accionante adujo que su vinculación al proceso penal fue ilegal y que en ella existió un grave error de homonimia. Pretendía con la solicitud de amparo que se ordenara su libertad, la anulación de los antecedentes de todo orden, incluida la privación de derechos políticos y la suspensión de los procesos de cobro coactivo. Se abordó temática relacionada con el derecho fundamental a la libertad personal. La Sala constató que frente a la pretensión del actor de obtener su libertad existía una carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el operador jurídico demandado ordenó su libertad inmediata el 7 de diciembre de 2018, luego de que se verificara que existió un yerro con la identidad del procesado. Respecto a las otras pretensiones la Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque no encontró probado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que frente a ese tipo de peticiones existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, y se trata de consecuencias de una sentencia judicial revestida de la fuerza de cosa juzgada.
 
 Ministerio de Agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno autoriza caza de 500 toneladas de tiburón y comercialización de aletas

Se trata de la resolución 350 de 2019 en el cual se establecen las cuotas globales de pesca de diferentes especies “bajo aprovechamiento” para el año 2020.

 
 
 
 
 
 Corte Suprema de Justicia - Sala Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHO DE ALIMENTOS - Alimentos entre cónyuges o compañeros permanentes: posibilidad de reclamar alimentos sin sujeción a la culpabilidad o al elemento subjetivo de la conducta en la ruptura del vínculo, cuando uno de los integrantes de la pareja se encuentre en situación de necesidad demostrada
 
 Los compañeros o cónyuges pueden reclamarse alimentos entre sí, cuando uno de los compañeros o cónyuges se encuentre en necesidad demostrada, salvo las limitaciones que imponen los casos de “injuria grave o atroz”. 
 
 
 Corte Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenan modificar el registro civil de nacimiento de su representado en el sentido de incluir el nombre escogido por el menor de edad y modificar el sexo femenino por masculino.
 
PROTECCION DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO DE LOS MENORES DE EDAD. La accionante, en representación de un hijo menor de edad, considera que la Notaría demandada vulneró derechos fundamentales de éste, al negarse a modificar su registro civil de nacimiento, para que dé cuenta del nombre y sexo que se ajusta a su verdadera identidad de género. La entidad negó la pretensión, argumentando el incumplimiento de los requisitos previstos en los Decretos 1227 y 1069 de 2015, de la Sentencia T-675/17 y de la Instrucción Administrativa 12 de 2018, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro. La actora refirió que hizo la petición debido a que su hijo nació con una anomalía en la formación de sus genitales que generó: a) que no se estableciera con exactitud su sexo; b) que los médicos determinaran que nació con órganos genitales femeninos y c) que le sugirieran que la registrara como niña y la criara bajo esta identidad de género. La peticionaria siguió las recomendaciones médicas por varios años, hasta le practicaron al menor pruebas genéticas que arrojaron como resultado que sus cromosomas correspondían al sexo masculino. Indica, que el menor rechazó el trato que se le brindaba como mujer, escogió un nombre masculino y le exigió a su familia, amigos e institución educativa que lo trataran de acuerdo a su identidad de género masculina. Se aborda la siguiente temática: 1º. La autonomía de los menores de edad y el reconocimiento de su capacidad para el ejercicio de sus derechos. 2º. El nombre y el sexo como elementos de la personalidad jurídica y su comprensión desde una perspectiva de derechos. Se CONCEDE el amparo solicitado, se ordena a la Notaría demandada que, por escritura pública, protocolice el cambio de nombre y la corrección del sexo que consta en el registro civil de nacimiento del menor referido, de modo tal que coincida con el nombre y el sexo masculino con el cual se identifica. Se imparten otra serie de órdenes para hacer efectivo el goce de las garantías constitucionales amparadas y se hacen unos exhortos al Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil para que presenten iniciativas de proyectos de ley sobre el reconocimiento, desarrollo y protección efectiva de la identidad de género.