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Normativa Reciente

 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DECRETO-LEY 1997 DE 2017

Por el cual se adoptan las medidas para el giro e incorporación de los recursos que sobrepasen el cubrimiento del pasivo pensional territorial y lo relativo a las entidades territoriales con nula o baja incidencia del conflicto armado, a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 361 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 04 de 2017.

 

DECRETO 1996 DE 2017
P
or el cual se modifica el Decreto 1808 de 2017.

 

 

Ministerio de Justicia y del Derecho

 

DECRETO 1983 DE 2017
por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

 

 

Ministerio de Trabajo 

 

DECRETO 2012 DE 2017
P
or el cual se adiciona un Capítulo al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, y se dictan otras disposiciones.

 

DECRETO 2011 DE 2017
Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.

 


Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 

DECRETO 2013 DE 2017
P
or medio del cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en lo relacionado con la vigencia y prórroga de las licencias Urbanísticas.

 


Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

DECRETO 2026 DE 2017
P
or medio del cual se reglamentan los Espacios Territoriales de Capacitación Reincorporación (ETCR), creados mediante el Decreto número 1274 de 2017 y se dictan otras disposiciones.

 

 

 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 

RESOLUCIÓN 3922 DE 2017

Por medio de la cual se reconoce como deuda pública de la nación la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Primera de Decisión, modificada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C a favor de Construcciones El Cóndor S.A. y se ordena su pago mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B.


 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

 

RESOLUCIÓN 0205 DE 2017

Por la cual se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 133 del 22 de agosto de 2017.

 

 

Ministerio de Minas y Energía

 

DECRETO 1949 DE 2017
P
or el cual se modifica y adiciona el Decr

 

Ministerio del Interior

 

DECRETO 1833 DE 2017
P
or el cual se modifica el Decreto número 4690 de 2007, modificado por los Decretos números 0552 de 2012 y 1569 de 2016 “por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados”.

 


Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 

DECRETO 1915 DE 2017

Por el cual se adiciona el Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 al Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.

 


Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

DECRETO 1876 DE 2017
P
or el cual se acepta la renuncia de un miembro del Consejo Asesor del Superintendente de
Industria y Comercio.

 

DECRETO 1875 DE 2017
P
or el cual se adiciona un Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, se crea la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y se adiciona un parágrafo al artículo 2.2.2.38.6.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 

DECRETO 1787 DE 2017
P
or medio del cual se adiciona el Título 7 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, se modifica el artículo 2.5.1.10. del Decreto número 1081 de 2015 y se dictan otras disposiciones.

 

RESOLUCIÓN 3486 DE 2017
Por la cual se autoriza a la Universidad de Antioquia para celebrar una Operación de Manejo de Deuda Pública Interna.


 

Ministerio de Salud y Protección Social

 

RESOLUCIÓN 004373 DE 2017
Por la cual se establecen los términos y condiciones para el desarrollo de la operación de compra de cartera con cargo a los recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendencia Nacional de Salud

 

RESOLUCIÓN 005163 DE 2017
Por medio de la cual se adopta la medida preventiva de Vigilancia Especial a Medimás EPS S.A.S. – Medimás EPS-S S.A.S, identificada con NIT 901.097.473-5.

 

RESOLUCIÓN 004876 DE 2017
Por la cual se da cumplimiento a providencia de 31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba (Exp.: 2017-00334), que ajustó la orden de tutela emitida el 14 de junio de 2017 por dicha Corporación Judicial y se resuelve solicitud de revocatoria directa de la Resolución 2071 de 2017.


Superintendencia de Puertos y Transporte

 

RESOLUCIÓN 53436 DE 2017
Por medio de la cual se adopta el Manual de Gestión de Cartera de la Superintendencia de Puertos y Transporte.


Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

 

RESOLUCIÓN SSPD-20171000204125 DE 2017
Por la cual se establecen los lineamientos para la modificación de la información cargada al Sistema Único de Información (SUI) y se deroga la Resolución SSPD 20121300035485 del 14 de noviembre de 2012.

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIAAC7896/17/ FUERO GENERAL- Aplicación en proceso de custodia y cuidado personal cuando los padres actúan en nombre propio y no en representación del menor de edad. Reiteración de los autos de 27 de febrero de 1997, 30 de abril de 2013 y 7 de septiembre de 2016.

FUERO PRIVATIVO
- Conocimiento exclusivo del juez de domicilio del niño, niña o adolescente cuando éste es sujeto procesal, en procesos donde se reclama su custodia y cuidado personal. Aplicación del numeral 2, inciso 2 del artículo 28 del Código General del Proceso. Reiteración del auto de 18 de diciembre de 2016. Alcance de la expresión “privativo” Reiteración del auto de 2 de octubre de 2013.

HERMENÉUTICA
- Del inciso 2º del numeral 2º del artículo 28 del Código General del Proceso relacionado con la competencia privativa del juez del domicilio o residencia del niño, niña o adolescente cuando es parte en un litigio. Aplicación del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia.

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL
- Cuando se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, la competencia corresponde al lugar de domicilio del menor.

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DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE

- Derecho de la personalidad (c. j.)
- Configuración de la afectación (c. j.)
- Derecho proyectivo (c. j.)
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
- Distinción de la afectación de cada una de las prerrogativas (c. j.)
- Vulneración: las publicaciones en contra del representante a la cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, realizadas por la senadora Claudia Nayibe López Hernández en su cuenta personal de twitter, con las que lo señala de incurrir en actos de corrupción, carecen de una decisión judicial en firme en ese sentido.

- La existencia de investigaciones o sanciones en contra de integrantes de un partido político, no supone el habilitamiento de generalizaciones: aplicación del principio de presunción de inocencia

- El señalamiento en contra del accionante fundado en el parentesco con quien fue investigado y juzgado por delitos conexos a la parapolítica, no sirve como argumento válido para una contienda política

- El señalamiento hecho al accionante no corresponde al ejercicio del control político que predica la accionada

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

- Protección consitucional e internacional reforzada

- La prohibición expresa de la censura no implica que el derecho sea inmune a ciertos límites

- La facultad de la senadora accionada de ejercer control político, debe realizarse evitando hacer juicios de valor que afecte los derechos al buen nombre y a la honra


DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
- Derecho a la rectificación: herramienta de reparación de los derechos fundamentales cuando han sido lesionados por información inexacta o errónea respecto de una persona

- Derecho a la rectificación: debe garantizarse en condiciones de igualdad - requisitos (c. j.)

- Mayor nivel de tolerancia exigible a los funcionarios públicos frente a las críticas

ACCIÓN DE TUTELA
- Negación de extensión de los efectos de la decisión a los integrantes del partido político Centro Democrático

- Deber de denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades planteadas (c. j.)

- Requisitos de procedencia material (c. j.)

- Principios de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial - eficacia de la acción penal

- El juez constitucional no puede calificar si la conducta endilgada a la senadora Claudia Nayibe López Hernández satisface los elementos para adelantar una actuación penal

- Impocedencia de la acción para evitar perjuicios irremediables ante afrentas de derechos fundamentales: omisión del ejercicio de ponderación de los derechos enfrentados

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ORDEN DE CAPTURA EN PROCESO PENAL

Sentencia 00988-01(44616)

Fue sindicado del presunto delito de secuestro y homicidio; se definió su situación jurídica con el decreto de medida de aseguramiento, y para hacer efectiva esta medida, se libró orden de captura que nunca se hizo efectiva, toda vez que el sindicado se dio a la huida. El proceso llegó a la etapa de juicio; fue condenado en primera instancia, y absuelto al ser resuelto el recurso de apelación (…) El daño, considerado como el primer elemento de la responsabilidad, lo hace consistir la parte demandante en la alteración de la tranquilidad, el derecho al sosiego y la imposibilidad de trabajar para procurar su sustento y el de su familia, padecido por Oscar Badillo Barros, en razón a la presunta persecución a la que, dijo, se vio sometido y que lo obligó a ultimar la huida después de ser proferida la orden de captura dentro del proceso penal al que fue vinculado como procesado, por el presunto punible de homicidio en concurso con secuestro no extorsivo, proceso que concluyó con sentencia absolutoria de segunda instancia (…) Empero, estas mismas pruebas no permiten deducir el daño antijurídico. Primero, por cuanto, como se advierte en los hechos de la demanda, una vez proferida la orden de captura en su contra, Oscar Badillo se dispuso a la huida, actitud con la cual se situó voluntariamente al margen del proceso penal, y se sustrajo a la debida colaboración con la justicia para que se aclararan las circunstancias de hecho que condujeron a la sindicación que se le hizo como autor de conductas que tipificarían el delito de homicidio en concurso con secuestro extorsivo. Segundo, porque el solo hecho de que se hubiese adelantado un proceso penal en su contra, per se, no entraña la configuración del daño, teniendo en cuenta que los administrados, todos, en principio, estamos en el deber de soportar las investigaciones judiciales, y en razón a ello, toda persona está expuesta a ser investigada penalmente y la autoridad competente, en el deber de adelantar la investigación cuando ha tenido conocimiento de hechos que lo ameritan. Y tercero, porque carece de todo sustento probatorio la afirmación que se hizo en la demanda en relación con la privación del trabajo y del goce de su núcleo familiar. El actor, a quien correspondía la prueba de los fundamentos de sus pretensiones, no aportó al plenario prueba alguna que permita tener por cierto que laboraba antes de que se iniciara en su contra el proceso penal, y menos aún, que hubiese tenido posteriormente oferta alguna de trabajo durante el tiempo en que estuvo prófugo de la justicia, o que hubiese padecido daño y perjuicio inmaterial por esta causa, pues lo único que obra como prueba en el plenario (…) En este sentido, existe una expresión latina, el onus probandi -carga de la prueba- que a fin de cuentas señala quién está obligado a probar un determinado hecho. En el proceso la carga de la prueba se funda en el interés de la parte, por lo que para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, es éste quien debe acreditarlo; lo que no ocurrió en este caso, pues goza de orfandad probatoria el plenario toda vez que solo se allegó la copia de las providencias proferidas dentro del proceso penal y se recepcionaron dos testimonios que poco o nada aportan para tener por probado el daño antijurídico aducido por la parte demandante. Así las cosas, en el caso concreto que ahora se examina se torna, en consecuencia, estéril cualquier examen acerca de la imputación, porque no se probó el primer elemento de la responsabilidad -el daño antijurídico- que permitiera hacer un juicio de responsabilidad al Estado.

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REUBICACIÓN DE SOLDADOS RETIRADOS DEL SERVICIO POR PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL INFERIOR AL 50%.

T-652/17 / En el ejercicio de actividades laborales el actor fue víctima de un artefacto explosivo que le generó una pérdida de capacidad laboral del 31.98% . No obstante lo anterior, continuó en el Ejército desempeñándose en el cargo de auxiliar judicial. La Junta Médico Laboral lo declaró no apto para la actividad militar y tampoco recomendó su reubicación. Se solicita al juez de tutela ordenar el reintegro del peticionario en el área administrativa de la entidad, en actividades que pueda desempeñar de acuerdo a sus habilidades, destrezas y formación académica. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de reintegro de una persona en situación de discapacidad y, 2º. La línea jurisprudencial en materia de reubicación de un soldado que es retirado del servicio por una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%.

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